El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, firmó esta mañana la Ley N° 10.369 contra el crimen organizado, luego que fuera aprobada ayer por el Plenario de la Asamblea Legislativa en una votación de 47 vs. 2.
La nueva ley busca fortalecer los tribunales especializados en crimen organizado y que los casos vinculados a la delincuencia organizada se tramiten en una jurisdicción especializada con plazos más amplios.
Orlando Aguirre Gómez, presidente del Poder Judicial y quien asistió al acto de firma, afirmó que la aprobación de esta iniciativa es el fruto del compromiso de los Tres Poderes de la República, y que era una muestra de que el camino para afrontar los problemas que aquejan el país era el diálogo, el compromiso y la sana unión de todos los que pueden encauzar medidas con ese propósito.
Todas y todos tenemos el mismo norte: que las familias, que la sociedad tengan tranquilidad, que las comunidades prosperen con una cultura de paz, que se fortalezca la justicia y la democracia. Estamos muy agradecidos con el aporte de todas las fuerzas ciudadanas que se han unido para que este proyecto sea una realidad.
Aguirre afirmó que la entrada en vigencia de la reforma era un paso importante pero que aún quedaba mucho camino por recorrer, y que ante ello ratificaba el compromiso del Poder Judicial por impulsar proyectos en corriente legislativa y otros que estarán presentando posteriormente para atender la problemática de la criminalidad.
Por su parte Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que este martes era un día especial y que el mensaje más importante que se envía hoy, y que quería enfatizar, era que en Costa Rica cuando los Tres Poderes de la República se unen en una causa común, ese fin se puede lograr en condiciones de tiempo especiales y rompiendo récords, recordando que la Fiscalía urgió que este proyecto fuera ley antes del 7 de junio.
Pudimos haber escuchado mil criterios más porque en temas legales siempre hay criterios diferentes, pero fuimos lo suficientemente responsables para acatar y respetar la institucionalidad del país y decir: 'vamos a darles lo que nos están pidiendo quienes tienen a su cago el cumplimiento de la ley en Costa Rica', y de eso me siento orgulloso, me siento orgulloso del esfuerzo que hicimos los diputados en estas semanas de largas semanas de trabajo.
Arias dijo que la firma de esta ley transmite un sentimiento de tranquilidad de que se le cumplió a Costa Rica y que esperaba que en otras causas también se pudieran unir esfuerzos para sacar adelante más propuestas.
Chaves Robles sancionó la firma junto con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde y ahora solo resta su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para que entre a regir.
Tras plasmar su firma en el decreto-ley, el presidente de la República Chaves afirmó que por años se ha visto a la delincuencia y a la violencia aumentar en el país, y que la gente inteligente no se alegraba del mal de muchos: "Tristemente también tenemos que reconocer que en América Latina y el Caribe ese es un fenómeno que e ha extendido, pero que en Costa Rica no vamos a permitir que siga creciendo".
El mandatario dijo que las cifras indicaban realidades frías, pero que cada vez que a un padre o madre le asesinaban a uno de sus hijos en las comunidades menos favorecidas del país, eso generaba sufrimiento en las familias: "Normalmente a quienes asesinan son a los de abajo de las estructuras criminales, ellos están poniendo la carne de cañón, por eso hay que aprender, juzgar y encarcelar a los cabecillas, y esta ley nos va a ayudar mucho en esto".
Chaves afirmó que el crimen organizado ha penetrado la institucionalidad y que se va a combatir con acciones decisivas y valientes. Agregó que la tranquilidad y seguridad de los costarricenses debe librarse sin demora y sobre todo sin egoísmos, con espíritu patriótico por el bien de la mayoría, y que debía involucrar a todos los poderes, actores políticos y ciudadanos.
Asumimos el compromiso de convocar este proyecto de ley en sesiones extraordinarias, atendimos el llamado del Poder Judicial que señaló la urgencia de aprobar esta reforma antes del 7 de junio; la Asamblea Legislativa comprendió la importancia del proyecto y se sumó con patriotismo y solidaridad, ellos sabían que no podíamos demorar un tema de esta magnitud, que como país íbamos a correr el riesgo deponer en libertad a personas acusadas de delincuencia organizada, y que bajo la normativa anterior ya habrían sobrepasado los plazos de prisión preventiva que ahora con la reforma vamos a poder ampliar. Yo sé que este es un tema muy controversial, y los detalles constitucionales sobre todo del artículo 2 de esta ley serán debate por mucho tiempo; yo respeto a las personas que han hecho comentarios de fondo bien intencionados, pero aquí habló una gran mayoría de la Asamblea Legislativa en las dos votaciones que tuvo este proyecto, y por eso hoy lo firmé.
El presidente destacó que la reforma da mejores criterios al Poder Judicial para designar personal en la jurisdicción de crimen organizado, que refuerza las evaluaciones de desempeño para garantizar la probidad de los funcionarios, y que los delitos cometidos por bandas de delincuencia organizada tendrían sanciones más severas y contundentes.
Chaves prometió que se instruirá a La Gaceta para que hoy mismo se publique la ley y aprovechó para pedir a la Asamblea que ayude a las fuerzas policiales, al Poder Judicial y al país con la aprobación de los cinco proyectos de ley planteados semanas atrás en materia de seguridad.
La ley
La nueva ley modifica los requisitos específicos para ser considerado juez o juez tramitador en los Juzgados y Tribunales Especializados en crimen organizado, y se establece un incentivo salarial para quienes ocupen estos cargos.
Asimismo indica que las personas que trabajen en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada deberán ser evaluadas cada dos años para verificar su idoneidad en el cargo. Esta evaluación podrá ser solicitada por instancias superiores o entidades encargadas de supervisar los deberes de probidad. En caso de obtener resultados desfavorables en la evaluación, la autoridad que realizó el nombramiento puede revocarlo y regresar a la persona a su puesto original.
Ante la apertura de un procedimiento disciplinario o penal, la jefatura correspondiente podrá tomar la medida administrativa de regresar al funcionario investigado a su puesto original, si está debidamente justificado.
Adicionalmente se establece que los empleados de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada cuentan con protección especial en casos de riesgo relacionados con sus funciones.
El texto también señala que los empleados de la Jurisdicción Especializada podrán ser asignados a tareas en la jurisdicción ordinaria según las necesidades institucionales, y viceversa en casos específicos y para diligencias particulares, sin recibir el incentivo salarial correspondiente.
También habilita que los casos de delincuencia organizada puedan ser procesados tanto en la jurisdicción penal ordinaria como en la Jurisdicción Especializada, y los actos procesales realizados en la jurisdicción ordinaria previa a la creación de la Jurisdicción Especializada mantendrán su validez.
Un aspecto medular para la Fiscalía es que en los procesos de delincuencia organizada que se llevan a cabo en la jurisdicción ordinaria, no se requerirá una resolución judicial adicional, y se aplicarán las normas del Código Procesal Penal relacionadas con los plazos para casos de tramitación compleja.
Finalmente, se establecen plazos específicos para la investigación, etapa intermedia, prisión preventiva, continuidad y suspensión del juicio, deliberación y dictado de sentencia, los cuales se duplican en comparación con la jurisdicción ordinaria.
