La Comisión Especial Dictaminadora de las reformas necesarias para excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea rechazó este miércoles por la noche el veto parcial interpuesto por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles al decreto legislativo 10.381.
El foro legislativo se dio cita para recibir en audiencia al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, quien defendió las razones esgrimidas por el Poder Ejecutivo para haber vetado el proyecto, mientras se acorta el plazo para que Costa Rica pueda ser excluida del negativo listado sin tener que esperar hasta mediados del 2024.
Acosta afirmó que la propuesta legislativa que había sido aprobada constituía un retroceso legislativo que generaba un debilitamiento del sistema tributario nacional, desconociendo la realidad de las empresas hoy, señalando que están integradas internacionalmente, y que con el texto emanado del Congreso quedarían sin pagar impuestos, por el orden de unos 10 mil millones de colones anuales.
Cuando una empresa tiene rendimientos en el exterior tiene que integrarlos a Renta, no existen partidas específicas que digan "rentas extraterritoriales" y por eso dije [antes] que no se podía establecer claramente cuánto era. Hicimos un análisis de lo que en las Cuentas Nacionales se establece como "rendimientos de cartera" y a eso aplicamos una tarifa del 30% y lo logramos establecer en 10 mil millones por año.
Acosta afirmó que las disputas que existen hoy en tribunales de justicia costarricense son por el orden de 36 mil millones de colones, correspondientes a años anteriores, y que el 85% de esos casos corresponde a bancos.
Desde el punto de vista práctico el problema de esta disposición hoy es que cercena la capacidad de Hacienda de cobrar esas rentas.
Asimismo el ministro señaló que el 3 de octubre el Comité del Código de Conducta tomará una decisión respecto a si los países que sometieron modificaciones para ser excluidos de las listas negativas de la UE son excluidos o no. Esa decisión se trasladará a los ministros de finanzas de cada país integrante de la UE, quienes tomarán una decisión posterior, pero que por lo general sigue las recomendaciones emanadas del citado comité.
En ese sentido, Acosta señaló que la ley definitiva debería estar firmada, publicada y ejecutándose antes del 2 de octubre, pues ese mismo día hay que informar a la UE de que se cumplieron los requisitos para ser excluido de la lista.
Durante la audiencia con Acosta los diputados de oposición discutieron por casi dos horas sobre la conveniencia o no del veto y sobre cuál era la mejor vía para lograr salir de la lista, aunque la conclusión general es que se trata de un tema de decisión política pues el Ejecutivo no vetó el decreto-ley bajo el argumento de que la propuesta no vaya a permitir que Costa Rica salga del listado, sino el alegado efecto sobre la recaudación tributaria y sobre aspectos de moral respecto a si las grandes empresas deben pagar o no por las inversiones que hagan en el exterior.
En el espacio de debate por el fondo entre congresistas la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo recurrió a la carta religiosa para pedirle a la diputada de Nueva República, Olga Morera Arrieta, votar a favor de la recomendación hecha por el Ejecutivo con su veto señalando que Costa Rica se ha vuelto uno de los países más desiguales del mundo. La diputada Johana Obando Bonilla del Liberal Progresista respondió señalando que lo que le parecía injusto era que la inversión extranjera se fuera del país por ausencia de seguridad jurídica y por voracidad fiscal del Ministerio de Hacienda.
Por su parte las diputadas Olga Morera y Paulina Ramírez reprocharon que Cisneros cuestionara sus valores para buscar apoyos para la propuesta del Ejecutivo. La oficialista pidió de seguido disculpas y dijo que tenía admiración hacia la congresista de Nueva República por su preocupación por la gente pobre del país.
Cisneros y el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio emitieron varias advertencias respecto a que si el resello no alcanza los 38 votos, y no se aprueban informes de minoría donde se recomienda acoger el veto, el proyecto sería definitivamente rechazado y no podría volver a considerarse el tema, por disposición constitucional, hasta mayo del 2024.
El ministro de Hacienda ha afirmado que el resello sacaría al país de la lista negra, a costa del perjuicio para Hacienda, cosa que no era la intención del proyecto, sin embargo, la diputada Daniela Rojas del PUSC, proponente de la iniciativa, señaló que quienes pueden hablar por las intenciones de un proyecto de ley son sus proponentes, y no el ministro.
Finalmente a favor del veto y de la recomendación alternativa del Ejecutivo votaron Jonathan Acuña del Frente Amplio y Pilar Cisneros Gallo del oficialismo. En contra del veto y a favor del resello votaron Johana Obando del Liberal Progresista, Paulina Ramírez y Luis Fernando Mendoza de Liberación Nacional, María Daniela Rojas de la Unidad Social Cristiana y Olga Morera de Nueva República.
Breves
— Con 44 votos a favor y 5 en contra se aprobó integrar una Comisión Especial Dictaminadora encargada de definir las reformas legales al sistema tributario territorial
— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó integrar una Comisión Especial Dictaminadora de reformas electorales.
