El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles crear una comisión especial dedicada a investigar las contrataciones de publicidad a medios alternativos, tradicionales y personas físicas donde se encuentren relacionados el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y su agencia de publicidad (RTN Publicidad), así como las diversas instituciones del Estado que han hecho contratación con dicha agencia.
La moción no fue sometida a votación el martes por causas que no están claras, lo que generó especulación sobre aparentes presiones para que el foro investigativo no fuera creado, reforzadas por el hecho de que el diputado de la Unidad Social Cristiana, Leslye Bojorges León retiró su firma de la moción de consenso y señaló que no era necesaria una comisión más pues la "comisionitis" estaba impidiéndole al Congreso aprobar legislación.
Finalmente, solo Bojorges votó en contra de la creación de la comisión, la cual estará integrada por siete miembros: dos de Liberación Nacional, y uno por cada otro de los partidos políticos representados en el Congreso, y que deberá rendir su informe -en primera instancia- el 24 de noviembre próximo, sin perjuicio de eventuales prórrogas que le dé el Plenario.
Como fundamento para abrir la comisión especial la moción señaló que durante el primer año de la administración Chaves Robles, se ha alertado sobre manejos irregulares de fondos públicos en la contratación de empresas pertenecientes a asesores de la Presidencia de la República, y que la Fiscalía General tiene abiertas investigaciones por delitos de tráfico de influencias en el Poder Ejecutivo por diferentes contrataciones públicas directas o asesorías del Gobierno, así como las pesquisas que también tiene la Contraloría General de la República respecto a posibles nulidades en dichas contrataciones.
"De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias y/o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión a los funcionarios públicos que influyeron para obtener beneficios económicos en dichas licitaciones, o bien, a los funcionarios públicos que omitieron denunciar las prohibiciones de contratar por parte de asesorías de Casa Presidencial con el Estado", resalta la moción aprobada.
La comisión también fue creada en vista del posible abuso del mecanismo de excepción establecido en la ley para que la agencia del Sinart adquiera los recursos para el manejo de la pauta de las instituciones públicas.
"Se requiere determinar el manejo correcto o no de fondos públicos por más de 8000 millones de colones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos a SINART mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios y normas jurídicas correspondientes. Se debe investigar también la forma en que se coloca la publicidad en detrimento del interés general y a quien se contrata servicios de mercadeo", agrega el texto.
Vanessa de Paul Castro, diputada del PUSC y principal impulsora de la creación de la comisión, resaltó la necesidad de investigar: "esos contratos implican el dinero de los costarricenses, 8000 millones de colones, casi 300 mil pensiones o mil bonos de vivienda... 8000 millones que hay que dilucidar si están bien invertidos o no".
Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, dijo que celebraban la aprobación de la moción porque usarían la comisión para "explicarle a los costarricenses cómo es que 4 medios de comunicación concentran 13 mil millones de colones en publicidad; 9 millones de colones diarios, dejando por fuera más de 200 medios de comunicación que tienen que luchar para sobrevivir".
Breves
— La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 23.660 "Aprobación del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través de la Modalidad del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF)", recursos por hasta 710 millones de dólares con un plazo de gracia de 10.5 años y 9.5 años de amortización, con una tasa de interés anual conformada por la tasa de interés de los Derechos especiales de giro del FMI (actualmente en 2,82%) más un margen fijo de 0,95%. De previo se aprobó una moción para destinar 10% de esos recursos a abonar a la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.
— El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco señaló a Colombia como el responsable directo de que la llegada de migrantes a Paso Canoas, en la zona sur del país, se dé en flujos que el país no puede manejar eficazmente. Durante su audiencia en la Comisión de Hacendarios, André adelantó que Costa Rica impondrá requisito de visa a las personas que provengan de Honduras y que valorará pedirle a la Asamblea Legislativa 'denunciar' algunos convenios internacionales sobre los cuales no se obtenga mayor rédito, tales como los tratados contra las armas químicas o contra la proliferación nuclear.
— El Plenario continuó el trámite de mociones de revisión al proyecto de ley para permitir que los generadores eléctricos exporten su producción al mercado regional. Pese a que oficialismo y oposición (excepto el FA) votan a favor de hacer esas mociones, sus diputados insistentemente rompen el quórum del Plenario, lo que impide avanzar en el conocimiento de las mociones. (¡Este es un llamado desesperado para que detengan el sinsentido de convocar a extraordinarias dedicadas única y exclusivamente a estar rompiendo el quórum!)
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 23342 "Ley de vivienda productiva" que busca dotar de fuentes de financiamiento empresarial a las familias que aspiren a participar en los diferentes sistemas para obtener un lugar habitacional. El proyecto es una iniciativa de la diputada María Marta Carballo y tiene como fin crear una política pública habitacional que combine la vivienda como un espacio mixto destinado a diversas actividades productivas, con el fin de que se constituyan nuevas empresas en el territorio nacional y a la vez dotar de una vivienda digna a quienes lo necesitan.
— Los oficiales de Seguridad de la Asamblea Legislativa amenazaron con no trabajar jornadas ampliadas dado que las más de 3000 horas extra que trabajaron en julio, agosto y setiembre no les han sido pagadas. Karla Granados, Directora Ejecutiva del Congreso dijo en un comunicado de prensa que ante propuesta presentada por el Departamento Financiero, la Administración aprobó una modificación presupuestaria para hacer frente al compromiso correspondiente al pago de tiempo extraordinario, la cual se encuentra en este momento en trámite por parte del Ministerio de Hacienda.
En ese sentido la Dirección Ejecutiva se encuentra gestionando con ese Ministerio una colaboración para que, a la brevedad posible, se apruebe y publique el decreto correspondiente, a fin de que el pago de tiempo extraordinario de julio 2023 se vea reflejado en el salario de los agentes de seguridad en la segunda quincena de setiembre. Es claro que ese personal ha estado en la mejor disposición de realizar su labor de manera excelente y comprometida, más allá de la jornada habitual, lo cual es digno de reconocer y desde la Administración tomaremos las medidas para que esto no vuelva a suceder.
