La última sesión del I periodo de sesiones ordinarias de la actual Asamblea Legislativa fue acaparada por la discusión sobre la inexistencia de la normativa legal necesaria para sancionar a congresistas por faltas al deber de probidad.
La discusión se originó porque el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez (PLN), recomendó al Plenario Legislativo el archivo del expediente 23.160 el cual trasladaba la resolución N° 3819-E7-2022 del Tribunal Supremo de Elecciones, en contra del diputado Gilbert Jiménez Siles (PLN). Al diputado se le encontró responsable de faltas administrativas durante su gestión como alcalde de Desamparados y se le establecía una suspensión de 25 días sin goce de salarios o dietas.
Tras haber recibido informes de la Procuraduría General de la República y el TSE, Arias recomendó el archivo del expediente, ante la ausencia de normativa legal que permita sancionar a un congresista por faltas cometidas en un cargo previo a haber sido investido como diputado de la república.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, recordó que desde el 2010 la Sala Constitucional le señaló a la Asamblea Legislativa la necesidad de que se apruebe un régimen disciplinario para diputados y diputadas.
Adicionalmente, Acuña recordó que desde el 2018 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional para que se puedan retirar las credenciales a un congresista por faltas al deber de probidad, sin embargo, se requiere la aprobación de una ley específica que reglamente ese procedimiento. El problema es que desde entonces, la Asamblea Legislativa no ha aprobado dicha ley.
Acuña hizo un llamado al Plenario a que se alcancen los acuerdos políticos necesarios para que se apruebe la ley necesaria a fin de evitar situaciones como la que se presentó en este caso. Acuña hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que un proyecto para sancionar a congresistas por faltas al deber de probidad (expediente 21.515) sea incluido en las convocatorias durante las sesiones extraordinarias, que inician mañana 1 de noviembre y se extenderán hasta el 31 de enero del 2023.
La posición de Acuña fue secundada por todos sus compañeros de fracción, así como por intervenciones de otras fracciones, lo cual extendió la discusión del asunto hasta el final de la sesión.
La diputada oficialista, Pilar Cisneros Gallo, llamó la atención sobre la necesidad de aprobar la ley para sancionar a congresistas por faltas al deber de probidad, y recordó que su fracción presentó una moción de texto sustitutivo al expediente 21.515. Adicionalmente, Cisneros cuestionó la decisión del presidente de la Asamblea de someter a votación el archivo del informe, ya que, a su criterio, eso debía ser un acuerdo de la Presidencia Legislativa y solo debería ser conocido por el Plenario en caso de que se le presentará una moción de revisión a dicho acuerdo.
Por su parte la diputada Roció Alfaro Molina (FA), anunció que votaría en contra de la propuesta de archivo señalando:
Si bien parece que no hay alternativa, yo me niego, francamente, me niego, a votar a favor de esa resolución de la Presidencia. Pues, si la resolución de la Presidencia solo puede ser aprobada, pues no nos corresponde votarla, entonces la resolución se da, y la única forma de votarla es si se da una apelación, pero por qué tenemos todos y todas que aparecer sumándonos a esto, que realmente responde a un vacío, que no se ha querido llenar”.
Alfaro añadió que “¿cómo si ha habido voluntad política para estar moviendo proyectos de leyes que, por ejemplo, podrían cuestionar artículos y leyes que podrían dejar libres, también, a algunas personas que están haciendo fila en los juzgados? Entonces, como que las cosas se mueven a conveniencia, si está para bien de nuestros “amigos”, entonces las cosas van, van rápido, y se mueven en la dirección de poder facilitar una situación a algunos que están esperando juicio (…) yo no pienso votar está resolución, yo no me voy a ensuciar las manos con una resolución que lo que dice es que estamos interpretando la inmunidad como impunidad”.
Las palabras de Alfaro no cayeron bien en las demás bancadas, y posterior a su intervención la diputada de Nueva República, Gloria Navas Montero, pidió la palabra para justificar la decisión de archivar el expediente, “no me ensucio la cara, cuando se trata del respeto del Estado de Derecho Costarricense, no soy ninguna corrupta y eso lo rechazo”. Navas añadió que el procedimiento de consulta realizado por Arias dejó claro que la vía correcta era archivar el expediente, y añadió:
Si hay un proyecto de ley que está en camino, bienvenido, convenzan ustedes al Poder Ejecutivo, señores del Frente Amplio, dígale al presidente que lo presente, y aquí lo discutimos, y aquí lo cambiamos si hay que sustituirlo, pero, (decir) que estamos alcahueteando impunidad eso es, una inexactitud que debemos rechazar”.
La posición de Navas fue secundada por la jefa de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas Salas. Posteriormente, el diputado liberacionista, Óscar Izquierdo Sandí, señaló que no estaba en discusión el deber de probidad del diputado Jiménez, sino sanciones administrativas contra Jiménez que no se pueden aplicar por el vacío legal, y señaló:
Hoy aquí parece que hay una novela que algunos aquí quieren dibujar, y que algunos también han perdido la memoria, este es un tema que se discutió en jefaturas de fracción, este es un tema que se ha analizado a profundidad, porque no es un asunto aislado”.
Izquierdo recordó fueron las jefaturas de fracción las que acordaron trasladar el tema al Plenario, atendiendo la recomendación de la Procuraduría General de la República.
Adicionalmente, la oficialista, Paola Nájera Abarca, aseguró que el Ejecutiva va a convocar proyectos de ley para combatir la corrupción y que promuevan la honestidad en el servicio público y “muy en particular en la Asamblea Legislativa, porque recordemos que esta es una deuda que el Parlamento tiene por más de una década, y compañeras, compañeros, ya llegó el momento de saldarla”, finalizó Abarca.
Por último, el presidente de la Asamblea justificó que el acuerdo tenía que ser conocido por el Plenario Legislativo, porque cuando él consultó a la Procuraduría el trámite que debía llevar el expediente se señaló que la decisión correspondía exclusivamente al Plenario Legislativo, y no podía ser adoptada por otro órgano legislativo, y Arias recordó que la Presidencia de la Asamblea Legislativa es, también, un órgano del Congreso, por lo que no podía ser únicamente por acuerdo de la Presidencia que se archive el proyecto.
Tras las casi dos horas de discusión, el Plenario votó por acoger la recomendación del presidente de la Asamblea, con 48 a favor y 3 en contra: el anunciado por la diputada Alfaro, y los oficialistas Manuel Morales Díaz y Waldo Agüero Sanabria.
Breves y Puntuales
— En la Comisión Especial de Financiamiento Partidos Político de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente de la república, Stephan Brunner Neibig, y la diputada y presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar Loaiza, se abstuvieron de contestar las preguntas que se les formularon. Tanto Brunner como Alpízar se negaron a declarar, argumentando que ya se encuentra abierta una causa judicial por este caso bajo el expediente 22-000116-1218-PE, y en el cuál también aparecen imputados el presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, al canciller, Arnoldo André Tinoco, el diputado oficialista, Waldo Agüero Sanabria, y la diputada oficialista Paola Nájera Abarca.
