Los estudiantes pidieron a las autoridades de las cinco universidades públicas que, en caso de que las respectivas modificaciones no sean atendidas, no se firme la propuesta de acuerdo para el FEES 2024.
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) se manifestaron este 22 de agosto, en un movimiento que salió del Pretil, en la Sede Rodrigo Facio, con ruta a Casa Presidencial.
La marcha, que salió pasadas las 9 de la mañana, fue convocada únicamente por la Federación de Estudiantes de Universidad de Costa Rica (Feucr) y contó con la aprobación de las jerarquías de la institución.
El movimiento se da de previo a la última reunión de la Comisión de Enlace que definirá el futuro del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2024.
La Feucr señaló no estar satisfecha con oferta final del gobierno para el presupuesto de las universidades públicas para el próximo año, luego de que el pasado 10 de agosto las autoridades del Poder Ejecutivo presentaran al Consejo Nacional de Rectores (Conare) una propuesta que les destina un total de ₡575.522 millones, equivalente al FEES 2023 (₡564.791 millones), más un incremento de un 1,9% de reconocimiento por inflación para el próximo año.
Sin embargo la federación, a través de la circular DIR-321-2023, reclamó que esta asignación presupuestaria "refuerza el estado de incertidumbre de la regionalización de la educación superior pública, puesto que ese monto imposibilita cumplir con la atención de las necesidades específicas en el mantenimiento y construcción de infraestructura, la diversificación y el fortalecimiento de sus mallas curriculares, además de la ampliación de la investigación y la acción social adecuadas a cada región":
Consideramos que la propuesta de acuerdo no solo perpetúa la insatisfactoria situación financiera de las Universidades Públicas, sino que también socava su autonomía al pretender colocar en segundo lugar el PLANES 2021-2025 -documento realizado desde las propias instituciones estatales de educación superior- y reemplazarlo por los intereses particulares del gobierno de turno. Se evidencia así el debilitamiento continuo de la educación pública, limitando el crecimiento y la inversión en equipamiento e infraestructura universitaria".
La Feucr también reclamó a la Ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, y al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el haber expresado que el FEES significará un impacto en los presupuestos para la educación preescolar, primaria y secundaria y acusaron a los jerarcas de señalar, durante la negociación, que destinar los recursos al FEES implicaría la posibilidad de recortes en comedores estudiantiles, transportes y programas de educación para personas adultas:
Estos recortes pueden evitarse utilizando recursos de otras áreas de financiamiento público, en tanto esta discrepancia resalta la desatención a las necesidades de la educación en medio de una crisis educativa, ignorando el enfoque integral de la educación según lo dicta el artículo 77 de nuestra Constitución Política y que va en detrimento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, igualmente estipulado en nuestra carta magna".
Sobre la rendición de cuentas que el MEP le está pidiendo a CONARE, la Federación señaló que en 2022 el Consejo se comprometió a mostrar resultados criterios y compromisos adquiridos al Gobierno, pero criticaron que esto se debe realizarse a través de los mecanismos establecidos a las instituciones públicas para su oportuna fiscalización desde instancias como la Contraloría General de la República:
El Poder Ejecutivo consideran que dichos indicadores guiarán la ejecución presupuestaria del FEES para el 2024 y dicen que serán revisados y actualizados durante el proceso de negociación del FEES 2025. No obstante, el monto que proponen para tal financiamiento resulta ser insuficiente teniendo como uno de los fines el avanzar en las metas interanuales, pues se limita el desarrollo y la continuidad de las actividades sustantivas de las Universidades Públicas".
Agregaron que la agenda de cooperación pactada, que va desde la creación de plataformas digitales hasta la construcción de infraestructura para distintos centros educativos, es "desproporcionada con respecto a la propuesta de financiamiento".
Además, señalaron un ofrecimiento del gobierno para que el Conare apoye el proyecto de ley que permitiría el uso de los superávits y que no estén sujetos a la aplicación de regla fiscal. Explicaron que esto no es potestad de la Comisión de Enlace, sino labor de la Asamblea Legislativa, por lo que "su inclusión en el acuerdo no genera ninguna seguridad financiera a las Universidades Públicas".
En resumen, los estudiantes indicaron que la propuesta de acuerdo "no solo perpetúa la insatisfactoria situación financiera de las Universidades Públicas, sino que también socava su autonomía al pretender colocar en segundo lugar el PLANES 2021-2025 -documento realizado desde las propias instituciones estatales de educación superior- y reemplazarlo por los intereses particulares del gobierno de turno".
Por ello, los estudiantes pidieron a las autoridades de las cinco universidades públicas que, en caso de que las respectivas modificaciones no sean atendidas, no se firme la propuesta de acuerdo para el FEES 2024.
Al respecto, la jerarca de Educación, Anna Katharina Müller Castro, criticó el llamado a la marcha y calificó de "inaudito" que la UCR pretenda, con el visto bueno del rector de su rector, "sacar la discusión de la mesa de diálogo donde debe estar por mandato constitucional para llevarla nuevamente a las calles".
La responsable de la cartera de educación afirmó que la propuesta del Gobierno es “equilibrada y realista”:
Quisiéramos dar más, pero en este momento es inviable. La manifestación convocada para este martes no tiene una base sustancial".
Adicional a la marcha, las representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas (FEUCR, FEITEC, FEUNA, FEUNED y la representación estudiantil del Consejo Universitario de la UTN), tomaron un acuerdo este 22 de agosto, en el que entre otras cosas anunciaron su rechazo a la propuesta del Gobierno por violentar la autonomía universitaria.
Pues aborda temas como un autofinanciamiento mediante mecanismos como el aumento de costos de matrícula, la agenda cooperación, la rendición de cuentas por medio de indicadores que se salen del marco constitucional, entre otros".
La carta exige al Gobierno que se reconozca el 1% pendiente del FEES 2023 "con el fin de no vulnerar aún más los presupuestos universitarios y afectar la acción sustantiva de estas" y respaldaron la solicitud con la mencionada mejora en las finanzas públicas dichas por el Ejecutivo. Además, para el futuro solicitaron se garantice la efectiva participación de todas las federaciones de estudiantes en todos los espacios que se relacionan a las negociaciones del FEES futuras.
El Conare y el Ejecutivo sostendrán el último encuentro de la Comisión de Enlace que define el presupuesto de la educación universitaria pública, este martes a partir de las 2 de la tarde.
La Comisión de Enlace la integran Emmanuel González Alvarado, presidente del Conare y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN); Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional; María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec); y Karen Marín Arguello, representante estudiantil.
Del lado del Gobierno participan la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, y su viceministro, Leonardo Sánchez Hernández; además de las jerarquías de Planificación, Hacienda y Ciencia y Tecnología: Laura Fernández Delgado, Nogui Acosta Jaén y Paula Bogantes Zamora, respectivamente.