Por tratarse de un tema de relevancia nacional, esta entrega de Barra de Prensa es abierta a todos los lectores de Delfino.cr.
El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la histórica reforma a su reglamento interno para quitar el secretismo que hasta ahora existía en los votos para designar magistrados del Poder Judicial; las jerarquías de la Contraloría General y Defensoría de los Habitantes; las ratificaciones de nombramiento hechos por el Poder Ejecutivo en el Banco Central de Costa Rica y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; y el voto para destituir o bloquear la reelección de los magistrados del Poder Judicial.
Un total de 43 diputaciones de los partidos Liberación Nacional (12), Progreso Social Democrático (9), Nueva República (6), Liberal Progresista (6), Frente Amplio (6) y Unidad Social Cristiana (4) dieron su voto afirmativo a la propuesta de acuerdo presentada por el diputado liberacionista José Joaquín Hernández, modificada posteriormente con un texto sustitutivo consensuado y algunas otras mociones de fondo presentadas posteriormente.
Votaron en contra ocho diputaciones: Danny Vargas Serrano, Carolina Delgado Ramírez, Dinorah Barquero Barquero, Geison Valverde Méndez y Katherine Moreira Brown de Liberación Nacional; y Vannessa de Paul Castro Mora, Alejandro Pacheco Castro y Carlos Robles Obando de la Unidad Social Cristiana.
Según dispone el texto final aprobado, su efectividad es inmediata, por lo que desde el momento en que se cerró la votación y esta superó los 38 votos necesarios para aprobarse, quedó implementada al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Solo queda actualizar el texto oficial del RAL y ponerlo en práctica una vez corresponda.
Desde ahora, toda elección, nombramiento o destitución a cargo del Congreso se hará con el sistema de papeleta que llevará previamente impreso el nombre de cada diputado que participará de la votación. Por moción aprobada posterior al texto sustitutivo de consenso, se aprobó restaurar la disposición de que la mesa del Directorio deba leer cada papeleta, el nombre del diputado que votó, y por quién, o quiénes, o cómo fue su voto.
También por moción aprobada posterior al sustitutivo de consenso, se aprobó que los votos y blancos se sigan sumando al candidato más votado. Esta medida se tomó bajo la inteligencia de que hay fracciones que no aportan sus votos a un candidato que tiene mayoría, pero no la suficiente para ser electo, por ende, para no votarle directamente, votan en blanco o nulo, sumándose esas boletas a su favor y quedando finalmente electo.
Las ratificaciones u objeciones a los nombramientos hechos por el Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de Aresep, el Banco Central y su elección para jerarquía y suplencia de la Procuraduría General de la República se votarán de forma ordinaria, es decir, con el sistema de voto electrónico público. Se votará de esa misma forma cuando un magistrado quiera reelegirse y la Asamblea tenga entonces la oportunidad de bloquear ese deseo si reúne 38 votos como mínimo.
De ahora en adelante, las sesiones y votaciones secretas o privadas de la Asamblea Legislativa solo podrán hacerse si se aprueba una moción, debidamente razonada y fundamentada, con al menos 38 votos a favor. Además, solo podrán realizarse si se conocerán temas que constituyen secreto de Estado o información privada de terceros que está protegida por alguna norma jurídica.
Misma situación aplicará para las sesiones de comisiones, donde la decisión de hacerlas en secreto ya no será una decisión unilateral de su presidencia, sino que se deberá aprobar la moción en los mismos términos, y con la misma mayoría, que en el Plenario.
La reforma además llena los vacíos procedimentales que hasta la fecha existían respecto de la elección y no-reelección de magistrados; las ratificaciones de nombramientos hechos por el Ejecutivo, y en qué casos procede la moción de revisión para repetir una votación y en cuáles no.
La Asamblea Legislativa tiene pendiente escoger magistrados de la Corte para las Salas Primera, Tercera y Constitucional. Asimismo, debe nombrar al próximo Defensor o Defensora de los Habitantes; ratificar a quien el Ejecutivo designe como regulador de Aresep; y al próximo Procurador o Procuradora General de la República y su adjunto. Todos esos procesos se harán ahora con voto público.
La diputada Dinorah Barquero Barquero, que votó en contra, afirmó que no era fácil defender una posición "cuando a veces hay miles de troles escribiendo en las redes sociales", pero que ella no invertía "ni una peseta" en las redes, pero que todos sabían cómo funcionan ahora.
Barquero comparó el derecho constitucional al secreto del sufragio de los ciudadanos en las urnas, con el supuesto derecho que el voto de los diputados también fuera secreto. Afirmó entonces que transparentar estos votos era "un atentado a la libertad del elector"
Mi posición es una: institucionalidad. Nunca he recibido aquí una llamada de amenaza. Ni la aceptaría tampoco. Ni he oído tampoco que a ningún compañero o compañera lo haya llamado nadie para amenazarlo a hoy, pero tampoco quito el dedo del renglón de que son cosas que pueden ocurrir a futuro. Dinorah Barquero no tiene dueño, no tiene precio, no tiene miedo. Y voy a votar siempre de cara al pueblo.
Vanessa de Paul Castro Mora, que también votó en contra, dijo que era "difícil" levantarse a defender y razonar un voto que no sigue la línea de la mayoría, como iba a ser su caso.
Al igual que lo hizo Barquero antes que ella, la diputada del PUSC defendió el secreto del voto alegando que era necesario para que las diputaciones pudieran soportar las eventuales presiones, y se puso como ejemplo al afirmar que ella tuvo presiones muy temprano en su vida política, y que gracias al voto secreto pudo votar "a conciencia".
Tuve muchísimas presiones cuando fui diputada y cuando tuve que abrir la boca y señalar. Tuve un policía en mi casa muchísimos meses cuidando a mis hijos de 3 y 5 años por las presiones que tenía, exageradas, por las esquelas que me mandaban con cruces. A mí nadie me va a decir que tengo miedo de que algo me pase. Absolutamente. No tengo miedo. Y esto no tiene nada que ver con eso y mucho menos vuelvo a ver aquí, a mi derecha, a mi izquierda, arriba y abajo. Y mi criterio es el de Vanessa Castro. No respondo absolutamente a la presión de nadie.
Castro pidió respeto a su posición dado que la reforma pasaría pese a su voto negativo y afirmó que en sus clases de derecho constitucional le dieron "los elementos necesarios para defender el voto privado".
Una de las mayores sorpresas del día la dio Nueva República, cuando sus diputados David Segura, Gloria Navas y Fabricio Alvarado anunciaron que apoyarían la reforma reglamentaria.
La liberacionista Monserrat Ruiz defendió la propuesta al afirmar que las personas tienen derecho a conocer por quién van a votar y por qué razón no lo hacen.
Ese es el ejercicio verdadero de la gestión pública. No se basa ni en presiones ni en intereses. Consiste en buscar soluciones a la altura de los derechos humanos y el fortalecimiento de nuestra democracia. La ciudadanía juzga porque nuestra gestión sea relacionada a nuestras acciones, no debemos perder de vista los y las diputadas que ejercemos este control político sobre las instituciones. Pero también las personas ejercen control político sobre esta Asamblea Legislativa. Nuestra obligación es darle las herramientas para hacerlo y no ocultar las decisiones que tomamos y encerrarnos en estas paredes. No sería más que una barbaridad de nuestra parte hacia nuestro país, en un contexto en el cual la democracia hoy se encuentra amenazada por autoritarismos populistas y retrocesos de derechos.
Leslye Bojorges del PUSC, que desató un terremoto político por la mañana al afirmar en el programa Nuestra Voz de AmeliaRueda.com que una diputada se le acercó el miércoles para decirle que ojalá ningún narcotraficante se le acercara a decirle que tenía que votar por determinada persona o si no le mataban a sus hijos, afirmó que él votaba a favor porque desde la campaña él prometió a los alajuelenses que impulsaría el voto público en la elección de magistrados.
Yo no podría irme voy para la casa sintiéndome tranquilo habiéndole fallado a los alajuelenses que me trajeron el primer poder de la República. Ellos no sólo me pidieron que aprobara el voto público aquí, me [dijeron] que [quieren] que impulse proyectos para que también la elección del fiscal general y el presidente de la Corte Suprema de Justicia sea a través del voto público. Costa Rica cambió, Costa Rica es un país diferente. Costa Rica quiere que en todo lo que hagamos seamos transparentes. Este edificio es una muestra de la transparencia que debemos de tener: ¿Ustedes han visto sus despachos? Está lleno de vidrios; vean a la prensa arriba... Total y absolutamente transparentes. Este edificio fue construido pensando en la transparencia que debemos de tener en el primer poder de la República.
Aunque Bojorges no dio declaraciones a la prensa sobre sus afirmaciones tempranas al programa radial, dijo que él nunca ha recibido ninguna llamada de ningún grupo de interés generándole presión, pero el día en que ocurriera sería el primero en ir al Poder Judicial a presentar la denuncia correspondiente, porque era lo que procedía.
Esta histórica votación ocurrió al cumplirse 1501 días desde que Delfino.cr planteó la primera acción de inconstitucionalidad buscando transparentar el quehacer legislativo. En aquella ocasión logramos que la Sala Constitucional anulara el voto secreto a la hora de votar acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, concesión de honores y compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones. También se anuló el secretismo que existía en la Comisión de Honores, donde no se conocía ni siquiera el nombre de los congresistas que la integraban; su agenda, actas e informes.
La sentencia de la Sala incluía una advertencia a la Asamblea de que para realizar votaciones secretas se requería de una moción aprobada al menos con dos terceras partes del total de diputados presentes, y además, debía estar debidamente fundamentada y razonada.
También en 2018 este medio se unió a una acción de inconstitucionalidad planteada por la fracción del Frente Amplio contra el artículo 75 del Reglamento, que permitía (hasta hoy) a los presidentes de las comisiones declarar "secretas" las sesiones cuando lo estimen conveniente. Esa acción está pendiente de resolución por parte de la Sala.
Luego, en 2020, este medio presentó una acción para que se declarara inconstitucional el uso de voto secreto del Congreso para votar las ratificaciones de dos nombramientos del Consejo de Gobierno en la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR). En esa acción, también pendiente de ser resuelta, la Procuraduría General de la República señaló que todas las votaciones de ratificación de nombramiento en la Asamblea debían hacerse con votación pública.
