Chaves anunció el veto por eliminar la posibilidad del Ministerio de Hacienda de cobrar impuestos por las rentas pasivas de fuente extranjera.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo vetó parcialmente el Decreto Legislativo 10.381 que pretende sacar a Costa Rica de la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (tramitado bajo el expediente 23.581).

Dato D+: Los expedientes legislativos tras su aprobación final en la Asamblea pasan a ser denominados Decretos Legislativos, hasta que son firmados por el Poder Ejecutivo (o resellados por el Plenario) y publicados en el Diario Oficial La Gaceta y se convierten en leyes de la República.

Según señaló Chaves en conferencia de prensa la versión del texto que aprobó la Asamblea Legislativa implicaría “una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda, es decir, una reducción en los recursos disponibles para el pueblo de Costa Rica, y es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a grupos de gente muy acaudalada en este país”. 

El mandatario aclaró que el veto es parcial y se presentó por razones de oportunidad y conveniencia, afectando solo la redacción del artículo 1 del texto, sobre el cual señaló:

No era necesario meter ese artículo que estoy vetando en esta ley para sacar a Costa Rica de la lista gris o negra, porque esa es la verdad, es una lista de vergüenza de la Unión Europea. La Unión Europea no lo pide, ni siquiera es relevante para salir de esa lista.

Chaves explicó que el veto corresponde a la modificación que hace el texto del artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y aclaró que el Ejecutivo está proponiendo a la Asamblea Legislativa que mantenga la posibilidad de que se cobre el Impuesto sobre la Renta cuando exista una vinculación económica con el territorio nacional, pero también con la actividad económica nacional, como se aplica actualmente por interpretación de la administración tributaria.

Una vez la Asamblea Legislativa reciba el veto presidencial deberá ser conocido por la comisión especial que trabajó el proyecto de ley, que deberá dar su recomendación de acoger o rechazar la recomendación del Ejecutivo.

El Plenario Legislativo puede acoger las recomendaciones hechas por el Ejecutivo, votando nuevamente en dos ocasiones el texto con los cambios recomendados, o resellar el proyecto en su versión original para lo cual necesitaría 38 votos afirmativos.

En su aprobación en segundo debate el expediente 23.581 recibió 29 votos a favor y 16 en contra. Los votos en contra del proyecto fueron de las bancadas del Partido Progreso Social Democrático y el Frente Amplio, así como el del diputado José Joaquín Hernández Rojas (PLN).

En la conferencia de prensa el presidente Chaves omitió referirse a los plazos para que la reforma sea corregida y puesta a conocimiento de las autoridades de la Unión Europea para que estas decidan si sacan a Costa Rica de la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal, lo cual debía suceder antes de la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, la cual está pactada a mediados de octubre.

Las rentas pasivas de fuente extranjera

Costa Rica ingresó a la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea desde el pasado 14 de febrero debido a que el país mantiene un “régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudicial, y aún no ha resuelto este problema”.

A pesar de que desde el Ministerio de Hacienda se han venido haciendo cobros a grandes empresas por las rentas pasivas desde el extranjero cuando las inversiones que se realizan fuera del territorio costarricense corresponden a recursos originados en el país (interpretación que fue respaldada por sentencias de la Sala I y la Sala Constitucional) desde la Unión Europea señalaron que esas interpretaciones deberían formar parte de la ley y no depender de decisiones administrativas y jurisprudencia.

Ante esto, la Asamblea Legislativa corrigió los aspectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, pero aprovechó el proyecto para cerrar el portillo de interpretación que Hacienda ha usado en los últimos años para cobrar impuestos a empresas costarricenses por haber realizado inversiones en el extranjero de modo que solo pueda hacerlo para rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense generados exclusivamente en el territorio nacional.

El decreto legislativo en su versión aprobada en segundo debate hubiera dejado a la administración sin la posibilidad, a futuro, de seguir haciendo esos cobros a las personas o empresas que coloquen recursos de origen costarricenses en el extranjero para generar estas rentas pasivas.