Fiscal general indicó que fue evidente cómo no funcionaron los controles del banco y lamentó que las autoridades de la empresa pública no denunciaran los hechos de manera inmediata.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó a una mujer, de apellidos Herrera Cantillo, como la novena imputada por la pérdida de 3200 millones de colones de las bóvedas del Banco Nacional, sin embargo ella no fue detenida por tener una participación menor en los hechos investigados.

Adicionalmente, la FAPTA anunció que, entre tarde y noche de este miércoles, tomará la declaración indagatoria a ocho personas detenidas este 8 de noviembre, como sospechosas de participar en el caso.

Posterior a esa diligencia, el despacho valorará la supuesta participación de cada una de ellas, a efectos de solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, los ochos detenidos son: el Tesorero de Procesamiento de Efectivo de la entidad bancaria, de apellido Olivas Valle; el Jefe de Tesorería, de apellido Madrigal Faerron; dos supervisores de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Blanco Oviedo y Ramírez Sandí; el supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo, apellidado Ugalde Morales; un contador de apellido Hernández Saborío; la autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo, una mujer de apellido Cerdas Méndez; y un oficial de Seguridad de apellido Bolaños Zúñiga.

A estos funcionarios se les investiga por los delitos de legitimación de capitales, de facilitación de sustracción de dinero, peculado, incumplimiento de deberes, entre otros. A su vez, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó celulares, colillas de depósitos y otros documentos, como parte de la investigación.

A los imputados detenidos se les aprehendió esta mañana, tras 11 allanamientos en casas particulares, ubicadas en Guadalupe y en Moravia, y en oficinas de la entidad bancaria. Se trató de un operativo que empezó a las 8:00 a.m. y que contó con la presencia de fiscales, investigadores y jueces que son parte del caso.

El Ministerio Público indicó que la investigación de la causa 23-000369-1218-PE inició de oficio el 24 de octubre anterior, luego de conocerse noticias en la prensa, respecto a la desaparición del dinero.

Horas después, fiscales especializados en materia de corrupción realizaron entrevistas a testigos e inspecciones oculares en la Administración del Numerario, oficina de la entidad bancaria donde se encuentra el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE). Ese despacho es el encargado de procesar y tramitar el dinero en efectivo que ingresa al banco.

Según comentó el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, esta mañana en conferencia de prensa, el funcionario de apellido Olivas habría robado los dineros, ante la omisión de otros colaboradores de la institución, pues se valió de un punto ciego de la cámara de vigilancia de la bóveda para tomar los billetes y guardarlos en sobres de manila que luego sacó de la sucursal bancaria.

Según indicó en la conferencia el director del OIJ, Randall Zúñiga López:

Ese dinero no se cierra, queda ahí en una caja fuerte bastante grande y no se generan los controles por parte de las otras personas que forman parte del mecanismo de control de dinero del Banco Nacional. Hay involucrados custodios, contadores y supervisores. A nivel de sistema toda calza y todo coincide, pero a nivel físico el dinero sí falta".

Zúñiga agregó que durante los últimos cuatro años a Olivas no se le ha fiscalizado adecuadamente, por lo que ahora se deberán revisar los años previos para ver durante cuánto tiempo se ha estado cometiendo este delito.

Sin embargo, el OIJ y el Ministerio Público sí confirmaron tener prueba de que se dieron, por lo menos, 10 sustracciones de dinero.

Finalmente, las autoridades señalaron que a la operación se denomina "Gallo Tapado" porque Olivas gastaba hasta 15 millones en jugar lotería y juegos de azar como tiempos, chances, lotería nacional, 3 monazos y otros, por los que llegó a gastar entre ¢100.000 y ¢3 millones de colones diarios.

Diaz Sánchez fue enfático en señalar que fue evidente cómo no funcionaron los controles del banco y lamentó que las autoridades de la empresa pública no denunciaran los hechos de manera inmediata, el 3 de octubre, cuando se conoció el faltante de los millones de colones.

A criterio del jefe del Ministerio Público, en cualquier caso presuntamente delictivo, cuanto más se tarde en alertar a las autoridades judiciales, más difícil será recuperar evidencia que permita a la institución establecer la existencia de un ilícito.