Personas encuestadas consideran que la práctica “arrastra la diversidad marina” y “destruye el ecosistema y las especies”.

La mayor parte de la ciudadanía de Costa Rica rechaza la técnica denominada pesca de arrastre para la captura de especies de camarón en aguas profundas, de acuerdo con los resultados de la encuesta Percepción sobre las islas en Costa Rica y las condiciones de vida de sus pobladores realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA).

Dato D+: La encuesta se realizó el 1ero, 2 y del  4 al 9 de septiembre 2023 a un total de 1448 personas de 18 años o más, costarricenses o extranjeras con más de un año de vivir en el país, por medio de llamada a teléfono celular. El estudio tiene un ±2,6% de margen de error para un intervalo de confianza del 95%.

Según los resultados de la encuesta, aproximadamente, nueve de cada 10 personas (91,3%) manifestó estar en desacuerdo con la implementación de la pesca de arrastre, y solo un 8,7% dijo estar a favor.

Razones como “arrastra la diversidad marina” y “destruye el ecosistema y las especies” representan, conjuntamente, el 70% de los argumentos en contra de esta práctica, que en el 2013 fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional, al no establecerse un criterio científico que asegurara la sostenibilidad de esta técnica.

En 2020 la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto para legalizar la práctica nuevamente, sin embargo el entonces presidente Carlos Alvarado Quesada vetó la ley, dejándola sin efecto.

Posteriormente en el presente año, el Gobierno Chaves Robles impulsó nuevos estudios de pesca de arrastre, sin embargo, tras múltiples cuestionamientos, el pasado 15 de noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró con lugar una medida cautelar que presentó la fundación MarViva contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), con la que se detuvo dicho estudio.

En el estudio del Idespo-UNA la extinción de especies, la falta de regulación y la predilección por técnicas más artesanales son otras razones esgrimidas por las personas consultadas para rechazar la pesca de arrastre. Además, siete de cada diez personas entrevistadas manifestaron saber en qué consiste la pesca de arrastre; sin embargo, un 42,3% vincula esta práctica con la captura de pescado, mientras que el 39% señala que el objetivo es la pesca de camarón.

La encuesta menciona sendas conclusiones de estudios que determinan que:

La pesca de arrastre del camarón genera un impacto ecológico relevante, pues captura de manera incidental otras especies pequeñas con o sin valor comercial, tortugas marinas, cangrejos, tiburones, mantarrayas, con consecuencias negativas para los ecosistemas y otros organismos de los fondos marinos”.

Inadecuada administración de los mares y costas

El informe de la UNA también reveló que un 67,9% de los encuestados manifestó que el Estado costarricense no administra de manera adecuada sus mares y costas, a pesar de que Costa Rica cuenta con una Política Nacional del Mar (2013-2028) y una Comisión Nacional Marina (CONAMAR).

El estudio señaló que la Política Nacional del Mar identificó como su problema principal la gestión descoordinada de los espacios marinos y costeros a partir de una visión parcial y fragmentada, que no volara la gran importancia del mar para el desarrollo del país y de sus comunidades costeras.

Costa Rica posee 450 kilómetros de costa en el Océano Pacífico y 200 kilómetros en el Mar Caribe, donde se sitúan un total de 816 comunidades en altos niveles de vulnerabilidad social. Además, posee 590.000 kilómetros cuadrados de mar mediante la ampliación de su zona económica exclusiva por la existencia de la Isla del Coco en el Océano Pacífico.

Estos dos criterios (entre otros), son a juicio de los investigadores razones contundentes por las cuales el Estado debería contar con política pública integral para una adecuada gestión social, ambiental y económica de las costas y mares en el contexto de cambio climático en que se encuentra el planeta.

La administración Chaves Robles desistió de nombrar a algún jerarca para el viceministerio de Aguas y Mares, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, y tampoco se identificó algún sector dedicado a la atención de la agenda marina y costera costarricense dentro de la organización del Poder Ejecutivo.

Entre otros resultados, la encuesta resaltó que para la mitad de la población el principal uso que se le debe dar a las islas es la de conservación natural, como ocurre hoy con la Isla del Coco o la Isla San Lucas, mientras que para un 31,8% de los ciudadanos deberían destinarse al desarrollo turístico rural comunitario.

El Idespo destacó que donde sí existe mayor confusión en las percepciones ciudadanas es en cuanto a la valoración de si los territorios de las islas pertenecen a sus habitantes. Para un 45,7% de la muestra sus pobladores sí son los dueños, versus un 54,3% que opina lo contrario.

En este punto, el estudio, basado en dictámenes de la Procuraduría General de la República, destaca que la legislación vigente establece que ninguna persona pueda apropiarse de terrenos dentro de las islas de Costa Rica, y que la única figura legal a la que se puede recurrir para tener dominio sobre ellas es a través de una concesión.

A pesar de ello, para un 73,8% de las personas sí existen limitaciones para que una persona pueda ser dueña de un terreno en una isla. Limitaciones de recursos económicos, restricciones legales o administrativas, falta de apoyo institucional y desconocimiento sobre los trámites que se deben realizar, fueron las principales razones indicadas.

En lo que sí existe una concordancia del 98,9% es en la opinión de que en las islas debe garantizarse el derecho al acceso a servicios básicos, en referencia a la red vial, aseo de vías, recolección y tratamiento de residuos, agua potable, electricidad, educación, salud, seguridad y telecomunicaciones.

Finalmente, los resultados determinaron que de la más de 100 islas en el territorio nacional, las que más conocen las personas son: Isla del Coco (26,9%), Isla San Lucas (15,1%), Isla Chira (15%), Isla Tortuga (10,3%), Isla Venado (8,4%) e Isla Uvita (6,2%).