La Junta Directiva del Banco Popular fue intervenida desde el 1 de agosto del 2022,
Este 1 de marzo se cumplirán 7 meses desde que el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 43.638-MP-MTSS que le permitió tener control sobre todos los nombramientos en la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Con la justificación de ser una medida para "fortalecer la representatividad", el documento dio potestad al Gobierno sobre este órgano por ocho meses, sin embargo, cerca de cumplirse el plazo, distintos sectores denunciaron poca claridad para reestablecer el espacio.
Dato D+: La junta directiva está conformada por siete personas. La Asamblea de Trabajadores del Banco designa cuatro y el ejecutivo tres de sus integrantes. La Asamblea está conformada 290 representantes, 40 de los cuales son del sector comunal y los 250 de diversas organizaciones sociales.
El decreto establece nuevas condiciones para los 250 representantes de organizaciones en la asamblea. Ahora, cada agrupación deberá proporcionar una lista de sus miembros activos, la cual será verificada a través del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) para comprobar la identidad de cada persona.
Luego, se comparará el número de nombres en la lista con la certificación de membresía de la organización emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esta información se utilizará para calcular la proporcionalidad en la asignación de delegados. La cartera de Trabajo y Seguridad Social será la encargada de definir el mecanismo, procedimiento y requisitos para obtener la certificación de membresía necesaria.
Sin embargo, por medio del oficio DAL-OF-140-2022 enviado por la Dirección de Asuntos Laborales del MTSS en noviembre de 2022 al entonces presidente de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Abel Salas Mora, detalló que el ministerio no tiene las competencias para realizar dichas tareas. Esto debido a que no todas las organizaciones de los sectores se inscriben al MTSS, y por ende no pueden certificar información de terceros.
Tras esto, y el silencio de las autoridades los sectores que forman parte de las organizaciones que participan de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y la mesa de Diálogo Social de Sectores Sociales y Productivos, solicitaron una audiencia a la Comisión de Integración que es la encargada de establecer los delegados de cada sector, con el fin conocer los alcances y estado de situación de la ejecución del decreto, así como para conocer el nuevo proceso de elección.
Al respecto, el líder sindical y miembro de la Asamblea de Trabajadores, Lenin Hernández Navas, comentó que desde el Ejecutivo no han hecho "absolutamente nada" y les preocupa que, cerca de cumplirse el plazo, se dé una prórroga en la Junta Directiva temporal.
Es muy importante hacer notar que es el Ejecutivo que está nombrando a los representantes de los sectores del Banco Popular y tendrían la potestad de nombrar al cuerpo gerencial. Entonces sí, de una u otra forma es tomar el Banco de los Trabajadores por un interés... no quisiéramos pensar que por un interés político".
Hernández añadió que, en un momento en donde el país necesita generar confianza en la institucionalidad y que vengan de propuestas de los poderes de la República y de los grupos sociales, "sería un pésimo mensaje que intervengan el banco".
Dato D+: El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa a inicios de febrero un proyecto de ley (expediente 23.544) que busca dar mayor capacidad de decisión a la Junta Directiva del Banco Popular sobre los recursos del 0,25% del aporte patronal estipulado en la ley de los fondos especiales administrados por el Banco.
En el Banco Popular, los máximos órganos que tienen para dictar las políticas públicas financieras son su Junta Directiva y el cuerpo gerencial. Hernández explicó que en este momento el cuerpo gerencial está cerca de vencer su periodo y tiene que ser nombrado, entonces:
Al estar el banco intervenido, colocando en los siete puestos de la Junta a personas allegadas al gobierno, ellos van a escoger el cuerpo gerencial, entonces prácticamente el banco estaría tomado por el Poder Ejecutivo. Eliminando la posibilidad de que los sectores enviemos a nuestros representantes".
Detalló que esperan la audiencia solicitada para que se les indique cuál va a ser el paso a seguir y tener esa respuesta de manera formal, para posteriormente tomar las acciones legales pertinentes. Barajan un recurso de amparo o un contencioso administrativo.
No veo la posibilidad de algún movimiento popular para defender la autonomía del Banco. Sin embargo, esto dejaría un mal precedente para este gobierno de Rodrigo Chaves de transparencia, de honestidad, de respeto a la institucionalidad y de respeto sobre todo a que los sectores podamos nombrar a nuestro representantes. Creo que sería un elemento más que se sumaría el caldo de cultivo que se está gestando a nivel nacional con algún malestar importante de las políticas que se están impulsando desde Casa Presidencial".
Actualmente la Junta Directiva del Banco Popular está compuesta por:
- Genvova Chaverri Chaverri, presidenta.
- Ileana Gonzalez Cordero, vicepresidenta
- Vilma Maria Campos Gómez, directora.
- Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, director.
- Shirley González Mora, directora.
- Raúl Espinoza Guido, director.
- Eduardo Navarro, director.
Anteriormente el gobierno había nombrado como presidente de la Junta Directiva a Abel Salas Mora, quien años atrás fue castigado por hostigamiento sexual cuando laboraba como profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Meses atrás la diputada del Partido Liberación Nacional, Monserrat Ruiz Guevara, alertó en el plenario sobre la situación y dijo que el decreto es una clara intención de intervenir el banco y enfatizó en el secretismo con el que actuó el Gobierno para informar sobre el tema. Para ella es una falta de respeto a la institucionalidad y el funcionamiento de la gobernanza.
En su mensaje la liberacionista criticó la medida porque afecta la autonomía de las organizaciones sociales, resta representatividad a las personas trabajadoras, no se hizo por medio de consulta pública y tiene graves problemas de legalidad.
