Marta Acosta pidió desechar la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y empezar de cero una nueva.

La contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, compareció el día de hoy ante la Comisión Especial de Reforma del Estado para presentar el análisis de la Contraloría sobre la propuesta del Poder Ejecutivo de centralizar en un ministerio el sector vivienda conformado, actualmente, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) (expediente 23.450).

Al referirse al expediente la contralora hizo un llamado de atención a las derogatorias propuestas en el proyecto señalando:

Debe quedar claro que al eliminar la Ley 7052 de Creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el Banhvi, se eliminan no solo las competencias de estas entidad, sino las figuras jurídicas que tienen sustento en dicha norma.

Según indicó la contralora, el proyecto presentado eliminaría "los fondos administrados por este banco, el Fosuvi y el Fonavi con sus programas y servicios brindados actualmente a partes vulnerables de la ciudadanía quedarían ya sin continuidad legal, como el bono familiar y el programa de vivienda para jóvenes, así mismo, el Fondo de Estabilización del Mercado Secundario de Valores del Sistema, las garantías del Banco y del Estado de las operaciones de las entidades autorizados, y el marco legal de las asociaciones mutualistas y de ahorro y préstamo quedarían sin fundamento a nivel normativo”.

En su exposición la contralora concluyó “nos preocupa la visión y el abordaje encontrado en el proyecto con que se pretende atender la problemática, sin capitalizar aprendizajes. Ante la ausencia de mecanismos de articulación, coordinación y seguimientos claros para la implementación de las políticas públicas, unir o fusionar instituciones no es suficiente para fortalecer una rectoría eficaz”, y añadió: “reformas eficaces deben enfocarse en mejoras a servicios a la ciudadanía y no solamente hacia adentro de las instituciones”.

Durante el espacio de preguntas la contralora señaló que la recomendación en este tema sería empezar un proyecto de cero y señaló:

Sí, vemos importante fortalecer la rectoría, formalizarla desde el punto de vista legal, en eso me parece muy importante de la iniciativa, porque eso abre la posibilidad de poder articular y de poder tener una visión estratégica en cuanto a la realización de la política pública, pero, sí, el proyecto adolece de esos mecanismos de articulación y coordinación”.

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ya había anunciado desde enero anterior su oposición al proyecto de ley, por considerar que la propuesta contenía múltiples roces de constitucionalidad y por las derogatoria del bono de vivienda familiar.