El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el proyecto de ley 23.090 contra el crimen organizado.
La votación fue posible luego que la Corte Suprema de Justicia respondiera en tiempo récord la consulta institucional que le formuló el miércoles el Congreso, con el fin de conocer su posición sobre la iniciativa, a pesar de que se trata de una iniciativa del propio Poder Judicial.
Los magistrados votaron por unanimidad de los presentes expresar que el proyecto incide sobre la organización y funcionamiento de ese poder, de modo que para aprobarlo en segundo debate la Asamblea requerirá 38 votos a favor del expediente; aunque indicaron que no tienen objeciones a la iniciativa.
Dato D+: Que la Corte haya indicado que no tiene objeciones pero que la Asamblea requiere 38 votos para aprobarlo en segundo debate constituye un sinsentido, por cuanto la norma constitucional señala que la mayoría calificada es para que el Congreso "se aparte" del criterio negativo de la Corte, sin embargo, en este caso no hay objeciones que la Asamblea pueda ignorar.
Recibido el criterio afirmativo de la Corte, la Asamblea dedicó la sesión de la tarde a discutir por el fondo el proyecto en primer debate, en el cual cada congresista podía hablar por hasta 10 minutos.
Gilbert Jiménez Siles del Partido Liberación Nacional, quien fue el secretario de la Comisión de Seguridad donde se tramitó el proyecto, afirmó que la iniciativa marca un hito histórico de lo que ha sucedido y se ha visto en el país; y criticó las 500 mociones de fondo y las mociones de revisión que le fueron presentadas "para obstruir un proceso que debió verse mucho más ágil".
Jiménez negó que con su acto estén cometiendo un acto inconstitucional, siendo interrumpido fuera de micrófonos por alguna expresión de la diputada Carolina Delgado, de modo que se vio forzado a pedir al presidente Rodrigo Arias que le solicitara respeto a la legisladora.
El diputado defendió la vía rápida que se le dio al expediente al afirmar que sin ella nunca habría logrado convertirse en ley, dados los mecanismos que existen hoy para atrasar en el Reglamento.
Danny Vargas Serrano, uno de los que votó en contra, cuestionó que los señalamientos de reconocidos juristas sobre la constitucionalidad del proyecto fueran ignorados y que quienes se oponían fueran acusados de villanos, y que las consecuencias de la aprobación se conocerán a futuro, incluido el empezar a legislar retroactivamente en otras materias.
Alexander Barrantes Chacón, diputado del oficialista Progreso Social Democrático afirmó que el proyecto era importante para la seguridad nacional y reiteró que si no entraba en vigencia antes del 7 de junio, no se podrían ampliar plazos de prisión preventiva de modo que saldrían libres para continuar delinquiendo los cabecillas de bandas de criminalidad organizada.
Gloria Navas Montero, diputada de Nueva República y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico afirmó que el proyecto era de gran importancia no solo para Costa Rica, sino para Latinoamérica y el Mundo entero.
Respecto a la disidencia de dos diputados dijo que eso era democracia y que lo defendían aunque no estuvieran de acuerdo con ellos, que el proyecto no se había resuelto "con carreras" pues se había estudiado y se realizaron audiencias en comisión y que ni Delgado ni Vargas se acercaron en esas ocasiones.
Este proyecto se inició en la Corte Suprema de Justicia, que tiene sus falencias, pero es el órgano que es la columna de la democracia en Costa Rica, el Poder Judicial es el que garantiza como el tercer poder en el orden de mención, la ejecución de las leyes y el respeto a la ciudadanía y a sus seguridades. ¿Que este país es anti-garantista con esa tesis de urgencia? No, eso no es cierto. En este proceso que se establece con la jurisdicción especializada se tienen todas las garantías para las partes intervinientes, para la intervención de la parte acusativa, para la intervención de los defensores privados y públicos, para la intervención de la víctima, para la intención de la parte querellante que puede ejercer la acción penal en forma privada. Este es un país en su legislación procesal penal, en sus principios constitucionales, en la normativa de leyes generales y leyes especiales, que mantenemos la batuta democrática en el mundo entero y así lo confieso porque tenemos un régimen de democracia fantástico, aquí se respeta el debido proceso.
Priscilla Vindas Salazar del Frente Amplio hizo hincapié en la importancia de este proyecto y el trabajo arduo y en la cantidad de actores que estuvieran involucrados en su construcción.
"Sabemos que aquí está en juego la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Esta no es la única solución o la única herramienta para luchar en contra de la inseguridad ciudadana, para luchar contra el crimen organizado que parece cada vez más carcome a nuestra sociedad, que carcome la institucionalidad pública, que carcome la Función Pública, pero es una herramienta medular para los avances que necesitamos como sociedad ante el avance del crimen organizado", declaró.
Francisco Nicolás Alvarado, diputado del PLN, resaltó que la provincia de Puntarenas que él representa hoy es abatida por las mafias organizadas del narcotráfico, que un día lo hacen y al día siguiente empeoran la violencia que está desatándose en todas nuestras ciudades.
Agregó que votaba el proyecto por tres razones: la primera, porque la mafia del narcotráfico tiene que erradicarse y tenían que darle al Poder Judicial las herramientas que ellos han pedido; la segunda era la lucha contra la corrupción pública y que el país no podía seguir estando contra la corrupción sin tener un instrumento capaz de contener esa delincuencia; y la tercera por un deber ante el llamado que hacía otro poder de que le dieran este instrumento.
Jorge Antonio Rojas, diputado del PPSD, dijo que no celebraría la aprobación del proyecto hasta verlo publicado en La Gaceta y dijo que esperaba que no se reunieran las 10 firmas para enviarlo a consulta ante la Sala Constitucional.
Oscar Izquierdo Sandí, jefe del PLN dijo que después de este largo proceso de discusión y análisis, Liberación Nacional felicitaba a la comisión que hizo un arduo trabajo para sacar adelante este proceso, y que mayoritariamente respaldaban la propuesta del Fiscal General.
Jorge Dengo Rosabal del Liberal Progresista resaltó que estaban confiando en el consejo técnico del fiscal general y de la Corte Suprema de Justicia y que esperaban que ese consejo técnico no fuera a fallar en el futuro en las instancias, no sólo constitucionales, sino en las instancias de protección de Derechos Humanos internacionales.
Estamos respondiendo nuevamente al llamado de la Corte Suprema de Justicia, pero atendiendo y confiando en su criterio, y eso que quede muy claro. Este proyecto nació de la Corte Suprema de Justicia, así como todos los conflictos que han sido relacionados por una escalada, por una sucesión de leyes, de derogatorias, de aprobaciones en esta Asamblea han sido causadas también por la Corte Suprema justicia. Entonces estamos respondiendo ese llamado porque creemos en el tema de la seguridad, creemos en poner nuestro grano de arena.
Carolina Delgado realizó una fuerte intervención en la que afirmó que el Plenario estaba tomando una decisión que, a pesar de ser mayoría mayoritaria, pone en riesgo la seguridad jurídica, atenta contra los derechos humanos y sirve de cómplice a los horrores que de manera reiterativa viene cometiendo el Poder Judicial y el Ministerio público.
Quiero dejar patente mi voluntad al respecto: votaré negativamente este proyecto porque en definitiva no arregla la situación jurídica de la derogatoria del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y más bien incorpora artículos que reflejan una clara violación a nuestra Constitución y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Delgado reprochó que en el debate del proyecto se le dijera que por no ser abogada no podía opinar al respecto, que era censurable que en la Comisión de Seguridad se evitara dar espacio y escuchar los expertos, que se hiciera caso omiso del informe de Servicios Técnicos, que se valieran de su incapacidad médica para archivar un proyecto de ley suyo respecto al artículo 2 derogado y para rechazar sus mociones al 23.090, además de que la presidencia legislativa promoviera una vía ultrarrápida con mini-sesiones de Plenario para empujar el proyecto a su aprobación.
Es mentira que el proyecto enfrentó obstáculos, lo que tuvo obstáculo fue el debate y la apertura para escuchar voces disidentes.
Delgado también cuestionó que cuando medios de prensa cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, empezaron los ataques personales en su contra e insinuaciones difamatorias por parte del Fiscal General y de la diputada Gloria Navas.
Ella [Gloria Navas] quien dice que lloró muchísimo cuando la atacaban y le decían 'la abogada de los narcos', es quien viene ahora a hacer aquello que tanto le molestaba, descalificando mi moral y honorabilidad sin ninguna prueba. Estas acciones del fiscal y de doña gloria Navas tienen nombre, se llama violencia política, se llama coacción, a la que se acude para denigrar a una persona con el fin de silenciarla, hacerla que renuncie a sus posiciones o no realice su trabajo.
Finalmente, Jonathan Acuña Soto del FA celebró que llegara el momento de discutir por el fondo en primer debate, señaló el derecho que tenía Delgado de presentar todas las mociones que quisiera pero también el derecho de la mayoría de ponerlo en la vía abreviada.
Acuña recordó que no solo fueron las acciones de Delgado las que pusieron en peligro el avance del proyecto, sino también el Ejecutivo cuando recurrió al chantaje al desconvocar el expediente y atarlo al de jornadas 4x3.
Finalmente, advirtió que firmar una consulta de constitucionalidad haría que el proyecto no entrara en vigencia en la fecha límite, y que esa sería una responsabilidad que cargarían quienes suscribieran dicha consulta.
En la votación 49 diputados votaron a favor y solo 2 en contra. Rodrigo Arias fijó el próximo lunes como la fecha para la votación en segundo debate.
Breves
— El Plenario conoció y rechazó 8 mociones de fondo al proyecto de jornadas 4x3; y rechazó dos mociones de orden para enviar a consulta el proyecto ante la Organización Internacional del Trabajo, y ante el relator de Naciones Unidas sobre formas modernas de esclavitud.
— La Comisión de Asuntos Agropecuarios reeligió a Pedro Rojas Guzmán del PLN como presidente y sustituyó en la secretaría a Yonder Salas de Nueva República por Carlos Andrés Robles Obando del PUSC.
— La Comisión de Asuntos Económicos reeligió a Vanessa de Paul Castro Mora del PUSC como presidenta y a Olga Morera Arrieta de Nueva República en la secretaría.
— La Comisión de Asuntos Hacendarios reeligió a Paulina Ramírez Portuguez del PLN como presidenta y a Carlos Felipe García del PUSC como secretario.
— La Comisión de Gobierno y Administración reeligió a Fabricio Alvarado Muñoz de Nueva República como presidente y a Luis Diego Vargas Rodríguez del PLP como secretario.
— La Comisión de Asuntos Jurídicos reeligió a Jorge Dengo Rosabal del PLP como presidente y sustituyó a Daniela Rojas Salas del PUSC con su compañero Alejandro Pacheco Castro en la secretaría.
— La Comisión de Asuntos Sociales reeligió a Andrea Álvarez Marín del PLN como presidenta y a Rosalía Brown Young de Nueva República en la secretaría.
— La Comisión de Redacción reeligió a la oficialista Paola Nájera Abarca como presidenta y a la liberacionista Rosaura Méndez Gamboa como secretaria.
