A más de una década de haber incluido una garantía en la Constitución Política para la rendición de cuentas de la administración pública y de que Costa Rica se incorporó a la Alianza para un Gobierno Abierto, la apertura y transparencia tienen un balance positivo, pero aún quedan silos de opacidad muy graves.

Nadie puede negar que la disponibilidad de información pública ha aumentado y algunas normas y jurisprudencia constitucional, aunado a plataformas tecnológicas han logrado avances. Lamentablemente, y después de múltiples fallidos intentos, todavía sigue pendiente la aprobación de una ley de acceso a la información, a pesar de que estuvo a punto de lograrse al término de la anterior legislatura.

Voto público

La aprobación reciente de la reforma al reglamento legislativo, que hace públicas las votaciones en el plenario para el nombramiento de altas autoridades, es un ejemplo de un avance concreto en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de una reforma largamente esperada e impulsada por actores de la academia, sociedad civil y medios de comunicación, que finalmente lograron generar la voluntad política para reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Además, se estrenará con el nombramiento de cuatro plazas vacantes en la Corte.

La publicidad del voto, como toda herramienta de transparencia, tiene un efecto directo en la prevención de la corrupción. Al visibilizar este proceso se disminuye la cooptación por parte de actores legales e ilegales que quieran influenciar indebidamente el proceso para colocar jerarcas afines, que luego tomen decisiones a su favor y en detrimento del interés colectivo. Con solo el hecho de verse expuestas, las personas que nombran tendrán que usar criterios válidos para justificar su voto como representante de la ciudadanía. Si bien el voto público no es la panacea para lograr nombramientos idóneos,

al menos la estrategia de la exposición pública disminuye la posibilidad de que sea electo alguien abiertamente cuestionado, o que no ha presentado un plan de acción que responda a las desafíos y transformaciones contemporáneas.

En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia no se ha podido mover esta voluntad política para que todos los nombramientos que hacen en Corte Plena sean de forma nominal y pública, y de esta manera, estén acordes con los principios constitucionales de transparencia, publicidad, idoneidad, rendición de cuentas y razonabilidad constitucional.

Entre otros puestos, la Corte plena elige a las magistraturas del Tribunal Supremo de Elecciones, a la lista de personas para que la Asamblea defina las magistraturas suplentes de cada sala, a las cabezas del OIJ, Fiscalía General y la Defensa Pública, así como a las direcciones y otras jerarquías del Poder Judicial. La votación secreta ha sido revertida en varias ocasiones en el seno de la Corte, por ejemplo, en la elección de la Fiscalía General en 2018, por lo que se demuestra y se esperaría que también se mantenga para las próximas elecciones de autoridades del conglomerado judicial.

Por ahora, se está a las puertas de una decisión trascendental como la elección de la presidencia de la Corte, y por tanto el liderazgo de quienes deciden el rumbo del Poder Judicial. Para la Asociación Costa Rica Íntegra no se justifica que esta elección siga siendo secreta, después de los avances constitucionales, legislativos y compromisos internacionales del país con los mejores estándares. Es por ello que acompañamos a la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) en la presentación de un recurso de amparo contra la decisión de la Corte de realizar dicha designación por voto secreto, a pesar de que ya se han celebrado dos sesiones con 10 votaciones secretas sin lograr elegir todavía la próxima Presidencia. Esperamos también que la petitoria de medida cautelar que suspende el acto de votación sea concedida, hasta tanto no sea resuelto el fondo que garantice una votación no secreta.

Participamos en esta estrategia legal, así como en distintas iniciativas del Foro de Justicia y su campaña de #VotoPúblicoYA, convencidos de que ninguna estrategia está de más cuando se trata de hacer incidencia por la apertura en las decisiones, especialmente en aquellas que son más susceptibles de abusos de poder en la toma de decisiones.

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