Organizaciones piden un "pacto por la educación pública”.

El próximo martes 20 de junio a las 9:00 a.m. se llevará a cabo una marcha en la que se buscará un "pacto por la educación pública” y la defensa del presupuesto educativo.

En una convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, las universidades públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (Conare), organizaciones del Magisterio Nacional, sindicatos y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva, se ha anunciado como objetivo velar para la sostenibilidad del sistema de educación nacional.

Además enviarán una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, buscando el fortalecimiento de la misma.

Las organizaciones indicaron que la protesta saldrá de la Plaza de la Merced y llegará a la Plaza de la Democracia. En un comunicado a la prensa manifestaron que:

Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales".

En el mensaje del presidente del Conare, Emmanuel González Alvarado, dijo que las cinco universidades públicas acordaron asistir a la marcha de forma conjunta. Mientras que desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricenses (SEC),  la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), pidieron a padres de estudiantes, docentes, estudiantes y todo el Magisterio Nacional sumarse a alzar la voz. 

Los recortes

El llamado a la movilización se da en medio de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). En esa discusión el Gobierno de la República anunció que no reconocerá un aumento adicional del 1% al presupuesto de 2023, es decir 5.5 mil millones de colones, que en las negociaciones del año anterior se había acordado valorar dependiendo del avance de las cifras fiscales del país.

En este encuentro, el jerarca del Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, argumentó que en el acuerdo tomado en las negociaciones del 2022 se establecía que el FEES 2023 iba a tener un incremento del 1% (menor a la inflación registrada)  y la posibilidad de un 1% adicional, que iba a estar determinado por el comportamiento de la economía en relación con el pago de los intereses de la deuda. Sin embargo, Acosta señaló a la Asamblea Legislativa como responsable de no poder cumplir con lo acordado, acusándolos de haber recortado la partida de pago de intereses en el presupuesto 2023.

El encargado de la cartera justificó que el Presupuesto Ordinario de la República 2023 incluía una partida de 2.467.138 millones de colones para el pago de intereses, pero recibió un recorte de 81.139 millones de colones por parte de la Asamblea.

Estos recursos recortados a la partida del pago de intereses fueron destinados a otros rubros de gastos que incluyen 9.802 millones de colones para el arreglo de caminos vecinales; 10.000 millones para el Banhvi; 600 millones para el Museo de los Niños; 400 millones para el Parque La Libertad; 500 millones para el Conapam; 26.178 millones para la CCSS; 6.393 millones para el Poder Judicial; 8.232 millones para la carretera a San Carlos y 4.224 millones para el Programa Nacional de Informática Educativa.

Sin embargo, esos recursos todavía no han sido ejecutados por el Poder Ejecutivo, que ha señalado que el presupuesto es solo una autorización de gasto por lo que han preferido no hacer esas transferencias, previendo que el pago de intereses de deuda aumente. Según aseguró Acosta, en marzo anterior ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, esos 81.139 millones de colones que no serán utilizados hasta que él tenga certeza de que no los va a requerir para el pago de deuda.

Además, recientemente el gobierno planteó recortes de ¢3.200 millones al Ministerio de Educación (MEP), para financiar un presupuesto extraordinario del Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia y Paz para el pago de pólizas de responsabilidad civil de sus policías.

Las agrupaciones sociales señalaron que estas negociaciones presupuestarias no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, y significan una violación constitucional al 8% del PIB destinado para la educación pública.

No será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde según la Constitución".

En su mensaje también alertaron a la población sobre ataques del gobierno Chaves Robles al sistema de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley “4x3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional y el recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, entre otras.

Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho".

En la conferencia estuvieron presentes Luis Aguilar, de la Asociación de Educadores Pensionados; Gilberth Díaz, presidente del SEC; Gilda Montero, presidenta de la ANDE; Ana Doris Gonzales, presidenta de la APSE; Emmanuel González Alvarado, presidente de Conare; Marco Zúñiga, presidente FEUNA; Karen Marín,  presidenta FEUCR; María Clareth Calderón secretaria general FEUNA; José Oviedo, Mesa Nacional de Diálogo Social y presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG).