En una sesión que se prolongó durante seis horas y marcada por discusiones casi estériles el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate el proyecto de ley para excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea con votos en contra del oficialismo y del Frente Amplio, con miras a su votación final este jueves y con la amenaza latente de un veto del Poder Ejecutivo a la iniciativa, por considerar que la mayoría aprovechó la iniciativa para revertir jurisprudencia judicial que exoneraría de pagar impuestos a las grandes empresas que invierten recursos en el exterior.
La iniciativa tramitada en el expediente 23.581 había terminado el lunes la etapa de mociones de reiteración y aunque todas fueron rechazadas el Frente Amplio insistió este martes con una moción para que el Plenario se convirtiera en comisión general y entrara a modificar el texto del proyecto de modo que se recuperara la redacción actualmente vigente en la Ley del Impuesto sobre la Renta que la Sala Primera y la Sala Constitucional usaron el año pasado para señalar que el Ministerio de Hacienda podía cobrar impuestos a empresas costarricenses por inversiones realizadas en el extranjero.
El FA planteó dicha solicitud dado que anunció que no apoyaría un proyecto de ley que reducía o eliminaba impuestos para la clase más pudiente del país y que venía a revertir jurisprudencia judicial avalada por el máximo tribunal costarricense; mientras que el oficialismo dio distintas cifras de impacto fiscal —que llegaron hasta los $30 millones anuales— si la redacción apoyada por la mayoría de la oposición no era modificada.
Con el texto votado este martes la mayoría del Plenario decidió modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta para cerrar el portillo de interpretación que Hacienda ha usado en los últimos años para cobrar impuestos a empresas costarricenses por haber realizado inversiones en el extranjero de modo que solo pueda hacerlo para rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense generados exclusivamente en el territorio nacional, entendido este como el espacio territorial y límites geográficos tipificados en el artículo 5 y 6 de la Constitución Política, por servicios prestados, bienes situados, capitales invertidos y derechos utilizados obtenidos durante el periodo fiscal, independiente de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en esas operaciones, y con independencia del origen de los bienes o capitales, el lugar de negociación de estos o su vinculación a la estructura económica en el territorio nacional.
Como excepciones a ese principio se incluyeron los dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario y otras rentas de capital mobiliario de fuente extranjera provenientes de bienes situados o derechos utilizados económicamente fuera del territorio nacional, en tanto y únicamente sean obtenidos por una entidad integrante de un grupo multinacional y que además sea considerada como una "entidad no calificada", entendida esta como contribuyentes que posean una adecuada sustancia económica en territorio costarricense durante el periodo fiscal.
Según el diputado Jorge Dengo Rosabal del Liberal Progresista en una publicación hecha en su Facebook, mantener el principio de territorialidad del cobro de los impuestos pero con las excepciones agregadas son suficientes para que la Unión Europea excluya a Costa Rica de su lista de países no cooperantes a efectos fiscales.
El debate en el Plenario giró en torno a mantener o no el principio de territorialidad y quienes apoyaron la iniciativa no tuvieron reparo en confirmar que no estaban de acuerdo con lo resuelto por la Sala Primera y la Sala Constitucional —a quienes han acusado de excederse en sus competencias al legislar vía resolución judicial—, pero que los fallos emitidos sobre esa materia no obligaban al Congreso a mantener la ley a como estaba, sino que era su derecho reformarla para establecer que en Costa Rica el sistema tributario es de tipo territorial y no de "territorialidad ampliada"/"reforzada", o similares previos a una renta mundial.
Daniela Rojas Salas, diputada de la Unidad Social Cristiana confirmó que con la redacción del proyecto Hacienda podrá seguir cobrando los casos que actualmente tiene en litigio con empresas costarricenses por el cobro de impuestos a inversiones que hicieron en el exterior, pero que una vez la ley entre a regir —si es que llega a hacerlo— no podrá continuar llevándolo a cabo.
Oscar Izquierdo Sandí, jefe de fracción de Liberación Nacional anunció que presentarían una moción para conformar una comisión especial que estudiara el sistema tributario costarricense y sus eventuales reformas al modelo territorial que había imperado hasta entonces, porque esa era la vía para contemplar una reforma de ese tipo, y no con un proyecto de ley como el que se estaba discutiendo.
La discusión fue volviéndose estéril cuando las bancadas empezaron a cuestionar que el oficialismo y el Frente Amplio coincidieran en posiciones para este proyecto, mientras que Antonio Ortega Gutiérrez del FA decidió como respuesta a eso hacer un repaso histórico por los presidentes que han "paseado en perreras" por actos de corrupción, lo que causó la molestia en las filas de la Unidad Social Cristiana, llegando la diputada Vanessa de Paul Castro a indicarle que se le habían caído las medallas y que estaba profundamente decepcionada de las declaraciones dadas por Ortega.
Cuando faltaban poco menos de 15 minutos para la nueve de la noche la presidenta interina, María Marta Carballo del PUSC le recordó al Plenario que la Comisión de Derechos Humanos debía sesionar para cerrar el tema del PANI; al tiempo que el diputado Luis Fernando Mendoza del PLN recordó que cuando él fue presidente del Congreso en un periodo anterior se estableció las 9 pm como hora máxima para que el Plenario sesionara, pues a esa hora el personal administrativo de la Asamblea cumplía 12 horas de haber entrado a trabajar.
Puesto el proyecto a votación 28 votaron a favor, provenientes de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista; mientras que 15 votaron en contra, estos del oficialismo y Frente Amplio.
Breves
— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó que este miércoles el Plenario sesione de forma extraordinaria a las 3 pm para conocer del expediente de ratificación de miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
— Por la hora a la que finalizó el Plenario la Comisión de Derechos Humanos canceló la sesión donde cerraría la investigación abierta tras las declaraciones dadas meses atrás por la expresidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo.
