El Panel Independiente de Personas Expertas para la selección de Fiscal o Fiscala General de la República presentó su informe final, tras un año de darle seguimiento al proceso iniciado por la Corte Suprema de Justicia para llenar la vacante dejada por Emilia Navas Aparicio hace un año, y sin que la Corte Suprema de Justicia haya realizado, todavía, el nombramiento de la persona que será el próximo Fiscal General.

Tras darle un detallado seguimiento a todo el proceso realizado por el Poder Judicial, el Panel Independiente señala que las deficiencias encontradas “constituyen evidencia suficiente para afirmar que el proceso de selección de Fiscal o Fiscala General de la República iniciado a mediados de 2021, no contiene salvaguardas reales que garanticen el nombramiento de una persona competente”.

Dato D+: El Panel Independiente de Personas Expertas para la selección de Fiscal o Fiscala General de la República es una iniciativa ciudadana promovida por diversas organizaciones civiles en el país, y estuvo conformada por: Ana Eugenia Sáenz Fernández, Marlon Mora Solano, Manuel Antonio Solís Avendaño, Sonia Navarro Solano y Úrsula Indacochea Prevost.

El informe identifica como principal debilidad del proceso de selección la “imposibilidad de discriminar entre las personas idóneas para ejercer el cargo, de aquellas que no tienen las competencias ni los méritos para ocuparlo”. El panel consideró para esta conclusión que:

el mecanismo asigna la mayoría del puntaje a rasgos que no constituyen mérito alguno relacionado con el cargo a ocupar, como la edad, la nacionalidad, el bachillerato, la ciudadanía activa, etc. Esto permite que aspirantes no calificados puedan obtener hasta el 70% del puntaje máximo, generando la apariencia inexacta de ser personas calificadas e idóneas para el puesto, cuando sus méritos no han sido objeto de una comprobación objetiva”.

Adicionalmente, el informe destaca que el método utilizado “refuerza el carácter determinante de la entrevista personal, la cual decide si una candidatura es incluida o no en el listado de elegibles”.

El Panel también destacó en su informe la deuda en materia de participación de mujeres en el proceso, y destacó que “solo hubo tres candidatas, y ninguna de ellas fue entrevistada. Dos candidatas con perfiles robustos y que podían tener calificaciones adecuadas para el puesto, renunciaron luego de la Fase de Preselección”, al respecto el informe señala que

la ausencia de parámetros objetivos de calificación de los méritos, la existencia de evaluaciones con altos márgenes de discrecionalidad, la poca transparencia y la excesiva duración del proceso de selección -que carecía de un cronograma- son factores que impactan y desalientan la participación de mujeres calificadas, y podrían haber jugado un rol en este caso”.

Desde el Foro de la Justicia, Marcia Aguiluz Soto aseguró que el informe "es un documento solido, basado en los hechos y las experiencias que el propio Panel vivió en estos meses de monitoreo". Sobre las conclusiones del informe Aguiluz señaló que:

el Foro considera que estas son, lamentablemente, preocupantes. Como se verá en el documento existen una serie de deficiencias en el acceso a la información, en la forma como se realizaron las entrevistas, la forma poco transparente en la que se mostró la información respecto a las candidaturas, en la forma como el propio órgano judicial organizó el proceso, la falta de perfil".

Aguiluz enfatizó en que "una de las conclusiones más contundentes del panel es que este proceso no cumplió con los estándares internacionales", y aseguró que desde el Foro de la Justicia esperan que, para próximos procesos la Corte pueda implementar las recomendaciones dadas por el Panel Independiente, y con relación a la elección pendiente, hizo un llamado para que la votación para elegir el puesto vacante se haga de forma pública y fundamentada.

Recomendaciones

Tras finalizar le proceso el Panel realizó una serie de recomendaciones a futuro para el Poder Judicial:

  • Revisar el mecanismo de selección desde una mirada de derechos humanos, y teniendo como horizonte el diseño de un procedimiento de carácter democrático, capaz de lograr su objetivo, que es la designación de las y los mejores para ocupar altos cargos.
  • Promover la comprensión del proceso de selección de Fiscal o Fiscala General de la República, y en general, de los procesos de selección de altas autoridades de las instituciones de justicia, como procesos fundamentales de la democracia y asuntos de alto interés público, en los que precisamente por ese carácter, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar.
  • Impulsar una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas de los órganos evaluadores y electores, en la que sus potestades estén sujetas a límites -por ejemplo, a través de la obligación de aprobar un cronograma del proceso de selección -, y expuesta al escrutinio de la ciudadanía.
  • Reconocer el rol de los medios de comunicación para lograr una mayor difusión y comprensión por parte de la ciudadanía acerca del mecanismo de selección y del impacto que puede tener esta designación en la protección de sus derechos y libertades; pero también para visibilizar sus deficiencias y limitaciones, o para denunciar malas prácticas o irregularidades durante su ejecución.