El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles planteó este jueves incumplir el mandato constitucional respecto al financiamiento de las universidades públicas y recortar el presupuesto de las casas de enseñanza superior estatales en 129.063 millones de colones respecto a lo otorgado para este año.
La propuesta fue hecha por los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Enlace que negocia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES): Nogui Acosta Jaén por el Ministerio de Hacienda; Anna Katharina Müller Castro por el Ministerio de Educación; Laura Fernández Delgado por el Ministerio de Planificación y Carlos Enrique Alvarado Briceño por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.
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Durante la segunda sesión de negociación del FEES, que tuvo lugar en la sede del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Ejecutivo justificó su propuesta de no respetar las reglas del artículo 85 de la Constitución Política referidas al financiamiento de las universidades públicas, alegando que actualmente el país destina 25% menos para educación (6.08%), respecto al mandato constitucional vigente del 8% del Producto Interno Bruto (PIB); y que por ende, se debe rebajar proporcionalmente los fondos "para todos los actores del contexto educativo".
El Gobierno afirmó que en un escenario ideal con suficiente financiamiento el FEES del 2023 "debería ser" de 536.206 millones de colones, resultado de aplicarle a la base del 2022 (522.822,67 millones) el tope de la regla fiscal del 2.56%; mientras que la transferencia a la Universidad Técnica Nacional (UTN), que no forma parte del FEES, debería ser de 37.307 millones de colones, resultado de aplicarle a la base (36.376 millones del 2022) el crecimiento tope de la regla fiscal.
El Ejecutivo planteó que el FEES 2023 incluya a la Universidad Técnica Nacional, de modo que deje de percibir una transferencia diferenciada, y que la cifra global de recursos a las cinco universidades estales sea de 430.136 millones de colones.
El cálculo del Gobierno, usando la base del 2022 más el tope de la regla fiscal, se aparta de lo dispuesto literalmente en el artículo 85 de la Constitución Política, el cual obliga a que el presupuesto de las universidades públicas no pueda ser inferior al del año previo, más el ajuste por inflación, que supera ya el 11%.
Dato D+: El FEES 2022 fue fijado en la base del 2021 más la inflación interanual a mayo de ese año. Una aplicación igual de la metodología (inflación interanual a mayo 2022 = 8.71%), arrojaría que la transferencia del Estado a las universidades públicas debería ser, para el 2023, de 568.360 millones para el FEES y 39.544 millones para la UTN, para un total de 607.905 millones de colones, para cumplir con lo obligado por el artículo 85 de la Constitución.
La propuesta del Gobierno de Chaves es inferior en 177 mil millones de colones a lo obligado por la Constitución Política, y menor en 129.063 millones de colones respecto a lo otorgado para este 2022. En términos porcentuales, la propuesta equivale a un recorte del 23.08% al presupuesto asignado al FEES y a la UTN en 2022, y a un 29.24% menos de lo que debería ser por obligación de la Constitución, de acuerdo al ajuste por inflación.
En su documento de propuesta al Conare, el Ejecutivo alegó que si no se hace un ajuste equitativo en la distribución del presupuesto del sector educación, el MEP se vería limitado de brindar servicios a los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, especialmente en rubros de becas, comedores y transporte estudiantil que benefician a cerca de 1.2 millones de alumnos, de los cuales el MEP afirma el 50% están en condición de pobreza, pobreza extrema y/o vulnerabilidad.
Asimismo, el Ejecutivo alegó que el MEP no podría intervenir la infraestructura educativa deteriorada y citó que el 20% de los centros educativos tiene orden sanitaria y el 30% tiene problemas de acceso a servicios básicos, conectividad y tecnología.
Tras el encuentro entre el Ejecutivo, Conare y el representante de las federaciones estudiantiles, se realizó una conferencia de prensa en la que no hubo espacio para preguntas de los medios de comunicación.
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Rodrigo Arias Camacho, presidente de Conare y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) afirmó en su declaración que la negociación de este jueves cerró sin acuerdo y que presentarán una contrapropuesta el próximo martes, cuando la Comisión de Enlace vuelva a reunirse.
No tenemos ningún acuerdo todavía. Ahora como es normal tenemos que reaccionar como Conare, como universidades públicas, a la propuesta que el Gobierno presentó esta tarde. Vamos a reunirnos nuevamente el próximo martes con el propósito de darle seguimiento a este proceso. Sabemos que el tiempo apremia, el presupuesto debe estar terminado muy pronto, y desde ese punto de vista hemos hecho los esfuerzos necesarios para analizar la propuesta que el Gobierno entregó y en el menor tiempo posible alcanzar un acuerdo que a hoy no tenemos.
Anna Katharina Müller, ministra de Educación, se limitó a decir que seguirán en las conversaciones la próxima semana.
Arias Camacho, en declaraciones al periódico La Nación, reconoció que la propuesta del Gobierno no fue bien recibida por los representantes de las universidades.
No nos parece desde ningún punto de vista. Debido a la discusión que se dio posteriormente a la presentación del Gobierno, y no pudiendo llegar a ningún acuerdo por ahora, pues acordamos seguir en un proceso de negociación para que el martes entreguemos una contrapropuesto. Nosotros seguimos apegados a que debe cumplirse lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política.
El presidente de Conare y rector de la UNED afirmó que desde ningún punto de vista las universidades admitirán que la Universidad Técnica Nacional sea parte del FEES en la forma que el Gobierno lo pretende.
En caso de que las universidades y el Ejecutivo no lleguen a un acuerdo respecto al financiamiento para el 2023, corresponderá a la Asamblea Legislativa definir el monto, según lo establece también el artículo 85 de la Constitución.
“ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.
Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, o pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.
El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.
El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.
Esta semana la oficina de prensa de la Sala Constitucional dio a conocer que el Alto Tribunal declaró inconstitucional un recorte de 10.000 millones de colones hecho por el Congreso al FEES para el 2019, dado que en ese año sí hubo acuerdo entre universidades y Ejecutivo, por lo que le advirtió a la Asamblea Legislativa que no vuelva a tocar esa partida presupuestaria si no se configura el escenario previsto por la Constitución.
