Todos los directivos suspendidos que no renunciaron regresarán a sus puestos.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) ordenó restituir en el cargo a Carlos Salazar Vargas, directivo designado por el Poder Ejecutivo como uno de sus representantes en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que formó parte del grupo de directivos suspendidos por el Consejo de Gobierno en diciembre anterior.
Los magistrados constitucionales sentenciaron esta tarde el amparo planteado por Salazar Vargas para que se le restituyera en el puesto, tras haber sido suspendido por el Consejo de Gobierno en diciembre del año anterior junto a otros directivos que habían votado a favor de pagar el ajuste salarial por costo de la vida del 2020.
Salazar era el último directivo suspendido que estaba pendiente de ser restituido en la Junta Directiva de la Caja, luego que en procesos anteriores los magistrados anularan la suspensión y ordenaran reintegrar a José Luis Loría Chaves (representante nombrado por el cooperativismo), Martha Elena Rodríguez González (representante nombrada por el sindicalismo), y a Maritza Jiménez Aguilar (representante nombrada por el solidarismo).
De los cinco directivos suspendidos por el Consejo de Gobierno solo Jorge Arturo Hernández Castañeda, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) no regresará al cargo, pues él renunció después de su suspensión.
En la sentencia 2023-18892 emitida por el Tribunal este martes, la mayoría de la Sala integrada por Paul Rueda Leal, Fernando Cruz Castro, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García y Roberto Garita Navarro reiteraron que la suspensión cautelar de los directivos dispuesta por el Consejo de Gobierno en diciembre anterior era inconstitucional, pues la ley constitutiva de la CCSS expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas. No obstante, en el caso concreto, se vulneró el principio de autonomía constitucional de la CCSS y los derechos de la parte amparada.
Los magistrados ordenaron anular el nombramiento de Marco Tulio Escobedo Aguilar, a quien el Consejo de Gobierno designó para sustituir a Salazar Vargas.
La Sala condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se reclamarán en el proceso de ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa.
El magistrado Fernando Cruz Castro consignó razones adicionales mientras que el magistrado Fernando Castillo Víquez y la magistrada Anamari Garro Vargas salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso en todos sus extremos.
Con esta sentencia se pone fin al proceso judicial en vía constitucional que revirtió las suspensiones de los directivos de la CCSS, aunque ahora estos tienen vía libre para reclamar indemnizaciones al Estado en la vía contencioso-administrativa, por la ilegalidad a la que fueron sometidos.
