El pasado 11 de octubre Costa Rica logró una de las dos plazas disponibles para el Grupo de países de América Latina y el Caribe en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2023-2025. Con esto volverá a ocupar una de las 47 sillas del Consejo como lo hiciera entre 2011 y 2014. La membresía en el mayor foro de discusión sobre los derechos humanos siempre debe ser una aspiración del país ya que en el ámbito multilateral un país como el nuestro eleva exponencialmente su peso político, especialmente en los temas donde somos reconocidos como potencia mundial como la paz, el desarme, desarrollo sostenible y por supuesto, los derechos humanos.
Cuando un país decide hacer de la promoción de los derechos humanos un pilar de su política exterior se ve enfrentado a múltiples dilemas. Esa postura puede entrar en conflicto con el mantenimiento de relaciones amistosas con otros gobiernos. Un país como Costa Rica, pequeño en tamaño y poderío económico, generalmente no interpelará bilateralmente a un país con el que tiene relaciones diplomáticas, pero puede enfrentar escenarios en el plano multilateral, ya sea a nivel regional o universal, donde deba tomar una decisión. Sin duda un foro multilateral ofrecerá mayores ventajas para abordar la situación en un país ya que una resolución tendrá un fuerte peso por la intersubjetividad y un costo político menor.
En el ámbito regional nuestro liderazgo en derechos humanos es sumamente reconocido por haber sido sede de la adopción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1969 (Pacto de San José) y posteriormente por albergar la sede de la Corte Interamericana y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Pero también a nivel global el país también ha hecho la tarea. En 1965 Costa Rica presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas la idea de crear un Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y se decide instaurar un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos presidido por el costarricense Fernando Volio Jiménez. Sin embargo, la Guerra Fría no permitió que la idea cristalizara. Al inicio de los noventas, en un contexto internacional diferente, era evidente que la Secretaría de las Naciones Unidas eran incapaces de responder efectivamente a las violaciones flagrantes de derechos humanos. Con el advenimiento de la Conferencia Mundial en Viena en 1993, se propuso la creación de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en varias reuniones preparatorias, pero especialmente en la celebrada en San José de Costa Rica. En el Programa de Acción de Viena se propone la creación de esta figura y ese mismo año la Asamblea General de la ONU adopta la resolución 48/141 mediante la cual se crea dicho mandato.
De la misma forma, una de las mayores luchas contra los tratos crueles y degradantes lleva sello nacional. La prohibición de la tortura es uno de los preceptos más claros en materia de derechos humanos. No admite excepciones ni derogaciones. En esta materia, el gran aporte de Costa Rica reside en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, adoptado por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002. Costa Rica ejerció la presidencia y relatoría en las 10 sesiones del Grupo de Trabajo que modeló el instrumento a través de Elizabeth Odio Benito, Jorge Renán Segura y Carlos Vargas Pizarro. El Protocolo Facultativo cuenta con dos pilares para luchar contra la tortura. Por una parte, establece la obligación por parte de los Estados de crear sus propios mecanismos nacionales de prevención; y por otra establece un mecanismo supranacional de prevención: el Subcomité de la Prevención de la Tortura. La misión de dichos mecanismos es realizar visitas periódicas a cualquier lugar de detención donde se encuentren privados de libertad para fortalecer su protección contra tratos crueles y degradantes.
En el Consejo de Derechos Humanos, tanto de miembros como observadores, Costa Rica ha jugado un rol fundamental en una gran variedad de temas, pero todos muy asociados al ADN costarricense. Basta repasar la lista de resoluciones que el país ha liderado para constatarlo. Hay que mencionar que, en la práctica del Consejo, un proyecto de resolución generalmente es presentado por varios países y para que tenga más peso, se busca que sean de diferentes grupos regionales. Costa Rica, por ejemplo, ha encontrado aliados fundamentales como Suiza, Eslovenia, Marruecos y Maldivas, entre otros.
Los proyectos de resolución representan una apuesta de un país o grupo de países por un tema específico. Las razones por las que un país decide apostar su nombre en un proyecto de resolución pueden ser variadas, pero siempre representa un gran compromiso. Dentro de las ventajas que esto supone tenemos que el país será visto como un “campeón” del tema a nivel internacional. Desde la creación del Consejo de Derechos Humanos Costa Rica ha presentado, en conjunto con otros países, proyectos de resolución en los siguientes temas:
Educación y formación en derechos humanos. En 1994, a iniciativa de nuestro país, mediante la resolución 49/184 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos. En 2004, se llegó a la conclusión que era mejor adoptar un Programa Mundial sobre Educación en Derechos Humanos. Ya dentro del Consejo el país lideró el proceso que llevó a la adopción de la Declaración sobre Educación y Formación en Derechos Humanos.
Promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. Esta resolución surgió en el contexto de la Primavera Árabe, la cual recorrió el Norte de África y varios países del Medio Oriente, especialmente en 2011. El fenómeno vio el empoderamiento de miles de ciudadanos, principalmente jóvenes, que protestaron por la opresión política y las condiciones económicas y sociales en sus países. La resolución no busca reconocer un nuevo derecho humano sino el reconocimiento de los derechos de libertad de opinión y expresión y de asociación pacífica y asociación.
Derechos Humanos y medio ambiente: Esta resolución se presentó por primera vez en 2011 y ha evolucionado considerablemente desde la fecha. Tiene su origen en resoluciones sobre desechos tóxicos y cambio climático, pero se fue separando paulatinamente de ellas. En 2012 se da un salto cualitativo al nombrar un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Con los años se va encuadrando la resolución en la Agenda 2030 adoptada a mitad de la década pasada y finalmente en 2021 se logra proclamar un derecho a un medio ambiente limpio, sano y equilibrado, lo cual fue refrendado por la Asamblea General este mes de Julio.
Orientación sexual e identidad de género: sin duda uno de los temas más progresistas dentro del Consejo de Derechos Humanos, el cual tuvo su logro más tangible cuando por medio de la resolución 32/2 del 2016 en la que se instaura, por estrecha votación, un experto independiente sobre la protección contra la discriminación y violencia de las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. Ese puesto lo ostenta en la actualidad el costarricense Víctor Madrigal Borloz. También promovimos resoluciones sobre “La objeción de conciencia al servicio militar”; “Impacto de la transferencia de armas en los derechos humanos de los conflictos armados” y “la cuestión de la pena de muerte”.
En esta segunda participación de Costa Rica como miembro del Consejo de Derechos Humanos el país debe ejercer un liderazgo para buscar que el foro tenga mayor impacto, que sus métodos de trabajo sean eficientes lo mismo que la ejecución de los recursos, que sus mecanismos subsidiarios cumplan sus objetivos y, sobre todo, que las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en todo el mundo tengan voz, aliento y esperanza.
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