La Asamblea Legislativa vuelve a ser lugar de procedimientos poco transparentes. Este martes el Plenario votó de forma secreta las ratificaciones de los nombramientos hechos por el Consejo de Gobierno en la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), aprobando uno y rechazando otro, aunque el velo de opacidad empleado hace que ambas decisiones sean nulas, a menos que se enmiende la forma.
Tal y como lo acordaron las jefaturas de fracción el jueves de la semana pasada, este martes se conocieron los informes de la Comisión de Nombramientos mediante los cuales se recomendaba ratificar el nombramiento de Grettel López Castro, y rechazar la ratificación a René Alberto Villela Villela.
Tras la discusión por el fondo donde se explicó por qué uno de los aspirantes sería ratificado y otro no, el presidente Rodrigo Arias Sánchez ordenó cerrar las puertas y repartir las boletas de votación, lo que de plano anunciaba que el Parlamento realizaría el procedimiento de forma secreta.
Cuando en una votación se usan papeletas, estas no llevan el nombre del congresista que está votando, ni tampoco su firma. De esta forma es imposible determinar la identidad y el voto de cada una de las diputaciones, por lo que se trata de una votación secreta.
La decisión de Arias, que no fue objetada por ningún parlamentario, es inconstitucional. La Sala IV ha dicho en reiteradas ocasiones que si el Congreso quiere hacer votaciones secretas, debe aprobarlo mediante una moción que obtenga, a favor, dos terceras partes del total de diputados presentes; y que además, debe estar debidamente sustentado y justificado porque la regla es la publicidad y transparencia de las acciones del Congreso.
Sin embargo, nada de eso se realizó de previo a las votaciones con papeletas: no se votó una moción para realizarlo en secreto, ni tampoco se hizo una justificación del por qué debía realizarse así.
Arias Sánchez pareciera haber aplicado, de forma errónea, el artículo 227 del Reglamento del Congreso, el cual establece el voto secreto para los procesos de elección, pero no de ratificaciones.
Una situación similar se vivió durante la presidencia del diputado Eduardo Cruickshank Smith en el periodo anterior. El diputado decidió emplear voto secreto para votar las ratificaciones de nombramiento en la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, pese a que siempre se habían hecho de forma pública.
Luego de que Delfino.cr impugnara ambos acuerdos legislativos ante la Sala Constitucional, Cruickshank justificó que las ratificaciones son lo mismo que las "elecciones" y que por ende, la aplicación del artículo 227 había sido correcta. Un año más tarde, Carlos Ricardo Benavides revirtió ese criterio cuando el Plenario votó de forma pública en la ratificación de designaciones en la junta directiva de Aresep, tal y como debía decidirse este martes.
Tras la incorrecta votación secreta de este martes, este medio envió a los 57 diputados un oficio de 30 páginas exponiendo el por qué lo hecho era un error, y que debía enmendarse si no querían que la persona a la que le rechazaron el nombramiento, René Alberto Villela Villela, terminara ocupando el cargo, al haber usado incorrectamente los procedimientos legislativos.
Afortunadamente varios congresistas hicieron acuse de recibo del escrito y uno de ellos afirmó que ya estaba en conversaciones para pedir que el tema sea revisado este miércoles, antes de que el acta de este martes adquiera firmeza.
Breves
— Con 40 votos a favor y 5 en contra (Nueva República) se aprobó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.970 "Ley para prohibir todas aquellas "terapias" dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida "curación" la orientación sexual de las personas LGBTI".
— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó que el Plenario Legislativo sesione extraordinariamente y de forma solemne en la Iglesia Colonial de San Blas de Nicoya el domingo 24 de julio en el marco de la conmemoración de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.
— Con 52 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.193 "Ley para detener temporalmente el incremento del Impuesto Único a los Combustibles". La medida regirá por seis meses y si la aplicación de la metodología habitual arrojara que se debe reducir el impuesto, en ese caso sí se hará el cambio hacia la baja.
