A tres meses de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentara públicamente cuatro propuestas de ley de reforma electoral con el propósito de modificar aspectos del financiamiento partidario y de representación; así como reglas contra la manipulación en plataformas digitales, ninguna de las iniciativas ha sido adoptada en la Asamblea Legislativa para su estudio por el fondo.
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría había dicho el 29 de marzo cuando fueron presentados que con estas iniciativas la institución daba respuesta técnico-electoral a las necesidades planteadas en los últimos tiempos por la ciudadanía, medios de comunicación, diputados y misiones de observación internacional.
El paquete de propuestas diseñado por el TSE aborda, de manera técnica y sistemática, varios aspectos relacionados con el uso de las plataformas digitales, el financiamiento y el régimen de los partidos políticos.
Sin embargo, dado que el Tribunal carece de potestad de presentar proyectos de ley como sí la tienen los diputados o el Poder Ejecutivo, ninguno de los expedientes ha sido formalmente presentado ante el Congreso para que se inicie el trámite correspondiente.
El Tribunal había planteado, en primer lugar, enmendar el artículo 96 de la Constitución para reducir el aporte estatal a los partidos políticos del 0.19% del Producto Interno Bruto (PIB) al 0.11%, en línea con las múltiples leyes que han sido aprobadas con anterioridad de forma transitoria, para que el aporte constitucionalmente señalado sea inferior para los comicios que se han llevado a cabo en 2014 y las municipales del 2016.
Con esa reforma, además, el Tribunal propone incluir en la Constitución el aporte estatal para las elecciones municipales, ya que actualmente no está contemplado; y crear un mecanismo de financiamiento público indirecto, como podría ser el de pauta publicitaria pagada por el TSE y distribuida equitativamente entre todas las agrupaciones partidarias.
La segunda propuesta del TSE plantea aumentar el porcentaje de anticipo de la contribución estatal para los partidos del 15% vigente, a un 50%, y extenderlo también a las elecciones municipales donde actualmente no se contempla.
Asimismo, propone establecer cómo se debe distribuir el dinero del aporte económico estatal que reciba cada partido político: máximo un 80% para pagar financiamientos directos (después de comprobar sus gastos ante el TSE, este girará el monto reconocido a la agrupación política) y máximo un 20% para financiamientos indirectos (pauta contratada, pagada y distribuida por el TSE de forma equitativa entre todos los partidos). Adicionalmente, se planteó que no se reconozcan gastos partidarios que involucren el pago de bienes o servicios a los integrantes de su Comité Ejecutivo, a los familiares de estos o a personas jurídicas en las que dichas autoridades partidarias o sus familiares tengan participación; y establece una multa al partido que no presente los informes de contribuciones privadas, o que los presente en forma extemporánea o incompleta.
Finalmente, se instituye la obligación de las oficinas públicas de suministrar al TSE información relacionada con la actividad financiera de quienes intervengan en la dinámica económica de los partidos; y se otorga al TSE la potestad de aplicar estudios de solvencia económica a quienes financien a las agrupaciones partidarias.
El tercer proyecto del Tribunal consiste en actualizar la cantidad de personas necesarias para conformar un partido político, pasándolo de los 100 vigentes para partidos nacionales o provinciales y 50 personas para partidos cantonales, a 150 personas para partidos nacionales y provinciales, y 75 para los de escala cantonal; además de incorporar la supervisión del Tribunal al proceso de constitución del partido.
La propuesta prohibiría además que las personas que participen de la confección del partido estén integrando la estructura de otro partido en formación; y se actualizaría la cantidad requerida de adhesiones para que corresponda al 0.15% del padrón electoral de acuerdo con la escala y circunscripción en que se vaya a inscribir la agrupación política, un cambio sustancial respecto a las 3000 adhesiones requeridas para partidos nacionales, 1000 para partidos provinciales y 500 para partidos cantonales que actualmente establece la ley.
La iniciativa también propone plasmar en la ley que el estatuto del partido político deba contener un procedimiento para que su asamblea superior pueda, como decisión política, revocarle el mandato a miembros del Comité Ejecutivo Superior; y también propone introducir un nuevo órgano dentro de los partidos políticos: las asambleas distritales, las cuales serían obligatorias y se constituirán como la base para los partidos de escala cantonal, además deberán tener un mínimo de 3 electores.
El proyecto plantea además que si la asamblea cantonal es la base de partidos provinciales o nacionales, esta debe estar constituida por al menos una persona electora que viva en cada uno de los distritos que conforman el cantón.
Finalmente, el proyecto propone que si un año después del vencimiento de las estructuras de un partido político, no hay movimiento para su renovación, se declarará la inactividad, que conlleva el congelamiento de cuentas y operaciones de crédito. Si pasa un año más sin que haya celebrado su asamblea superior, se cancelará su inscripción como agrupación y sus reservas se devolverán al erario público.
Finalmente, el cuarto proyecto propone reformar el artículo 136 del Código Electoral para que en las disposiciones sobre las libertades y prohibiciones de difusión de propaganda (veda electoral) se aclare que estas alcanzan no solo a los partidos políticos, sino a cualquier persona física o jurídica que contraten los partidos para esos fines; indistintamente de que se realice en medios de comunicación o plataformas digitales.
Además se incorporan nuevas prohibiciones que deberán tomarse en cuenta. Por ejemplo no se podrán usar cuentas, perfiles, sitios, canales o páginas en redes sociales para difundir propaganda sin que se revele la verdadera identidad de quien paga esa propaganda. Tampoco se podrán usar perfiles falsos para atacar a otros partidos políticos.
También se establece la potestad del TSE de ordenar el retiro de propaganda en periodos de veda, o que viole el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (propaganda en favor de la guerra y apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por cualquier motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional). Esta regulación abarcaría también a las plataformas de streaming, motores de búsqueda y redes sociales digitales.
Por otro lado, se propone que el artículo 139 del Código Electoral contemple la posibilidad de que personas físicas ofrezcan servicios de propaganda a los partidos políticos; y se establecería que aquellas plataformas digitales dedicadas a vender servicios de propaganda mediante el mecanismo de subasta no inscriban sus tarifas, pero señalen una representación legal en Costa Rica para recibir notificaciones, además de tener la obligación de suministrar al TSE la información que les requiera sobre esa pauta política.
Desde su presentación en conferencia de prensa algunos partidos políticos han objetado las propuestas formuladas por el Tribunal. Liberación Nacional, por ejemplo, dijo estar en contra de reducir el aporte estatal a las agrupaciones políticas al 0.11% del PIB como pretende el TSE. Por su parte, el propio Poder Ejecutivo descartó la posibilidad de convocar las iniciativas, si fueran presentadas formalmente, durante el periodo de sesiones extraordinarias actualmente en curso.
Angie López, asesora del presidente del Congreso, explicó a Delfino.cr este miércoles que Rodrigo Arias Sánchez señaló que se quería conformar una comisión especial de reformas electorales que estudiara esas cuatro propuestas y otras más existentes en corriente legislativa.
Sin embargo, esa comisión especial requiere ser votada por el Plenario afirmativamente y dada la negativa del Ejecutivo a convocar los proyectos, sería algo que se hará hasta que retorne el periodo ordinario de sesiones en el mes de agosto.
Por eso es que no se ha podido conformar la comisión y los proyectos no se han adoptado. Sin embargo, entiendo que esa va a ser la vía que se va a adoptar o que se va a tomar para empezar a analizar esos proyectos, por eso es que están ahí en stand-by, pero según las declaraciones de don Rodrigo y entiendo que hay varias diputaciones que están muy interesadas en analizar esos proyectos, en cuanto termine este periodo extraordinario que ha sido exhaustivo [sic.] se va a entrar a ver el tema de la comisión especial que analizará las reformas electorales.
Proponen investigar plan regulador de Talamanca
El diputado del partido Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes y su compañera Rocío Alfaro Molina, presentaron ante la Comisión de Ambiente una moción para que se abra un expediente de investigación respecto a la propuesta del plan regulador costero del distrito de Cahuita en Talamanca, el cual los lugareños han cuestionado por falta de consulta ciudadana e intenciones de desplazamiento forzoso para dar pie a desarrollos turístico de gran tamaño, mientras el cantón atraviesa problemas de acceso al agua potable, manejo de residuos sólidos, aguas servidas y de infraestructura vial.
En la fundamentación de la moción ambos legisladores señalaron que la Municipalidad de Talamanca publicó un plan regulador que, de acuerdo con la propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar.
Asimismo señalaron que el proyecto ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al ambiente.
Finalmente, se menciona el posible vicio constitucional de incumplir el derecho a la participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En un vídeo compartido en sus redes sociales, Robles explicó que hay enormes cuestionamientos en manejo ambiental, violación al principio de no regresión ambiental, así como temas de zonas costeras y territorios indígenas.
Amplios grupos, muchísima gente se encuentra cuestionando lo que está ocurriendo en Talamanca en contra del ambiente y del acceso a la información de la ciudadanía.
Asimismo, respecto al apoyo anunciado por el Minae al plan regulador, Robles afirmó que tal posición era absolutamente vergonzosa.
Prende aún más alarmas que el Ejecutivo se sume a esta iniciativa cantonal.
Breves
— La sesión de Plenario de la mañana donde se conocerían las últimas mociones de revisión al proyecto de ley de jornadas 4x3 no se realizó por falta de quórum. 22 congresistas se ausentaron, de modo que no se alcanzó la cifra de 38 mínima para poder arrancar, mantener y culminar la sesión.
— En el Plenario de la tarde continuó la discusión de admisibilidad de la reforma constitucional para deportar a nacionales. Los diputados Jorge Dengo y Gilberto Campos del PLP, así como Vanessa de Paul Castro del PUSC hicieron intervenciones oponiéndose a la iniciativa.
