El vínculo político entre los miembros del Poder Ejecutivo y este trol ya ha generado apertura de procesos en instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones y el Colegio de Periodistas y la Procuraduría de la Ética.

Incluso, la Fiscalía General de la República ya abrió una investigación de oficio en contra de la ministra Chacón Madrigal por el pago a troles para atacar periodistas y medios de comunicación.

Según la Oficina de Prensa del Ministerio Público, la investigación se lleva por presunto peculado, delito que comete el funcionario público que sustrae o distrae dineros, o bienes del erario público, cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo; y que se castiga con cárcel de 3 a 12 años.