El Plenario de la Asamblea Legislativa votó y rechazó este jueves, en trámite de primer debate, un proyecto de ley convocado por el Poder Ejecutivo para el pago expedito de expropiaciones, con el fin de acelerar el desarrollo de infraestructura pública.
Se trata del expediente 21.986 "Ley de adquisición de derechos para la construcción de infraestructura pública" presentado por el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, y que fue incluido en las sesiones extraordinarias del actual Ejecutivo, pero que ahora se va al archivo.
La iniciativa contaba de siete artículos y pretendía resolver la limitante histórica que ha existido en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública relacionada con la adquisición de terrenos, pues los procesos de expropiación suele provocar demoras y paralización de obras importantes.
Según consta en el dictamen que se emitió en la Comisión de Asuntos Jurídicos del anterior periodo constitucional, el proyecto regularía la transmisión voluntaria de derechos sobre bienes inmuebles necesarios para desarrollar obras de infraestructura pública, ofreciendo a los propietarios o poseedores de los inmuebles un pago expedito por la enajenación de los atributos del dominio, con base en un avalúo administrativo, tras lo cual se podía continuar con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones, para obtener el pago del justiprecio por la propiedad.
El artículo 5 del texto establecía que la oferta económica anterior podría ser del equivalente a un 40% del monto total de la respectiva valoración.
Y aunque el texto recibió en su gran mayoría opiniones favorables en su fase de audiencias, los actuales congresistas decidieron no seguir adelante con él y en su lugar, votarlo negativamente para archivarlo.
Jorge Dengo Rosabal, diputado del Partido Liberal Progresista, pidió el voto en contra del expediente al señalar que tras conversarlo en la Comisión de Asuntos Jurídicos, llegaron a la conclusión de que tenía una serie de cuestionamientos desde el punto de vista constitucional, por cuanto pretendía un trámite expedito para las expropiaciones, lo cual si bien era entendible el problema que trae para el desarrollo de obra pública del país, no creían que este fuera el proyecto que respondiera a las necesidades nacionales.
Podríamos tener temas de constitucionalidad, legalidad y plazo. El informe de Auditoría del MOPT dice que muchas de las falencias en temas de expropiaciones se pueden solucionar administrativamente, hasta por reglamentos ejecutivos, porque se refiere mucho a plazos. En todo caso, la discusión en el seno de la Comisión nos llevó a replantear la necesidad de aprobar esta ley, y ahí mismo se acordó analizar el tema de expropiaciones en el país, para ver qué respuesta se le puede dar, oportuna, para conseguir los objetivos que se buscan, pero no son los de esta ley.
José Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional, dijo que la Ley de Expropiaciones es una de las más nefastas que tiene la administración pública, pues confluyen malos contratistas del Estado con malos funcionarios públicos, ocasionando corrupción o premios a empresas constructoras, que logran ganar dinero sin siquiera abrir un saco de cemento o colocar una tonelada de asfalto.
Felicito desde ahora el acuerdo de parlamentarismo, maduro, político, en buena esencia, al que llegamos los miembros de Jurídicos, de convocarnos a trabajar en torno a otra propuesta, y asumir ese esfuerzo entre todos para sacar adelante una robusta, justa y buena Ley de Expropiaciones.
Montserrat Ruiz Guevara, diputada del PLN, dijo que su despacho solicitó la convocatoria de este proyecto para agilizar las más de 240 expropiaciones que tiene la Ruta 1, las más de 190 expropiaciones que tiene la carretera Florencia-Naranja, y las expropiaciones de la Ruta 32.
Coincido en los criterios respecto al poder generar otro proyecto, pero comprometernos a que en tiempo podamos sacar un proyecto que pueda solventar de manera expedita las expropiaciones, seguimos y no podemos continuar con esa práctica de no discutir, no proponer de manera firme y adecuada, leyes que vengan a solventar esas necesidades inmediatas.
Breves
— Con 49 y 48 votos a favor respectivamente, el Plenario aprobó dos mociones de prórroga de plazo cuatrienal al expediente 20.891, que es una reforma constitucional para que las sesiones de Corte Plena donde se aborden temas sancionatorios se hagan de forma pública.
— Con 48 votos a favor y 0 en contra se aprobó cancelar la sesión ordinaria del Plenario del 9 de agosto de 2022 y las sesiones de comisiones de ese día; y en su lugar realizar una sesión extraordinaria de Plenario de 9:00 am a 10:45 am para llevar a cabo un debate reglado sobre la problemática de la población indígena del país y definir una posible ruta de trabajo que atienda sus principales demandas; a su vez, celebrar la conmemoración del Día Internacional de las Personas Indígenas.
— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó felicitar al Club Sport Cartaginés por su campeonato sobre la Liga Deportiva Alajuelense, rompiendo una racha negativa de 81 años.
