Martha Rodríguez González demandó al Consejo de Gobierno por nombrar un suplente “pro tempore” en su lugar
La representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, que actualmente se encuentra suspendida por decisión del Consejo de Gobierno, presentó este miércoles una demanda ordinaria contra la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez y el Consejo de Gobierno por el nombramiento de José Luis Castro Vásquez, como suplente “pro tempore” del movimiento sindical.
José Luis Castro Vásquez fue anunciado como representante del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja el pasado 8 de febrero, a pesar de que el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) ratificó la designación de Rodríguez González como su representante ante la Caja, por lo que también fue incluido en la demanda presentada por Rodríguez González.
Dato D+: El artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que, “si una Asamblea de Representantes no se reúne, no se celebra dentro del plazo fijado reglamentariamente o no elige al miembro de Junta Directiva respectivo, el Consejo de Gobierno lo nombrará libremente”, artículo que habría utilizado el Ejecutivo para nombrar ese remplazo, y ahora deberán defender en la vía judicial.
Según detallaron desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) en un comunicado de prensa en sus redes sociales, adicionalmente, se presentó una medida cautelar urgente “contra la resolución arbitraria del gobierno de separarla de su cargo como directiva y representante laboral, violentando el derecho constitucional y principio de legalidad. La medida cautelar tiene como objetivo que se restablezca el estado de derecho y la reinstalación inmediata en su cargo”.
Desde Undeca añadieron que "en este proceso se argumenta de fondo el haberse violentado el principio de legalidad y derecho constitucional y se solicita el resarcimiento por daño moral, objetivo y subjetivo".
El Consejo de Gobierno suspendió desde el pasado 7 de diciembre a cinco directivos de la CCSS por, supuestamente, haber acordado descongelar el ajuste salarial del 2020 estando en supuesto conflicto de intereses por tener familiares directos que trabajan en la Caja. A la fecha se mantienen suspendidos Esquivel Rodríguez, así como José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas, Maritza Jiménez Aguilar, representante de las asociaciones solidaristas, y Carlos Salazar Vargas, representante del Poder Ejecutivo, mientras que el representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) Jorge Hernández Castañeda renunció a su cargo tras el anuncio de la suspensión.
A inicios de año, según informó La Nación, la auditoría interna de la CCSS encontró que los directivos suspendidos no cayeron en un conflicto de interés al aprobar el ajuste salarial, pues la decisión era un “acto administrativo de alcance general” y no específicamente para favorecer a personas concretas, trayéndose abajo la principal tesis del Ejecutivo para justificar la suspensión de los directivos. Ese informe fue objetado por la presidenta Ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, por considerarlo insuficiente y sigue pendiente de ser resuelto.
Adicionalmente, la Sala Constitucional tiene en estudio, desde el pasado 18 de enero, un recurso de amparo formulado desde el año pasado por más de 10 sindicatos que conforman la "Unidad en la Acción Sindical", a favor de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que fueron suspendidos de su cargo por decisión del Consejo de Gobierno.
