En principio el acuerdo de Incopesca sostuvo que consultaron a organizaciones estatales como el Parque Marino del Pacífico, Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Núcleo Náutico Pesquero del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Universidades como la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Técnica Nacional (UTN), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y a productores de agua dulce y marina.

La falta de la existencia de criterios y justificaciones de peso para la explotación de las especies alertó a la diputada del partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, quien dio a conocer la situación y enfatizó en la posibilidad de que esto facilite el tráfico de especies silvestres, su cautiverio o la sobreexplotación de ecosistemas sensibles.

Mientras que, el Frente Amplio, a través del diputado Ariel Robles Barrantes, presentó un recurso de amparo en el que se hace hincapié en que hay violación al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo ordenan los artículos 50 y 89 de la Constitución Política.