La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente, este miércoles, un proyecto de ley presentado por la socialcristiana María Marta Carballo Arce, para entregar a las personas que aprobaron las materias de secundaria, mas no las pruebas de bachillerato, su título de conclusión de estudios en educación media.
Se trata del expediente 23.159 denominado "Ley para la Superación Académica del Bachillerato", que Carballo Arce presentó luego de que las autoridades de Educación eliminaran las pruebas de Bachillerato como requisito para graduarse en 2020 y 2021; y posteriormente las sustituyeran por las pruebas FARO, que tampoco se emplearon como requisito para obtener el título de bachilleres.
La desaparición de esas pruebas finales dejó en desamparo a miles de personas que, aunque aprobaron sus materias académicas, no pasaron la prueba de Bachillerato cuando esta existió, de modo que quedaron imposibilitados de poder obtener su título.
La proponente de la iniciativa detalló ante la Comisión de Económicos que unos 35.000 costarricenses podrán optar por su título con esta iniciativa, de los cuales el 60% tienen edades iguales o inferiores a los 24 años, y que coincidentemente ese segmento es al que más le cuesta conseguir un empleo.
El año pasado se graduaron 57.000 estudiantes sin presentar FARO ni Bachillerato. Si este proyecto logra avanzar, y espero que así sea, son 35.000 costarricenses los que van a poder optar por el título, que ganaron secundaria y solo deben Bachillerato. Esto es un tema de igualdad, equidad y justicia para estas personas.
Según dispone el texto aprobado en comisión, el Ministerio de Educación Pública quedará obligado a otorgar el título de Bachiller en Educación Media a todas aquellas personas que, antes del año 2019, tuvieran aprobadas todas las materias del programa de estudios de su respectivo centro educativo, sin tomar en cuenta los resultados de las pruebas nacionales que hayan aplicado.
Para poder acogerse a esa eventual ley, el interesado tendrá una única vez por un plazo improrrogable de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, para solicitarle expresamente al MEP que le otorgue su título de Bachiller.
La solicitud no tendrá costo para el interesado y podrá presentar toda prueba que demuestre que tiene aprobadas las materias del programa de estudios de su respectivo centro educativo. Si la solicitud es favorable para el peticionario, el MEP tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles para otorgar el título de Bachiller en Educación Media.
Carballo Arce resaltó que la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) expresaron en la consulta hecha que el proyecto de ley es trascendental para el sector de la población rezagada y con posibilidades mínimas de insertarse en el mercado laboral de manera regular.
El Ministerio de Educación Pública y el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) no respondieron la solicitud de criterio hecha por la comisión legislativa, lo que fue criticado por la legisladora socialcristiana:
El MEP y CONESUP no contestaron las consultas, es prueba clara del desinterés que ha tenido el MEP de darle herramientas a esas personas que quedaron en rezago. El Programa Estado de la Nación indica que es importante que no se abra un portillo para eliminar las pruebas: el proyecto no discute si deben o no haber pruebas, eso es discusión del MEP, esta propuesta solo busca que dado que en este momento no hay ninguna prueba, ni de Bachillerato, ni FARO, ni ninguna otra, se les reconozca [el título] a las personas que antes del 31 de diciembre del 2019 cursaron toda secundaria pero les hizo falta una prueba de Bachillerato.
La única que votó en contra de la iniciativa fue la frenteamplista Sofía Guillén Pérez, quien afirmó que si bien comparte y comprende el objetivo detrás del proyecto, considera que este violenta el artículo 81 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 81.- La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.
"Cuando yo insistía en que se aprobaran las consultas [la semana pasada] no lo hacía por joder ni mucho menos, sino porque las únicas consultas que hay tanto del Estado de la Nación como de la Universidad de Costa Rica, y el informe de Servicios Técnicos advierten que se está lesionando el artículo 81 de la Constitución Política", afirmó Guillén.
Me preocupa que se vote el proyecto sin el criterio del Consejo Superior de Educación; y en tanto no tengamos eso es un problema, porque incluso si contestaran, lo que ellos contestaron es que pedían más tiempo, pero nunca hicieron las observaciones por el fondo. Arriesgarnos a tomar una decisión sobre los requisitos de graduación no es una potestad de nosotros como diputados, nosotros no podemos hacer eso, aunque el objetivo es bueno, lo comparto y me gusta, pero no es nuestra potestad. Creo que estaríamos generando una falsa expectativa a las personas estudiantes y que después de todo el proceso termine cayéndose en la Sala [Constitucional] porque violenta el 81 de la Constitución.
La presidenta de la comisión, Vanessa de Paul Castro, clarificó que el CSE y el MEP pidieron prórroga para responder a la solicitud de criterio formulada desde septiembre del 2022, pero nunca enviaron sus observaciones sobre el fondo de la iniciativa.
El proyecto pasa ahora al Plenario para ser sometido a la eventual presentación de mociones por el resto de congresistas, de modo que tenga que volver a la comisión para ser analizado; y posteriormente se someta a discusión y votación en sus dos debates, requisito para convertirse en Ley de la República.
Condena unánime en la oposición al anuncio de suspensión de obras de la CCSS
La totalidad de las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa reprocharon la decisión de la Junta Directiva de la Caja costarricense de Seguro Social impuesta por el actual gobierno de suspender hasta nuevo aviso todas las obras de infraestructura en salud que no tenían orden de inicio, así como la compra o donación de terrenos para esos efectos.
En el debate reglado organizado para este miércoles, el oficialismo justificó la decisión alegando que fue tomada por la Junta Directiva de la CCSS y no "por el gobierno", a lo que varias diputaciones recordaron que la integración de la actual junta es responsabilidad del Ejecutivo, quien suspendió de forma legalmente cuestionable a quienes estaban anteriormente.
María Marta Carballo, subjefa de fracción del PUSC pidió al oficialismo no lavarse las manos y recordó las contradicciones entre el Presidente de la República y la presidenta de la CCSS, respecto a si la Caja está o no quebrada.
Es dolorosa esta decisión cuando afecta a provincias necesitadas como Limón.
El también socialcristiano, Carlos Felipe García, criticó el "acomodo de discurso" hecho por el oficialismo; mientras que la jefa de los mariachis, María Daniela Rojas, cuestionó que "la decisión más fácil es sacrificar proyectos de desarrollo, lo más fácil es tomar decisiones fáciles y carentes de visión a largo plazo. Suspender los proyectos no solo se debe a carencia de recursos, sino a una limitada gestión en la toma de decisión".
La diputada Rosalía Brown Young de Nueva República expresó "preocupación y enojo por suspender los proyectos, porque aunque no se dice la lista completa, ya sabemos que afecta directamente a nuestra provincia, específicamente el Hospital de Limón y el área de salud Talamanca. Limón ha sido históricamente relegada. Pido reconsiderar la suspensión de los proyectos, en especial el del hospital de Limón".
José Pablo Sibaja, también de NR, criticó la decisión por la afectación que implica para las personas que sufren años en listas de espera, así como aquellas que no reciben la atención que merecen, y las familias que sufren la pérdida de seres queridos en zonas rurales porque los hospitales regionales no tienen las condiciones necesarias para dar una adecuada atención.
Johana Obando Bonilla del Partido Liberal Progresista afirmó que la decisión adoptada iba en detrimento de todos los cartagineses.
¿Cómo es posible que se tomen decisiones arbitrarias? No hay análisis por proyecto, por costo ni por impacto a la población. Esto se nota y se ve como una improvisación ¡qué mala gestión da este mensaje! No hay gestión de proyectos aquí, hay una pésima comunicación entre gerencias. ¿Cómo vamos a ir a Guanacaste, a Cartago, que están esperando desde hace años sus hospitales? Contar con servicios de calidad, eficientes, no es un capricho.
Por su parte, la diputada Rocío Alfaro Molina del FA dijo que no es una casualidad que hace pocos meses se haya tomado la decisión de rediseñar la junta de la Caja para ponerla a tono con la visión ideológica del gobierno “y cortaron cabezas”, e hicieron nombramientos ilegales. Dijo que tampoco le parece casualidad que la última acta de la junta directiva que es pública sea de mediados de noviembre del año pasado y lo que pareciera es que hay un mandato de quebrar la Caja por medio del cierre de proyectos que ya están aprobados y que significarán gran cantidad de demandas.
Finalmente, Paulina Ramírez Portuguez del PLN criticó la omisión de los gobiernos en pagar los 2.6 billones que el Estado le debe a la Caja y pidió “ponerse la mano en el corazón y dejar de ser tan insensibles a las necesidades de la gente”. De igual forma denunció la retórica de presentar a la CCSS como una institución que está al borde de la quiebra.
