Para el grupo sindical, los ejecutivos habrían adoptado acuerdos en contra de los criterios técnicos y financieros.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó denuncias ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como ante la Contraloría General de la República (CGR), en contra de varios directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La denuncia busca investigar las acciones de la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel Rodríguez, y de otros funcionarios por presunto amañamiento de datos actuariales y manejo del portafolio de inversiones de la CCSS.

Dentro de la denuncia planteada, se solicita a la Fiscalía que se investigue a la ingeniera Susan Peraza Solano, directora de Planificación; a Carolina González Gaitán, directora Actuarial; y a Allan Quesada Soto, asesor económico de la Presidenta Ejecutiva, por presuntos actos contrarios a la ley.

Según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, en lo que va del 2023 han sido testigos de una "política de terror, persecución con rasgos de autoritarismo, como nunca en la historia institucional".

Por ello, Vargas afirmó que:

Aunque con defectos, virtudes y focos de diversas formas de corrupción, no dudamos es una institución que es una insignia del país y su democracia y desde esa caracterización sumamente objetiva, la ANEP es uno de los actores que ha alzado la voz en defensa de esta institución, por lo que denunciamos a las autoridades correspondientes los hechos que se presentan en la institución.

Para el grupo sindical, los ejecutivos mencionados habrían adoptado acuerdos en contra de los criterios técnicos y financieros en posible perjuicio de la CCSS, específicamente los generados por la Dirección Actuarial y Económica para la sesión de Junta Directiva donde se informó a la población de una crisis financiera grave.

En comunicado a la prensa, ANEP señaló que:

La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez tiene, posiblemente, una mayor cuota de responsabilidad como superior jerárquico de la Dirección de Planificación y la Dirección Actuarial; pero, sobre todo, porque medios de comunicación digital y otros, entendemos, han expuesto que desde el despacho de ella se conocían los ajustes propuestos en los escenarios actuariales.

Desde ANEP ampliaron que la Junta Directiva de la CCSS, el pasado 9 de marzo, conoció un informe al que acusan de estar alterado y que lleva la firma de los tres funcionarios hoy denunciados, que fue el que sirvió de base para que el Ejecutivo indicara que la CCSS estaba en crisis financiera y que desencadenó la suspensión de las obras del portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología.

A su vez y en julio la Contraloría General de la República (CGR) señaló el incumplimiento de Esquivel Rodríguez, por posibles situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales y el posible incumplimiento de disposiciones en esta materia.

En ANEP señalaron que:

Eso, lamentablemente, es gravísimo para la CCSS y los funcionarios que participaron pareciera se prestaron para encubrir tal situación, lo cual debe sin lugar a dudas dilucidarse con urgencia.

Además, el 11 de agosto anterior la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una opinión técnica sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, e indicó que los números actuariales presentados están sobrestimados.

Para la ANEP esto no se trató de un error de cálculo, sino que pudo existir una posible intencionalidad para dañar la imagen financiera de la CCSS y fundamentar la narrativa de crisis y suspensión de obras.

Por lo anterior, el sindicato también solicitó a la CGR, investigar Esquivel Rodríguez, y a Roberto Quirós Coronado, vicepresidente de Junta Directiva, por una posible falsedad ideológica y alteración de documentos públicos.

Además, solicitaron valorar las actuaciones de Peraza Solano, González Gaitán y Quesada Soto, para que se determine si incurrieron en actos administrativos contrarios a la ley.

Esta segunda petitoria, valorando por parte de este contralor la separación inmediata del cargo, ya sea reubicándolos en una unidad donde no puedan alterar posible evidencia; o incurrir en acciones que, presumiblemente, puedan deterior la investigación objetiva que estamos formulando, por cuanto si se demuestra que las unidades técnicas de la CCSS se prestaron para montar una presunta farsa política a partir de presuntos delitos, esto aparte de generar posibles consecuencias legales, sin duda alguna deviene en hechos gravísimos que dañan la institucionalidad.

Otra de las inquietudes de los sindicatos expuestas a la CGR es que en el transcurso de esta Administración ha habido una ausencia de la Auditoría Interna al señalar y alertar sobre riesgos a la Junta Directiva.

Sin embargo, ANEP asegura que se ha observado su presencia en respaldo de intereses de persecución o desacreditación mediante acuerdos de la Junta para producir informes de hechos o denuncias penales, aseguraron.

Por ello, el sindicato enfatizó en que aunque la auditoría interna afirma haber señalado problemas, no han dirigido críticas directas a las jerarquías de la CCSS. Ante esto, ANEP instó al ente contralor a considerar la posible falta de cumplimiento de sus deberes por parte del auditor interno Ólger Sánchez Carrillo, del subauditor interno Randall Jiménez Saborío y del Jefe del Área de Servicios Financieros de la institución, Adrián Céspedes Carvajal.

Se les acusa de no alertar a la Junta Directiva sobre los acontecimientos en el tema actuarial y paralización de obras, de no buscar una evaluación técnica rigurosa y de posiblemente retrasar los informes de auditoría para alinearse con la Presidenta Ejecutiva.