Contraloría advirtió que Ciudad Gobierno no se puede ejecutar bajo modalidad anunciada por el Ejecutivo.
El Gobierno solicitó una reunión con la Contraloría General de la Republica (CGR) tras la advertencia de ilegalidades en el proyecto de Ciudad Gobierno.
En un comunicado de prensa, el Poder Ejecutivo indicó que los ministros de Planificación Nacional y Política Económica y de Hacienda, Laura Fernández Delgado y Nogui Acosta Jáen, respectivamente, buscan coordinar una sesión de trabajo con el ente contralor para "explicar directamente los alcances y beneficios del proyecto, así como el marco de legalidad que respalda al mismo".
Agregaron que ambos jerarcas presentaron, el 7 de setiembre, un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR.
En la petitoria solicitaron que reconsideren "parcialmente la advertencia relacionada con el trámite del proyecto Ciudad Gobierno”.
La Contraloría advirtió que “no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración, siendo lo procedente someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley”.
Sobre este punto, los miembros de la Administración Chaves Robles pidieron que se amplíe o modifique esa opinión. Fernández Delgado indicó:
Buscamos un serio y profundo acercamiento con la Contraloría y sus jerarcas para explicar que lo que estamos desarrollando es de beneficio para todos los costarricenses y se formula en estricto apego a la normativa nacional en materia de contratación pública. En la formulación de Ciudad Gobierno hemos estudiado antecedentes nacionales de proyectos de obra pública desarrollados con modelos similares".
¿Qué dice la Contraloría?
Además de lo señalado, la advertencia de la Contraloría se da como parte de una investigación por una denuncia relacionada con el financiamiento del proyecto Ciudad Gobierno, y recuerda que para este proyecto lo que procede es “someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley; debiendo garantizar durante toda la contratación el cumplimiento del principio de transparencia, de manera que los actos que se emitan sean accesibles de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada”.
Dato D+: el artículo 67 de la LGCP se trata de un procedimiento especial para que la Administración efectúe el arrendamiento o la compra de bienes inmuebles, siempre que se presenten una serie de supuestos, a partir de los cuales la promoción de un procedimiento ordinario de contratación no resulte ser la mejor vía para solventar una necesidad latente.
El pasado 22 de noviembre el presidente, Rodrigo Chaves Robles, anunció en conferencia de prensa que el proyecto de Ciudad Gobierno se realizaría utilizando un modelo financiero tipo Construir, Arrendar, Transferir (BLT, por sus siglas en inglés), con el BCIE. Este modelo incluye una gestión que reconoce a favor del Estado las rentas resultantes del proceso.
Sin embargo, la advertencia hecha por la Contraloría aclara que es imposible ese tipo de modalidad ya que este proyecto “pretende ser desarrollado en terrenos que son propiedad del Estado, donde el BCIE sería el encargado de diseñar, financiar, construir, alquilar, mantener y luego transferir al Gobierno de Costa Rica, los edificios del proyecto Ciudad Gobierno”, por lo que la modalidad anunciada por el Ejecutivo sería improcedente en este caso.
En el documento, la CGR agregó que el expediente del Proyecto “Ciudad Gobierno” debe de documentar de manera completa las gestiones institucionales realizadas en torno al mismo, incluyendo “todos los documentos que se generen en el trámite de la respectiva contratación”, sin embargo, en el expediente que la administración envío a revisión de la Contraloría “consta escasa e incompleta documentación, en la que no se ubican los análisis que dan sustento a las decisiones técnicas y jurídicas tomadas hasta el momento”.
El documento de la Contraloría señala que en el expediente de Ciudad Gobierno “ni siquiera se incluyen los oficios MIDEPLAN-DM-OF-1309-2023 y MH-DGT-OF-0413-2023, los cuales fueron compartidos a la Contraloría por el propio Ministerio de Hacienda; así como el estudio de factibilidad del proyecto y las solicitudes efectuadas a SETENA y el MIVAH para obtener la viabilidad ambiental y el aval técnico de las guías de diseño, programación y requerimientos de necesidades”.
La iniciativa del Gobierno pretende concentrar al menos 35 instituciones públicas, que tendrían aproximadamente 10 mil funcionarios en cinco edificios en Plaza Víquez y tendría un costo que rondaría $450 millones.
