Hay algo que pasa en Costa Rica desde hace mucho tiempo y es el hecho de que conociendo los problemas estructurales que tenemos, nos cuesta mucho enfrentarlos y buscarles solución; lo más común y más sencillo es dejar para después estas soluciones, como dicen popularmente “patear la bola” y que todo siga igual. ¡Como nos cuesta ser estrictos en estas cosas!
Lo que está pasando con darle una dispensa de trámite al proyecto de ley 23.471, para agilizar el trámite legislativo con el fin de posponer la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) no es nada nuevo. Hay una larga historia de resistencia y posposiciones. No es porque les falte a las instituciones tiempo para prepararse, y tampoco lo es, que los reglamentos no estén publicados, porque el mismo ordenamiento jurídico indica que se requiere primero la vigencia de la ley para que una norma inferior, como lo son los reglamentos se publiquen, ese es el orden correcto.
Adicionalmente, el ministro de Hacienda manifestó a medios de comunicación que los reglamentos están listos, solo falta que los envíen a publicar. Así que ese no es el problema.
Desde el año 2010, este país ha tratado de tener un sistema único de compras mediante procesos transparentes, eficientes y competitivos, hace más de 12 años se han hecho intentos y siempre pasa lo mismo. Por eso, el decir que no hubo tiempo para capacitación, para coordinar internamente, entre otras razones, son solo escusas y justificaciones sin fundamento.
Se ha intentado en los años: 2010, 2013, 2014, 2016, 2020, pero sin éxito, y se tuvo que hacer esta ley —aprobada en mayo del año 2021— para obligar a todo el Estado Costarricense a cumplir con las mejores prácticas para combatir los vicios que se dan en los procesos de contratación pública. A algunos sectores no les sirve que la nueva Ley de Contratación Pública entre en vigencia, el tener transparencia y controles en esta materia es algo que no les conviene.
Esta es una ley muy buena, necesaria y estructurada, donde participaron en su construcción la Contraloría General de la Republica y muchos otros actores.
Es una ley que trae medidas anti-corrupcion.
Es una ley que viene a transparentar todos estos procesos, simplifica los trámites, disminuye los tiempos de respuesta, permite a los interesados conocer los términos, los oferentes, adjudicatarios y montos pactados, entre otra mucha información.
La ley aprobada —y que entra en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año— reemplazaría la Ley de Contratación Administrativa de 1996 y elimina diferentes regímenes de contratación, con el fin de que todo el aparato estatal utilice los mismos parámetros y mecanismos.
Actualmente para los proveedores del Estado existe un universo de normas que no brindan seguridad jurídica, de instituciones públicas disgregadas y que operan con leyes y reglamentos diferentes.
Necesitamos con urgencia que el país pueda tener orden, transparencia, controles y eficiencia en todos los procesos de contratación pública.
A mis compañeras y compañeros diputados les insto a votar en contra y no apoyar iniciativas que pretenden posponer la entrada en operación el próximo 1 de diciembre de la Ley General de Contratación Pública.
La ciudadanía, a la cual nos debemos, nos lo va a agradecer. Seamos verdaderos padres y madres de la patria y asumamos con responsabilidad nuestras funciones constitucionales.
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