Comisión de Derechos Humanos aprobó un texto sustitutivo y lo dictaminó favorablemente de forma unánime.
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa dio un dictamen afirmativo unánime al proyecto de ley (expediente 23.281) que pretende autorizar a las parejas que tengan hijos definir el orden en que sus hijos o hijas usarán sus apellidos.
Al proyecto, originalmente presentado por el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, se le aprobó una moción de texto sustitutivo propuesta por la subcomisión que estudió el texto y acogida por toda la comisión. Según indica el texto dictaminado el orden de los apellidos que se use para la primera inscripción de nacimiento o adopción determinará el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos y adopciones.
Dato D+: La subcomisión que estudió el proyecto estuvo conformada por el diputado Ortega junto a la diputada Montserrat Ruiz Guevara (PLN) y el diputado Jorge Dengo Rosabal (PLP).
El proyecto de ley incluye un transitorio que habilita un año desde que la ley empiece a regir para que las personas progenitoras que lo deseen puedan cambiar el orden de los apellidos de sus hijos e hijas menores de edad que ya están inscritas.
Adicionalmente, también se habilitaría un plazo de un año para que las personas mayores de edad puedan cambiar el orden de sus apellidos, siempre y cuando no tengan hermanos o hermanas, o que todas las personas que comparten ambos apellidos estén de acuerdo con realizar el cambio. El texto dictaminado establece que esta ley empezaría a regir dos años después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Este proyecto fue consultado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). El PANI, Conai e Inamu se manifestaron a favor del proyecto, mientras que el TSE sugirió una serie de recomendaciones para no afectar el proceso de inscripción de los nuevos nacimientos en los hospitales, y la Defensoría no objetó el texto.
El proyecto pasará ahora al Plenario Legislativo, donde antes de su primer debate puede todavía ser modificado por cualquier congresista vía mociones de fondo, las cuales, en caso de ser presentadas, serían conocidas por la propia Comisión de Derechos Humanos. A partir de este primero de noviembre y hasta el 31 de enero del 2024 el proyecto podrá continuar su trámite legislativo solo si es convocado por el Poder Ejecutivo para el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la actual legislatura.
