Con el objetivo de manifestarse contra la propuesta del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que planteó el Poder Ejecutivo, la comunidad estudiantil, así como al personal docente y administrativo de las cinco universidades públicas, se manifestarán el próximo 16 de agosto a partir de las 9:00 a.m.

El movimiento, que saldrá de la Universidad de Costa Rica (UCR), tiene como objetivo llegar a las afueras de Casa Presidencial, donde los representantes de la academia superior le entregarán una contrapropuesta al gobierno para el presupuesto del FEES. Toda la comunidad universitaria fue convocada a participar.

La decisión de salir a las calles se da luego de que la administración Chaves Robles les indicó su intención de incumplir el mandato constitucional respecto al financiamiento de las universidades públicas y recortar el presupuesto en 129.063 millones de colones respecto a lo otorgado para este año.

En una publicación de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) se detallaron una serie de afectaciones que sufrirían en caso de aceptar el planteamiento del gobierno. Por ejemplo, en el caso de la UNA:

  • Más de 5.584 personas se verían excluidas de la educación superior pública.
  • Cerrar un 50% de proyectos de investigación y extensión; 629 proyectos dejarían de existir dejando por fuera la labor sustancial de la UNA y muchas personas estudiantes que trabajan en los mismos sin trabajo ni experiencias.
  • Despido total de los profesores interinos, en donde las Sedes Regionales son las que directamente desaparecerían ya que en su mayoría son profesores interinos.
  • No habrán carreras en las zonas rurales (carreras itinerantes) en siete regiones como Guatuso, Los Chiles, Upala en donde solo pueden estudiar por la presencia de estas carreras.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), anunció que se unirá a la concentración con el fin de apoyar a las universidades públicas y velar por el financiamiento educación pública. En un acuerdo, puntualizaron en los Artículos 77 y 78 de la Constitución Política que señalan que se debe entregar no menos del 8% del PIB a la educación, desde preescolar hasta la diversificada.

La propuesta del ejecutivo

Durante la segunda sesión de negociación del FEES, que tuvo lugar en la sede del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Ejecutivo justificó su propuesta de no respetar las reglas del artículo 85 de la Constitución Política referidas al financiamiento de las universidades públicas, alegando que actualmente el país destina 25% menos para educación (6.08%), respecto al mandato constitucional vigente del 8% del Producto Interno Bruto (PIB); y que por ende, se debe rebajar proporcionalmente los fondos "para todos los actores del contexto educativo".

Al respecto, Rodrigo Arias Camacho, presidente de Conare y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), se manifestó en contra de esto y dijo que el nuevo documento que presentarán estará acorde con lo que propone el artículo 85 de la Constitución Política y que respalda su financiamiento.

El Gobierno afirmó que en un escenario ideal con suficiente financiamiento el FEES del 2023 "debería ser" de 536.206 millones de colones, resultado de aplicarle a la base del 2022 (522.822,67 millones) el tope de la regla fiscal del 2.56%; mientras que la transferencia a la Universidad Técnica Nacional (UTN), que no forma parte del FEES, debería ser de 37.307 millones de colones, resultado de aplicarle a la base (36.376 millones del 2022) el crecimiento tope de la regla fiscal.

El Ejecutivo planteó que el FEES 2023 incluya a la Universidad Técnica Nacional, de modo que deje de percibir una transferencia diferenciada, y que la cifra global de recursos a las cinco universidades estales sea de 430.136 millones de colones.

El cálculo del Gobierno, usando la base del 2022 más el tope de la regla fiscal, se aparta de lo dispuesto literalmente en el artículo 85 de la Constitución Política, el cual obliga a que el presupuesto de las universidades públicas no pueda ser inferior al del año previo, más el ajuste por inflación, que supera ya el 11%.

La propuesta del Gobierno de Chaves es inferior en 177 mil millones de colones a lo obligado por la Constitución Política, y menor en 129.063 millones de colones respecto a lo otorgado para este 2022. En términos porcentuales, la propuesta equivale a un recorte del 23.08% al presupuesto asignado al FEES y a la UTN en 2022, y a un 29.24% menos de lo que debería ser por obligación de la Constitución, de acuerdo al ajuste por inflación.

En su documento de propuesta al Conare, el Ejecutivo alegó que si no se hace un ajuste equitativo en la distribución del presupuesto del sector educación, el MEP se vería limitado de brindar servicios a los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, especialmente en rubros de becas, comedores y transporte estudiantil que benefician a cerca de 1.2 millones de alumnos, de los cuales el MEP afirma el 50% están en condición de pobreza, pobreza extrema y/o vulnerabilidad.

Asimismo, el Ejecutivo alegó que el MEP no podría intervenir la infraestructura educativa deteriorada y citó que el 20% de los centros educativos tiene orden sanitaria y el 30% tiene problemas de acceso a servicios básicos, conectividad y tecnología.