La Fiscalía General de la República confirmó haber ordenado el secuestro de las bitácoras de entradas a la Casa Presidencial a raíz de una investigación penal en curso en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Este miércoles por la tarde el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives hizo llegar a la prensa un vídeo en el que señalaba que el Ministerio Público le notificó a la Presidencia de un secuestro de información:
En los últimos minutos hemos sido notificados por parte de la Fiscalía General de la República de un secuestro de información sobre una causa en la que es investigado el presidente de la República. (...) Voluntariamente, nosotros vamos a presentar en las próximas horas a la Fiscalía los documentos requeridos, que son las bitácoras de ingreso a la Presidencia de la República y con gusto vamos a seguir colaborando con el Poder Judicial en cualquier otro tipo de información que requiera para sus diligencias.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó pasadas las 7 de la noche de este miércoles que la Fiscalía General ordenó el secuestro de documentos en la Casa Presidencial, pero que delegó la realización del mismo en agentes del Organismo de Investigación Judicial.
Dicho secuestro no es sinónimo de allanamiento, por lo que no fue necesaria la presencia del Fiscal General. La diligencia pretende obtener registros de una bitácora de entrada a esa instancia, en un período determinado, para incorporar esa prueba documental en el expediente 23-000056-033-PE. En esa causa se investiga el presunto delito de tráfico de influencias.
Las declaraciones del ministro de Comunicación generaron dudas respecto a si la Fiscalía había alertado de previo a la Presidencia sobre el secuestro de documentos pretendido, sin embargo, la oficina de prensa de la Corte afirmó que la diligencia solicitada al OIJ fue llevada a cabo esta misma mañana y que para obtener detalles relacionados con su ejecución era necesario consultar a la policía judicial, la cual indicó recibirá consultas hasta este jueves a las 7:30 a.m.
La causa por la cual la Fiscalía ordenó al OIJ secuestrar el registro de entradas a la Casa Presidencial se originó a raíz de la denuncia que el presidente de la Corporación BCT y de la junta directiva del diario digital CRHoy.com, Leonel Baruch Goldberg, interpuso en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, del asesor presidencial y actual Jefe de Despacho de Presidencia, Gabriel Aguilar Vargas; de los ministros de la Condición de la Mujer, Adilia Caravaca Zúñiga y Comunicación; Jorge Rodríguez Vives; y de su esposa, Yafit Ohana Beladel.
La denuncia surgió luego que la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, denunciara un interés indebido de la Presidencia de la República en los hijos de Baruch y de que se conociera que la esposa del empresario visitó por lo menos en seis ocasiones la Casa Presidencial.
Según indicó la representación de Baruch en un comunicado de prensa en aquella ocasión:
Con el único propósito de proteger a sus hijos menores de edad, Leonel Baruch ha mantenido total reserva frente a las sospechas de abusos del Presidente junto con la Señora Ohana, de haber ejecutado actos en claro perjuicio de sus hijos. Dado que ya los desafortunados hechos han resultado públicos, y han dejado de ser una presunción para quedar demostrados como ciertos, no queda otra alternativa que las acciones legales emprendidas hoy contra el Presidente de la República y demás participantes en semejantes acciones, guardando la confianza y respeto en la institucionalidad judicial del país.
La denuncia señala la existencia de una relación directa entre el TikTok que desencadenó la denuncia de Hacienda contra el empresario por el presunto "megacaso" de evasión fiscal y la propia esposa de Baruch, pues en el comunicado se acusa a Ohana Beladel de una "contribución con la Presidencia de la República, para la elaboración del contenido del Tik Tok que sirvió de base para la acusación del falso mega-caso".
El comunicado agrega que:
En aparente 'pago' por los servicios brindados por la Señora Ohana a la Presidencia, el Presidente Chaves incurre en actos propios de tráfico de influencias, penado por el Artículo 52 de la Ley contra la corrupción.
Como presunto tráfico de influencias, Baruch denunció una supuesta presión indebida a la expresidenta del PANI y exministra de la Niñez para que actuase en favor de Ohana en un caso competencia del Patronato; al tiempo que denunció también a la ministra Caravaca por una coadyuvancia "a favor de la Señora Ohana en un caso de falsa violencia doméstica, así como en el expediente de la demanda de divorcio planteada por Leonel Baruch contra la Señora Ohana hace más de 5 años".
La coadyuvancia coincide en tiempo con las acciones solicitadas al PANI y las múltiples visitas de la Señora Ohana a la Presidencia. Dichas acciones del INAMU constan en las actas de la institución, sin que se consignen las razones de semejantes acciones, salvo la supuesta beligerancia de crhoy.com para con la institución y el Gobierno.
Baruch acusó a su esposa, de quien señala estar separado desde hace 5 años, de haber "manipulado el sistema judicial, con la evidente complicidad del Presidente de la República y sus subalternos, pues los hechos que hoy se denuncian así lo evidencian, manipulando a la administración de justicia sobre una falsa violencia doméstica".
