Congresistas manifestaron haber encontrado vacíos e inconstitucionalidades en el texto para justificar su oposición al proyecto.

La bancada del Partido Unidad Social Cristiana manifestó haber encontrado vacíos e inconstitucionalidades de la propuesta del Poder Ejecutivo de centralizar en un ministerio el sector vivienda conformado, actualmente, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) (expediente 23.450).

Según informaron desde la bancada del PUSC vía comunicado de prensa la propuesta “anula por completo al actual Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y propone la creación de un mega Ministerio del Hábitat, que consideramos carente de un diagnóstico objetivo o estudios técnicos que lo respalden, sin una adecuada supervisión y control, sin una regulación conceptual clara y precisa de los programas, proyectos, créditos y la población objetivo por atender, además, el texto contiene múltiples vacíos legales y no responde a una clara política pública para el sector”.

Además, señalaron que “la iniciativa planteada por el Gobierno contiene evidentes violaciones a principios de orden constitucional, además, pretende llenar vacíos legales a través de reglamentos dictados por el mega Ministerio, lo que resulta incomprensible e inconveniente para el país”.

Desde la bancada del PUSC puntualizaron seis razones que fundamentan su posición:

  1. Desaparece el Bono Familiar de Vivienda: en el texto se deroga esta conquista social que ha permitido que 1 de cada 4 costarricenses, de los estratos más pobres, a lo largo y ancho del país goce actualmente o haya crecido en una de las más de 400 mil viviendas subsidiadas con el bono. Aunado a lo anterior, desaparecen todos los programas sociales; como el de la vivienda para la persona joven, construcción en territorios insulares, bono diferido, bono para personas adultas mayores, y el de vivienda comunitaria para personas adultas mayores en condición de
  2. Concentración del Poder: El proyecto pretende que más de 250 artículos entre leyes y reglamentos vigentes que regulan al sector vivienda actualmente, se sustituyan por un texto de 36 artículos que crea un mega Ministerio, con una concentración exagerada de poder en la figura del jerarca ministerial, sin mecanismos claros de trasparencia, supervisión, seguridad jurídica y rendición de cuentas. El texto del proyecto delega en los reglamentos la regulación de otorgamiento de derechos, requisitos, características, condiciones, prohibiciones y en general la definición de parámetros para la obtención de beneficios, créditos o subsidios. Siendo estos temas reserva de ley, por lo que transgrede el principio de transparencia, la separación de poderes y los límites a la potestad
  3. Función financiera no compatible: Elimina el Banco Hipotecario de la Vivienda y se le otorga a un Ministerio funciones financieras propias de un banco, cuando por las normas constitucionales y legales, los ministerios carecen de la flexibilidad y agilidad suficiente para dichas funciones, y sin el deber de velar por las responsabilidades que una entidad financiera está obligada a cumplir hoy día de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, y los acuerdos de Basilea y de la OCDE de los cuales el país es
  4. Cierra las Mutuales: El proyecto deroga por completo la Ley N° 7052, en esta ley se establece desde la naturaleza jurídica hasta el funcionamiento y objetivos de las Mutuales, por tanto, quedan sin un marco jurídico que habilite su funcionamiento, invalidando así el papel fundamental que han y siguen desempeñando en materia de vivienda en Costa Rica, siendo estas las que en los últimos 4 años han formalizado más del 50% de los bonos de vivienda otorgados (28.388).
  5. Nuevos impuestos: Deroga la Ley N°8683 Impuesto Solidario que tiene como destino específico financiar programas dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema, y en su lugar reforma el artículo 23 de la Ley N°7509 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles para que un porcentaje excedente al 0.25% de dicho impuesto se transfiera al Ministerio de Hacienda con el objetivo de financiar al nuevo mega Ministerio, lo cual significa que es un nuevo impuesto sin un fin específico.
  6. Inseguridad jurídica en el manejo de los Fondos: Pretende eliminar el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), el Fondo de Subsidio de Vivienda (FOSUVI) y el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) para utilizarlos en “vehículos financieros de propósito especial”, un concepto que es indeterminado, confuso, indefinido en el texto y causa preocupación e inseguridad jurídica ya que los mecanismos financieros deben estar claramente identificados en la ley.

La creación del Mihabitat

El expediente 23.450 plantea la creación de un Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat) que sería el órgano del Poder Ejecutivo que asumirá las funciones y competencias que actualmente tienen el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y del Banco Hipotecario de la Vivienda, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI y su jerarca sería quién asuma la rectoría del sector a cargo de la materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda.

La jefa de la bancada socialcristiana, María Daniela Rojas Salas, aseguró que el proyecto "no busca fusionar, para hacer más eficiente el sector, no busca fusionar instituciones para generar más viviendas sociales, y para generar empleo y para potenciar el sector construcción. Todo lo contrario, este proyecto lo que busca es crear un megaministerio y darle excesivas potestades a quién este en la cabeza del ministerio".

La fracción del PUSC aseguró que, a pesar de su oposición, se mantienen en “total disposición para trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo en la creación de una verdadera política pública para mejorar, fortalecer y potenciar al sector vivienda, promover la dinamización de la economía y brindar mayores posibilidades de acceso a vivienda digna a las familias costarricenses”.