El Plenario de la Asamblea Legislativa conoció y rechazó este lunes las 10 mociones de reiteración presentadas por el diputado Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio que, con el apoyo del oficialismo, pretendían cambios solicitados por el Ministerio de Hacienda al proyecto de ley para excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea bajo pena que de no hacerlo recomendarían el veto de la iniciativa al presidente de la República.
El principal punto de discordia del proyecto es la intención de la mayoría de la oposición de dejar plasmado en la ley un texto que revertiría la luz verde que ha tenido el Ministerio de Hacienda para cobrar Impuesto sobre la Renta sobre inversiones hechas en el exterior, luego de resoluciones de la Sala Primera y Sala Constitucional que reconfirmaban la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal y otros de más bajo rango, y que afectan principalmente a bancos o grandes empresas costarricenses.
Hacienda señaló que si esa redacción no es modificada, de modo que se mantenga el criterio que ha venido usando en los últimos años y que ya tiene visto bueno del Alto Tribunal Constitucional vetarán el proyecto, el cual debe entrar a regir como Ley de la República a más tardar el 8 de septiembre pues caso contrario Costa Rica seguirá incluida en la lista de paraísos fiscales de la UE, mal llamada "lista negra", pues durante la administración anterior incumplió los plazos pactados con esa entidad para hacer las enmiendas necesarias y no pasar de la lista gris a la que ahora nos encontramos.
Sin embargo, previamente las bancadas de la Unidad Social Cristiana, Nueva República, Liberación Nacional y Liberal Progresista llevaron a cabo una conferencia de prensa en las afueras del Plenario donde dejaron claro que no apoyarían ninguna de las mociones de reiteración presentadas por el Frente Amplio y apoyadas por el oficialismo, y que si el país continuaba en la lista de paraísos fiscales de la UE sería "responsabilidad" exclusiva del ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen.
Y bajo ese escenario, las 10 propuestas de cambio al proyecto fueron rechazadas una y dos veces, al fracasar todas las mociones de revisión presentadas. La sesión del Plenario terminó cuando las 20 mociones fueron conocidas, de modo que será este martes que se dé la discusión y votación de primer debate para que el voto final se dé el 7 de septiembre, un día antes del plazo fatal.
Mientras que Hacienda tiene un ultimátum sobre este proyecto de ley, la oposición mantiene el suyo respecto al proyecto para rebajar el marchamo pues durante la tercera reunión sobre este tema sostenida este lunes entre Hacienda y las jefaturas de fracción, no hubo acuerdo alguno.
Según reveló el jefe del Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig Mintz, los personeros de Hacienda llegaron sin una contrapropuesta y en su lugar expusieron datos proyectados sobre el impacto fiscal de la iniciativa, los cuales pusieron en duda pues estos señalan que esperan un aumento en la recaudación del impuesto del 25% cuando el año pasado fue de apenas un 0,9%.
Después de una reunión de más de dos horas en la que se dedicaron a explicar el modelo econométrico que ellos utilizan no pudieron aclarar ni siquiera las dudas más básicas que tenemos los diputados como por ejemplo que ese modelo pronostica una recaudación del impuesto a la propiedad de los vehículos que este año crecería en 42 mil millones de colones solo en lo que respecta a vehículos privados y eso representa un aumento del 25% cuando el año pasado ese impuesto, la recaudación apenas creció un 0.9%. No lograron explicar esa discrepancia lo cual nos hace dudar de la validez del modelo que ellos utilizan y por lo tanto no aceptamos como válida la estimación que ellos hacen de la recaudación que se perdería con el proyecto de ley del Marchamo.
Feinzaig agregó que Hacienda se comprometió nuevamente a enviar una contrapropuesta, aunque le dejaron claro que el plazo fatal expira el jueves, día en que el proyecto "quemará" su primera oportunidad para presentar mociones de fondo que deberán ser estudiadas en la comisión dictaminadora.
Breves
— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate por segunda vez el expediente 22.836 "Reforma al Código Procesal Penal, Ley N° 7594".
— Jorge Leiva Poveda fue juramentado este lunes como magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
— El canciller Arnoldo André Tinoco calificó de "exagerado" el allanamiento que realizó la Fiscalía General de la República a su bufete el pasado mes de agosto con motivo de la investigación por la estructura paralela de financiamiento en la campaña de Rodrigo Chaves. Asimismo André confirmó que extranjeros y personas jurídicas hicieron aportes al fideicomiso Costa Rica Próspera y aunque negó ser la persona que lo administraba pues no gestionaba, decidía, contrataba o despedía en el fideicomiso, se vio comprometido luego que el diputado Ariel Robles Barrantes le mostrara la carta de despido de una funcionaria del call center que el fideicomiso operó a favor de la campaña de Chaves, donde era él quien informaba del cese de funciones de dicha persona.
— Diputados del PUSC, PLN, PLP, FA y NR presentaron una moción para crear una comisión especial investigadora de las contrataciones relacionadas con publicidad y empresas de medios alternativos y medios tradicionales, así como personas físicas donde se encuentra relacionado el BCIE, el SINART, la agencia de publicidad del SINART y las diversas instituciones del Estado que han hecho contratación con dicha agencia.
— El Frente Amplio anunció su intención de presentar una moción de interpelación a la ministra de Educación, Anna Katherine Müller Castro por los resultados del más reciente Informe del Estado de la Educación.
