Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica tuvieron una audiencias con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.
En una audiencia convocada por la Comisión de Asuntos Económicos, el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica volvió a dejar clara su posición en contra con respecto al expediente 22.530 que pretende aumentar la vida útil de los autobuses que cumplieron 15 años de funcionar.
Tras casi tres meses de no discutir la iniciativa, las diputaciones escucharon a representantes del movimiento, quienes indicaron que rechazan el texto actual y recordaron que la no consulta a las personas con discapacidad es una violación a los Derechos Humanos.
Entre las soluciones que plantearon, puntualizaron en la necesidad de crear una mesa de trabajo con las diputaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y las personas con discapacidad, para construir de manera conjunta un nuevo proyecto que no lesione los derechos humanos de ningún sector social.
El movimiento detalló en los cambios que proponen:
- Modificación a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078, para ampliar el plazo a 6 meses para el cambio de flotilla, de las micro, pequeñas y medianas empresas de autobuses (Mipymes), con los lineamientos técnicos de accesibilidad y diseño universal, contemplados en la Ley N° 7600, su reglamento y los instrumentos internacionales ratificados por el país.
- Modificar la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo N° 8634, para incorporar al sector autobusero (Mipymes de zonas rurales) como sector productivo beneficiario de los fondos para banca para el desarrollo.
Como parte del Movimiento estuvieron presentes: Gilberto Pochet Fonseca, Luis Flores Jiménez, Katya López Alvarado y Nicole Mesén Sojo.
"No se puede ayudar a un sector lesionando los derechos de otro sector"
Entre los argumentos de los congresistas que defienden la propuesta están la defensa a los usuarios de transporte público que se pueden ver afectados por el vencimiento del periodo útil.
El diputado del partido Nueva República, Pablo Sibaja Jiménez, puso el ejemplo de una comunidad alejada del cantón de Atenas, donde los habitantes le han dicho que el bus, operado por Coopetransatenas, es el único medio de transporte para que muchas personas vayan a estudiar o a trabajar. Por tanto, si se sacan de circulación los buses, quedan sin medios para movilizarse.
Yo entiendo perfectamente lo que hoy ustedes están reclamando y en su derecho están, pero también hay otro grupo de población se pregunta ¿Qué va a pasar con nosotros si no nos dan un servicio de transporte?"
El diputado Sibaja Jiménez dijo que estas personas se quedarían sin el transporte "por tecnicismos" y podrían sentenciar a la quiebra a la cooperativa porque no tienen la capacidad económica de asumir los compromisos para tener flotilla nueva.
Mesén Sojo respondió que no es un tema de tecnicismo, es un tema de legalidad. "Se están violentando derechos humanos que están en la legislación", enfatizó.
La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo Arce, dijo que la lucha de la organización es "muy válida", pero seguidamente señaló que la población está preocupada porque se pueden quedar sin servicios de autobús. Asimismo, coincidió con Sibaja Jiménez en que el contexto puede llegar a incentivar al transporte informal, sin seguros y con altos precios.
Si no damos un aire, hay muchas comunidades que no van a tener bus ni bueno, ni malo, ni con rampa, ni sin rampa", comentó la socialcristiana.
Carballo Arce puso en duda la intención del colectivo debido a que le informaron que Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) intentó conversar con ellos pero estos desistieron. Ante esto la líder de la agrupación le respondió:
¿Quiénes son los tomadores de decisiones, los empresarios o ustedes? Nosotros nos reunimos con ustedes que son los tomadores de decisiones".
Mientras que, Kattia Rivera Soto de Liberación Nacional, indicó a la organización que la preocupación primaria es ese grueso de la población que próximamente no va a tener como trasladarse a sus trabajos. "Tenemos que lograr un equilibrio para que ahorita no quede sin servicio cientos de unidades".
Tras los argumentos, Mesén Sojo recordó:
Es importante que dejen de segregar a un lado la población usuaria y al otro lado la población con discapacidad. No se puede ayudar a un sector lesionando los derechos de otro sector. Hemos estado siempre anuentes y hemos reconocido que existe una problemática, nunca hemos dicho que no".
Posteriormente, Sofía Guillén Pérez, del partido Frente Amplio, agrupación que se ha mantenido con la posición negativa a la iniciativa, recordó que ellos no desean que los buses desaparezcan. Añadió que ha presentado mociones para que la iniciativa se le aplique solo a pequeñas empresas y cooperativas, debido a que "el texto base le aplicaba a las grandes también".
La frenteamplista mencionó que el gobierno tiene a su disposición 270 millones de dólares en un fondo de avales de dinero que ya existe para ayudar a sectores golpeados por la pandemia y que no se ha usado.
