De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2014 los exdiputados realizaron “nombramientos fantasma” de familiares o amigos suyos en plazas de asistente de fracción, asesor y secretaria, entre otras, sin que estas personas se presentaran a trabajar, pero recibiendo los salarios correspondientes.

Según la Fiscalía, el monto total del perjuicio económico causado el Estado costarricense ascendió a ¢165.491.770.