La Asamblea Legislativa escogió por unanimidad este lunes a Jorge Leiva Poveda como magistrado propietario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Leiva, de 47 años de edad y oriundo de la provincia de Cartago, fue electo en primera ronda como persona que llenará la vacante dejada por el magistrado Román Solís Zelaya, quien falleció en el ejercicio del cargo en agosto de 2022.

El nuevo magistrado —que será juramentado el 4 de septiembre según informó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez— es doctor en Derecho Público, máster en Derechos Humanos y además cuenta con diversas especialidades obtenidas en universidades de Alemania, Costa Rica y España.

Leiva trabaja como juez coordinador de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y tiene más de 20 años de servicio público, de los cuales se vanagloria no tener ningún tipo de sanción disciplinaria o penal, ni causas o procesos pendientes.

Asimismo, el funcionario destacó en su currículum que siendo funcionario de la Defensoría de los Habitantes, fue el único que visitó y trabajó en los 24 territorios indígenas de Costa Rica.

Además de su trabajo en el Poder Judicial es profesor universitario de Derecho Público y docente en la Escuela Judicial; es cofundador del grupo de estudio y formación 'Derecho Administrativo Costa Rica' que agrupa a más de 4000 abogados, estudiantes y otros profesionales, y administra una página de Facebook donde semanalmente comparte jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Leiva fue el candidato mejor evaluado por la Comisión de Nombramientos para llenar la vacante de Román Solís en la Sala Primera, al haber obtenido un 96% en los atestados (mejor evaluado) y un 80% en la entrevista (empatado segundo mejor evaluado), para una nota global de 87.2%, ubicándose en el primer puesto.

La designación de Leiva Poveda se da 11 meses y 6 días después de vencido el plazo constitucionalmente establecido a la Asamblea para haber llenado la vacante del exmagistrado Solís Zelaya.

Por este y otros tres atrasos del mismo tipo, Delfino.cr interpuso una acción de inconstitucionalidad por omisión contra el Congreso, la cual fue admitida a estudio de la Sala Constitucional la semana pasada.

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