Luego de que el presidente Rodrigo Chaves presentó el proyecto de ley 23.213 "Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)”, el colectivo ambientalista Bloque Verde calificó la propuesta como "cuestionable" e indicaron que demuestra la "deriva autoritaria en materia ambiental" del gobierno.
En la iniciativa, el Poder Ejecutivo juntó diferentes propuestas como eliminar los Consejo Regionales de las Áreas de Conservación (CORAC), eliminar las juntas directivas de los Parques Nacionales, eliminar la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Ambiental, modificar las forma de administración el Parque Nacional Isla San Lucas, e incluso derogaría la ley 10.173 que sustenta al Parque Marino Ballena promulgada el año pasado.
En el Bloque Verde señalaron que es necesario hacer cambios en el MINAE que partan de diagnósticos respectivos, sin embargo, consideran que el documento presentado por Chaves Robles no tiene respaldo. Por el contrario, detallaron que el único sustento parece ser "el ansia de concentración de poder en una sola persona". Al respecto el investigador de la Red de Coordinación en Biodiversidad, Henry Picado Cerdas, comentó:
Sacar la participación ciudadana de material ambiental, es sin duda una regresión ambiental importante. Una regresión que sería incluso inconstitucional a nuestros ojos y estaría contradiciendo convenios internacionales que resguardan la participación ciudadana en materia ambiental".
Los defensores del ambiente, ejemplificaron el impacto negativo con la modificación que tendrían el CORAC, al convertirlos en un órganos de consulta comunal, pero ahora no vinculantes.
Angélica Alvarado Barrantes, del Movimiento Ríos Vivos, resaltó que la medida le parece preocupante debido a que los consejos son figuras conformadas por la sociedad civil que fiscalizan y fortalecen la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas, en las que se toman en cuenta la voz de organizaciones comunales y ambientales de las diferentes Áreas.
Advirtieron que debilitar la participación podría provocar una mayor conflictividad social ambiental y judicialización de casos que hoy se contienen en algunos de los espacios que se pretenden eliminar. "Es decir, sí lo que busca el gobierno es mayor eficiencia, esto no se va lograr", indicaron desde el colectivo.
Chaves también anunció la modificación de la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO). Este cambio consistiría en:
- Eliminar la representación de las organizaciones de las sociedad civil en materia ambiental. Quitando el espacio que tiene en este momento la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) dentro de la CONAGEBIO.
- Convertir a la CONAGEBIO en una instancia de carácter consultivo para el MINAE.
Asimismo, el Bloque Verde enfatizó en la intención del gobierno para que la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) deje de ser un “órgano desconcentrado” y pase a integrarse al MINAE en condición de órgano de “desconcentración mínima”. De esa manera sería el ministro de Ambiente quien otorgará la viabilidad ambiental de los proyectos.
"En la actualidad hay toda una estructura dentro de la setena, incluyendo la Comisión plenaria que toma sus decisiones y que evalúa técnica y científicamente los proyectos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en la viabilidad o la evaluación ambiental es un proceso técnico científico. Con esta reforma pasaría a ser un trámite casi de índole político ante el Ministro de turno y eso es muy riesgoso", indicó Picado.
El mensaje de los defensores del ambiente cerró al advertir que el proyecto de ley es un síntoma de la deriva autoritaria en la que "poco a poco va cayendo el gobierno de Chaves y un retroceso grave en materia democrática".
Al inicio del su gobierno, Chaves Robles anunció la oposición total al Acuerdo de Escazú. En ese momento dijo que el sector privado podía estar tranquilo, pues considera que el tratado regional medioambiental "no es beneficioso para el país".
Adicionalmente, el ministro de ambiente, Franz Tattenbach, mencionó que realizará nuevos estudios sobre pesca de arrastre con miras a la posible reactivación de la captura de camarón en mares costarricenses. También se opone a cerrar vía legislativa la posibilidad de extraer gas natural en Costa Rica.
