Proceso penal se inició en 2013.
La exdiputada del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Rita Chaves Casanova, fue condenada por el Tribunal Penal de San José a ocho años de prisión tras ser declarada culpable del delito de estafa mayor en concurso ideal con uso de falso documento, en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La sentencia fue dictada ayer pero fue hoy que el Ministerio Público y el Poder Judicial confirmaron a Delfino.cr el fallo tras solicitudes de información formuladas.
"Se confirma que en este caso se dictó sentencia condenatoria por el delito de estafa mayor en concurso ideal con uso de falso documento a una mujer de apellido Chaves, imponiendo la pena de 8 años de prisión y a otra persona de apellido Montoya dos años de prisión", informó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó que el caso que originó la condena se tramitó bajo el expediente 13-000010-0033-PE, es decir, un proceso iniciado en el año 2013.
La Procuraduría General de la República (PGR), en su rol de Abogado del Estado, declaró en un comunicado esta mañana que el Tribunal también declaró con lugar la acción civil resarcitoria planteada por el Estado costarricense, condenando en abstracto, y se rechazó la pretensión de daño social; lo que significa que los montos a pagar de daño económico se definirían en el proceso de ejecución de sentencia.
Según publicó La Nación en enero de 2020, el caso fue acusado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), luego de un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que señaló irregularidades en el proceso de cobro de la deuda política de las elecciones 2010.
En el caso figuraban como imputados tanto Chaves Casanova, como el exdiputado Oscar López Arias, sin embargo se ordenó que el también excandidato presidencial fuera juzgado por aparte.
La Fapta acusó a Rita Chaves y a López Arias de presuntamente simular contratos de alquiler de vehículos para estafar al Tribunal Supremo de Elecciones y que el PASE pudiera cobrar un monto mayor de deuda política.
La acusación señalaba que esos contratos fueron hechos para vehículos que habían sido brindados al partido de forma gratuita, o por los cuales los propietarios cobraron menos dinero que el reportado ante el TSE.
A través de sus redes sociales, Chaves Casanova reaccionó a la sentencia acusándola de persecución política.
"La persecución política SI EXISTE [sic.], algunos gestores de “justicia” son parte de la historia sucia de mi querida [Costa Rica], yo sigo fuerte, trabajando y tranquila, aunque la justicia de algunos hombres a veces intente escribir torcido, sin pruebas y declaraciones espurias… los renglones de Dios son rectos, yo confío en la justicia de Dios", escribió.
Chaves agregó que "en este país brindar un servicio ad-honoren a un pequeño partido político que no sea de la cúpula de poder de los amigos aliados, hacer un trabajo honroso, entregar años de servicio, puede costarle juicios y procesos injustos. ¡Téngalo en cuenta!".
Chaves está en libertad mientras la sentencia adquiere firmeza. Esta es su segunda condena de modo que no podría recibir una ejecución condicional de la pena.
En septiembre de 2022 fue condenada junto a sus compañeros exdiputados Víctor Emilio Granados Calvo y Martín Monestel Contreras a 37 años de cárcel en conjunto por "nombramientos fantasma" durante su paso por el Congreso en el periodo 2010-2014.
Según la Fiscalía, el monto total del perjuicio económico causado el Estado costarricense ascendió a ¢165.491.770.
Al expresidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, se le impuso una condena a 19 años de prisión; mientras que a Rita Chaves Casanova y Martín Monestel Contreras recibieron penas de 7 y 11 años de cárcel respectivamente, por los delitos de influencia en contra la Hacienda Pública.
Además, los jueces impusieron la sanción de inhabilitación de cargos públicos por siete años y como medida cautelar, impedimento de salir del país, entregar su pasaporte y firmar una vez al mes, mientras la sentencia adquiere firmeza.
Por este mismo caso también fue acusado el exdiputado Óscar López, pero de igual forma su juicio será llevado a cabo de forma separada.
Campaña llena de investigaciones
Esta es la tercera condena penal vinculada a los comicios del 2010 que desembocaron en la victoria de la presidenta Laura Chinchilla Miranda.
Por hechos ocurridos en esos comicios, el Partido Acción Ciudadana (PAC) fue condenado por estafa al Estado y se condenó penalmente (con sentencia confirmada por la Sala Tercera) a Maynor Sterling Araya, extesorero del partido y Manuel Antonio Bolaños Murillo, exfuncionario de esa agrupación.
Asimismo, la Sala Tercera ya dejó en firme la sentencia que condenó al partido Movimiento Libertario por otro delito de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones, por cobro de capacitaciones fantasma en el marco de esas elecciones. En ese caso se declaró culpable al entonces vicepresidente del ML, Ronaldo Alfaro; al excontador de la agrupación, Róger Segura y al exsecretario de Capacitación, Carlos Solano.
Mientras tanto, el Partido Liberación Nacional también fue y está sujeto a investigaciones.
El TSE denunció en mayo de 2012 a 90 liberacionistas por presuntos contratos de alquiler de vehículos falsos, por 400 millones de colones. Sin embargo, la Fiscalía -en los tiempos del exfiscal Jorge Chavarría- ordenó desagregar el caso en 36 expedientes, de los cuales 21 fueron desestimados, siete tenían solicitud de sobreseimiento definitivo, dos seguían en trámite, tres estaban bajo investigación y solo uno tenía solicitud de apertura a juicio contra 24 personas, incluido el exdiputado Óscar Alfaro Zamora y el exrepresentante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Jorge Bolaños Rojas.
Ese caso se lleva bajo el expediente 12-000832-042-PE.
Asimismo, según reveló AmeliaRueda.com en enero de 2021, la Fiscalía abrió una nueva investigación contra el PLN por preguntas irregularidades en el marco de las elecciones municipales, también del año 2010.