El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, compareció ante el Plenario de la Asamblea Legislativa este miércoles mediante un artilugio reglamentario para urgir a los congresistas a aprobar con prontitud el proyecto de ley de reforma a la ley que creó la jurisdicción especializada en crimen organizado, que entrará en vigencia el 8 de junio.
Pese a que el Reglamento no contempla que el fiscal general pueda asistir al Plenario para dirigirse a las diputaciones como sí se contempla en el caso de los ministros, las jefaturas de fracción habían acordado decretar un receso ficticio durante el cual Díaz Sánchez haría una exposición y hasta recibiría preguntas de los legisladores, al mejor estilo de una interpelación.
El fiscal recordó que el expediente 23.090 es impulsado por el Poder Judicial y que tiene varios objetivos, pero en especial el ampliar las facultades que van a tener los juzgados e incluso el Ministerio Público en la nueva jurisdicción especializada en delincuencia organizada.
Díaz arrancó su exposición abordando la controversia de si el artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada está derogado o no, pues de esa determinación podría depender la legalidad de las intervenciones telefónicas hechas en sonados casos como Cochinilla y Diamante. Tras hacer una línea de tiempo sobre la normativa promulgada por el Congreso que terminó generando la confusión, el fiscal alegó que ya los tribunales de apelación de sentencia que han conocido de los alegatos de defensores que invocan la presunta derogatoria, han rechazado en al menos 60 ocasiones la presunta derogatoria; y que hasta ahora son esos tribunales la más alta instancia que ha decidido al respecto.
Posteriormente el fiscal alegó que aunque el artículo no está derogado, de su existencia no depende que los casos de delincuencia organizada puedan ser declarados como tales, afirmando que de ello depende el artículo 1 que no ha sido derogado y varios otros artículos sobre los cuales no ha habido mayor controversia.
Díaz explicó que la ley impulsada por el Poder Judicial, y que ya fue votada en comisión, aclara cuáles casos se tramitarán bajo jurisdicción ordinaria y cuáles bajo la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, que si bien ya existe en la ley que entrará a regir el 8 de junio, plasma una "mejor redacción".
La iniciativa también daría plazos de 48 horas para que un juez ordinario determine si un caso bajo su conocimiento debería tramitarse bajo el procedimiento de crimen organizado; y que el fiscal general subrogante pueda realizar las peticiones, y no solo la persona titular.
La redacción también contempla que una vez se haya declarado que un caso es de crimen organizado, ello no podrá apelarse ni el juez a cargo del caso podrá luego renunciar a la competencia de forma oficiosa, de modo que toda impugnación a esa declaración deberá hacerse antes de que sea emitida.
La iniciativa, explicó el fiscal general, también permitiría que casos de delincuencia organizada sean juzgados por la jurisdicción ordinaria según se considere necesario. Díaz defendió ello alegando que si se concentran en una sola jurisdicción todos los casos de crimen organizado del país, requerirán una estructura y presupuestos "gigantescos".
El fiscal destacó la ampliación de plazos que contempla la iniciativa señalando que los casos de delincuencia organizada son muy complejos, involucran varias fiscalías, gran cantidad de personas y que los procesos se hacen extensos con juicios que duran de dos a cuatro meses.
Díaz destacó también que la ley permitiría a un juez fijar plazos para que el Ministerio Público lleve a término las acusaciones y determine si acusará o no a alguna persona, en un término de hasta 24 meses; que se duplican los plazos de la etapa intermedia (una vez el MP hace la acusación), y que se duplican los plazos ordinarios de prisión preventiva.
"Esto es importantísimo porque como les he indicado, en casos normales la duración de un proceso con acusación del Ministerio Público es de 9 meses actualmente y estos casos no son ni siquiera por asomo casos similares a un proceso ordinario, sino que son ya, como les he indicado, procesos bastante amplios. Entonces aquí también resulta importante que los plazos ordinarios de la prisión preventiva se dupliquen para que podamos ejercer nuestra nuestra nuestra labor correctamente", alegó.
La iniciativa también duplicaría los plazos previstos para la continuidad y la suspensión del debate; pasaría a 10 días hábiles el plazo para deliberación de los jueces una vez que ya recibieron toda la prueba y declararon cerrado el juicio; a 20 días hábiles para redactar la sentencia; y duplicaría los plazos para interponer y tramitar los recursos de apelación de sentencia y de casación.
Díaz reiteró en las "consecuencias graves" que tendría para el país la no aprobación de esta iniciativa, señalando que al menos 10 cabecillas de grupos criminales saldrían libres el 7 de junio próximo ante el vencimiento de los plazos de prisión preventiva.
Le solicitaría a cada una de las diputadas y señores diputados aprobar este proyecto de ley. Resulta de vital trascendencia en este caso para el país. Ustedes estarían poniendo una piedra muy importante en la lucha contra el crimen organizado y le estarían dando herramientas que ahorita el Ministerio público ocupa para poder hacer frente a estas investigaciones.
En el espacio de preguntas se reiteró la controversia sobre la presunta derogatoria del artículo 2, de la mano de Pilar Cisneros Gallo y la liberacionista Carolina Delgado Delgado. En esos espacios el fiscal afirmó que el artículo no estaba derogado, que no era determinante para las declaratorias de crimen organizado, y cuestionó la "argumentación legal" de la diputada Delgado para insistir en que el artículo estaba derogado.
Gilbert Jiménez Siles, diputado del PLN, afirmó que 17 de los 19 legisladores de su partido están a favor del proyecto; mientras que Leslye Bojorges León dijo que toda la bancada de nueve congresistas estaba a favor, y en un comunicado de prensa posterior el partido dijo que "debe aprobarse en primer debate esta misma semana".
Este jueves se conocerá la moción de vía rápida, la cual daría plazo de cuatro días hábiles para la presentación de mociones de fondo, las cuales el Plenario conocerá con discusión en 14 sesiones consecutivas, y si aún quedaran mociones vencidas esas 14 mociones, se votarían las restantes sin discusión alguna.
Breves
— La Comisión de Nombramientos definió los cuatro nombres que recomendará al Plenario Legislativo para llenar la vacante en la Sala I de la Corte Suprema de Justicia (expediente 23.297):
- Jorge Leiva Poveda.
- Alexandra Alvarado Paniagua.
- Luis Diego Ramírez González.
- Jessica Jiménez Morales.
— La Comisión de Asuntos Agropecuarios rechazó el expediente 23.238 que era la propuesta de "indemnización" del Gobierno a los productores afectados por la "Ruta del Arroz" que consistió en reducir aranceles de importación.
