En el año 2018, se llevó a cabo, por primera vez en Costa Rica, el Congreso Latinoamericano de Prevención de Suicidio de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Prevención de Suicidio (ASULAC), el cual me correspondió presidir. Uno de los énfasis fue el acceso a líneas telefónicas de atención de emergencia para las personas que están pasando una crisis de ideación suicida, justamente para que existiera intervención en momentos críticos. Adicionalmente, se venían desarrollando avances importantes, pues el Ministerio de Salud incorporó políticas en materia de suicidio, haciendo parte al Servicio de Emergencias 9-1-1, como una de las instituciones clave y se brindó capacitación especializada al personal de servicio telefónico de primera respuesta.
Las líneas de atención de emergencia cumplen dos roles en materia de suicidio: dar contención a la persona en el momento de la crisis (por ejemplo, despachando a un equipo al sitio) y realizar un enlace con personal de atención especializada en salud mental para recibir ayuda posterior.
Desde el punto de vista preventivo, cuando alguien tiene una ideación suicida, al encontrarse el cerebro en una crisis, se reduce la capacidad de explorar soluciones y, por ello, esa llamada de emergencia permite que el operador ubique a terceros y ayude a ampliar el panorama de soluciones. En estos casos, cada segundo que transcurra es clave para salvar una vida.
Existen algunas investigaciones que evidencia que, quienes han sido atendidos por líneas de emergencia en momentos de crisis por suicidio, señalaron la empatía y colaboración recibida en la llamada como aspectos que más valoran de la interacción con el servicio de emergencias.
Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto (expediente 22.732) para exceptuar al 9-1-1 del cumplimiento de la regla fiscal. Ese texto fue vetado por el presidente de la república por razones de conveniencia y oportunidad. En criterio del gobierno, el 9-1-1 y, por ende, las personas usuarias, deben esperar a que se discuta, de manera más integral, otro proyecto que también les incluye, a pesar de que el 9-1-1 no se financia con recursos provenientes del presupuesto nacional, sino con una tasa en las tarifas telefónicas.
El abordaje usualmente dado a proyectos relacionados con la aplicación de la regla fiscal se reduce a un carácter muy economicista, pero no debe perderse de vista el extremo social de cuya importancia revisten algunas de las iniciativas que pretenden su excepción, como lo es la vetada. En este caso, del servicio esencial más importante para enfrentar las emergencias del país y que atiende a las personas en sus momentos de mayor vulnerabilidad y, cuando incluso, su vida puede depender de esa llamada.
El propósito de la Asamblea Legislativa debe ser salvar vidas y para ello, dispone de una poderosa herramienta democrática: el resello, que permitirá al 9-1-1 hacer uso de recursos inmediatos para mejorar su gestión, asumir inversiones tecnológicas en situaciones de violencia intrafamiliar, niñez y adolescencia, personas con discapacidad auditiva y atención psicológica en salud mental.
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