La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) y la Cámara Costarricense de la Industria del Plástico (ACIPLAST) enviaron un comunicado de prensa conjunto en el que solicitan a la Asamblea Legislativa rechazar el proyecto de ley 22.769.

La propuesta legislativa busca reducir las cargas tributarias de las importaciones de mercancía, manteniendo los valores pre-pandemia para compensar el incremento en precios de los fletes marítimos por el alza en el precio del transporte marítimo.

Las cámaras reclaman que el proyecto de ley fue elaborado sin participación, consulta y valoración del sector y que solo beneficiaría al sector importador de bienes finales.

Dato D+: El proyecto 21.769 fue dispensado de trámite (con 40 votos a favor y 2 en contra) el pasado 15 de febrero, por lo que ya puede ser conocido por el Plenario Legislativo para primer debate en los próximos días.

Actualmente cuando se importa mercancía al país se debe presentar una Declaración Única Aduanera (DUA) que debe considerar todos los costos vinculados a esa importación para calcular los impuestos que debe pagar, por lo que un aumento en el precio del transporte de los contenedores —como el que se está experimentando por la crisis de contenedores— impacta el monto final que se debe tributar.

El proyecto 22.769  busca mitigar ese incremento en el precio de los fletes marítimos de mercancías al establecer por dos años un tope al monto que se puede incluir en ese cálculo tributario, para lo cual fija una tabla de valores con referencia a los costos que se tenían previo a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, las cámaras empresariales calificaron esta iniciativa como “una herramienta de intención loable, pero mal calibrada y con impactos negativos sobre la producción nacional”, ya que consideran que el proyecto es “un simple subsidio tributario dirigido a una actividad económica particular como la importación, hay impactos positivos para algunos, pero negativos para otros, sin garantizar un beneficio al consumidor final”.

Según Maurizio Musmanni Cordero, presidente de CACIA:

Los empresarios nacionales han pedido hasta el cansancio una política fiscal integral que promueva la inversión y el consumo, lo cual incluye una reducción generalizada en las cargas fiscales y todo tipo de tributos, así como una reducción ordenada y estratégica del tamaño del Estado, y la eliminación total de los aranceles a las materias primas”.

Por su parte Enrique Egloff Gerli, presidente de la CICR añadió:

El proyecto de ley atenta contra la competitividad del sector productivo costarricense, ya que existe una clara intención de beneficiar la importación de bienes finales, generándoles una ventaja competitiva artificial, en perjuicio de la industria y del sector agropecuario nacional que debe competir en condiciones menos favorables versus otros países que tienen menores costos de producción”.

Las cámaras señalaron que, según su criterio, los impactos negativos que podría generar el proyecto serían:

  1. Que el bien importado sería menos costoso, producto de la intervención del Estado que inyecta flujo de caja al importador, por lo que el efecto inmediato sería que el productor y el fabricante nacional tendrán que competir internamente con producto extranjero que ha sido abaratado de manera artificial.
  2. Que el subsidio a las importaciones sería equivalente a que las arcas del Estado costarricense le condonen el pago de tributos a las plantas de producción que están en el extranjero y que venden sus productos en el país.
  3. Que la política púbica se centra en promover e incentivar la importación y el empleo en fábricas extranjeras mediante la figura de subsidio tributario a la importación, se estaría renunciando a la promoción de la producción y el empleo nacional.
  4. Que un alivio fiscal de corto plazo, dirigido a un sector particular de la economía, se traducirá también en presiones tributarias futuras.

Según señalaron las cámaras, reducir cargas tributarias y los costos de producción sería una política correcta, sin embargo, se oponen a que estas sean solo para sectores específicos ya que consideran que “la política de reducción de la carga tributaria debe suceder de manera generalizada y sin distorsiones a favor de algunos o en contra de otros, lo cual es una debilidad presente en esta iniciativa”.

Desde la Cámaras de Comercio de Costa  Rica (CCCR) y la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) llevan varias semanas solicitando a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto y reportaban que los costos de los fletes para importar productos han llegado a ser hasta 7 veces lo que se cobraba prepandemia, cuando el precio internacional del contenedor oscilaba entre $1.300 y $1.400 y ahora "el precio del transporte de contenedores que viajan de China a  Norteamérica, se encuentran entre $15.000 y $17.000, y al desplazarse a países como el nuestro,  el monto puede llegar inclusive a los $20.000", mientras que el precio promedio internacional del transporte marítimo de un contenedor a finales de enero era de $9.806.

Julio Castilla Peláez, presidente de la CCCR, señaló en un comunicado de prensa la semana pasada que:

Lamentamos haber perdido la oportunidad de ser ejemplo en la  región, puesto que Honduras se nos adelantó con una reducción del 75% del costo de los fletes;  sin embargo; aún estamos a tiempo de no perder la oportunidad de “paliar” aunque sea  parcialmente, el alto costo de los bienes importados".

Por su parte, el diputado Gustavo Viales Villegas, proponente del proyecto, enfatizó en que el proyecto busca mitigar el impacto de la crisis de contenedores en la importación de productos y materias primas, y sobre la posición de cámaras empresarias señaló:

 La diferencia que existe entre las diferentes cámaras del país no pone al ciudadano en el medio, y protege sus intereses particulares entre los que importan y los que no importan, pero lo que necesariamente está perjudicando es el bien final y el desabastecimiento que vemos todos los días.

Adicionalmente, Viales adelantó que ya se presentó un texto sustitutivo al proyecto que fijaría los montos máximos para el cálculo del impuesto por dos años en caso de que el proyecto de ley fuera aprobado. El proyecto ya fue dispensado de trámite por lo que se estaría conociendo en el Plenario Legislativo en los próximos días.