Tras los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres intervino en el Consejo de Seguridad. Tras condenar las atrocidades cometidas por el grupo islamista, donde alrededor de 1400 personas fueron asesinadas y otras 250 secuestradas, Guterres dijo:
Los ataques de Hamás no han salido de la nada. Los palestinos viven una ocupación sofocante desde hace 56 años, su tierra ha sido devorada poco a poco por asentamientos, y sus esperanzas de una solución política se han desvanecido, pero sus reivindicaciones no pueden justificar los ataques de Hamás ni el castigo colectivo a la población palestina”.
Su intervención causó mucho malestar en la delegación israelí. El embajador de Israel ante la ONU, Eli Cohen, exigió su dimisión e incluso le acusaron de justificar a Hamás, además de negar los visados al personal de la ONU como represalia.
El conflicto en Gaza no para de empeorar. La cifra muertos ya supera los 10.000 asesinados por los bombardeos israelíes desde el 7 de octubre donde cerca del 50% de las víctimas son niños. 1.5 millones de personas se han tenido que movilizar al sur de la Franja ante la amenaza y la destrucción de los bombardeos. Israel lleva semanas incentivando a los pobladores de Gaza que huyan al sur para evitar ser víctimas de su campaña militar. Mientras la represión crece, Israel bombardea el sur de la Franja, la supuesta zona donde había que desplazarse para evitar los bombardeos del norte de la Franja.
No callar ante la barbarie
A pesar de que difícilmente encontremos un medio de información masivo que mencione las palabras “limpieza étnica” o “genocidio” cuando emiten en sus noticieros la campaña militar israelí en Gaza, es fundamental levantar la voz y responder ante lo que representa un genocidio al pueblo palestino. No podemos seguir callando a lo que constituye un crimen contra la humanidad. Y tampoco debemos aceptar la lógica de los que controlan el relato cuando se nos impone ese silencio ante los muertos del otro bando y su nefasta respuesta que dan ante los miles de asesinados “atrapados en el fuego cruzado”. Israel está ejecutando un castigo colectivo contra el pueblo palestino.
“Estamos luchando contra animales”, dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant para justificar el asedio total de Gaza a través de un bloqueo total de alimentos, agua, electricidad y combustible. El castigo colectivo al que se somete a los palestinos constituye un crimen de guerra, tal como lo menciona la convención de Ginebra, la cual rige las reglas de la guerra y regulan el comportamiento de las partes beligerantes, pero, sobre todo, su intención principal es proteger a la población civil.
Gaza es un territorio que no se asemeja con ningún otro. Vive un bloqueo total desde el año 2006, año en el cual Hamás tomó el poder político de la Franja. Sus habitantes malviven en un área de 350 km. Tiene una de las mayores densidades poblacionales del mundo. Su tasa de desempleo rondaba el 40%, y su dependencia a la ayuda humanitaria era completa previo al 7 de octubre. Ahora mismo los 700 vehículos que han entrado a la Franja suponen un 11% de los suministros que ingresaban antes de la nueva etapa del conflicto. Antes del 7 de octubre entraban a Gaza unos 100 camiones de ayuda humanitaria al día. Este significante cambio implica prácticamente una sentencia de muerte para los habitantes de la Franja ya que las posibilidades de conseguir raciones mínimas de agua y alimentos son casi inexistentes.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, afirmó en días recientes que la ayuda que llega a la Franja es “escasa y con un alcance geográfico muy limitado”. Incluso Turk ha insistido que Israel debe garantizar, dado a su condición de potencia ocupante, que la ayuda humanitaria ingrese a la Franja ante a la enorme vulnerabilidad de sus pobladores.
Impedir el ingreso de ayuda humanitaria puede constituir un delito de guerra de acuerdo con el derecho internacional. En un conflicto armado las partes beligerantes, o en este caso la potencia ocupante Israel, debe garantizar que la población civil reciba alimentos, agua y suministros médicos.
El desafío del ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja no acaba una vez los camiones ingresan dentro de territorio gazatí. La falta de un acuerdo de alto el fuego ha imposibilitado que la distribución de ayuda sea hecha de una forma segura. En más de un mes de conflicto cerca de 100 trabajadores de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) han muerto en Gaza, marcando un récord de trabajadores de Naciones Unidas asesinados en un conflicto. A esto también se suma la muerte de más de 200 miembros del personal sanitario y trabajadores de protección civil han perdido la vida en Gaza como consecuencia de la campaña de bombardeos, que ha destruido 16 de los 36 hospitales de la Franja, y 51 de las 72 clínicas registradas.
Ante las atrocidades cometidas por Hamás a las que el Estado de Israel ha respondido con una campaña militar de castigo colectivo contra Gaza, no debemos caer ante cualquier tentación que disfrace las acciones de Israel como un derecho de legítima defensa. La barbarie de Gaza no puede justificar lo injustificable. La intención de destruir a Hamás no puede suponer un pretexto para bombardear a la población civil, hospitales, escuelas o incluso utilizar campañas del miedo incentivando el uso de armas nucleares para resolver el conflicto.
Israel puede que destruya en gran proporción las capacidades militares de Hamás. Pero olvida —o simplemente rehúye de la idea— que la indiscriminada campaña militar contra Gaza supone el fortalecimiento del ideal de Hamás. La lógica de la guerra y sus efectos destructivos son el caldo de cultivo para el odio y el resentimiento. Israel se ha convertido en una maquinaria para generar a los nuevos milicianos del mañana.
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