Aprobar un proyecto de ley que genere un cambio al statu quo es la excepción y no la regla. La principal causa de este hecho es el elevado número de partidos políticos en el Congreso, que dificulta la construcción de mayorías para sancionar textos de esa importancia.

Así, cualquier proyecto de ley aprobado por la Asamblea que logre generar un giro a ese statu quo es de enorme relevancia. El último de esta categoría es la “Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial”. Ya que, en su esencia, está el inicio del cambio de paradigma con que el Estado responde —en salud y seguridad nacional— al cannabis y cáñamo.

Aún esta gratísima noticia, es un Decreto Legislativo, todavía no lleva el nombre de Ley, dado que falta la firma del Poder Ejecutivo. En cualquier otro texto este trámite no sería noticia, pero el Ejecutivo ha dado señales de un posible veto.

A ver, el veto es un poder legislativo del presidente que se remonta a la creación del presidencialismo y, jurídicamente, resultaría legítimo. Pero acá eso poco interés tiene. Es la lectura de la realidad política, respecto al cannabis y el cáñamo la que importa, y no es otra que:

  1. Se aprobó un cambio de sus status por el Poder Legislativo
  2. Esa aprobación se dio bajo el consenso de una mayoría plural y sólida en el Congreso.

Quiero dimensionar, aún más, la importancia de esos dos elementos. No es que el texto solo haya superado el trágico trámite legislativo, sino también una consulta de constitucionalidad ante la Sala, de mayoría conservadora, que no encontró choques con el Derecho de la Constitución. Es decir, la mayoría de la Asamblea Legislativa y, por unanimidad, el Tribunal Constitucional, llegaron a un consenso respecto al tema.

Ahora, está en manos de un solo actor político, el Poder Ejecutivo, su aval. Vetarlo y dar la espalda a los poderes Legislativo y Judicial sería un gravísimo error, no sólo para el Ejecutivo, sino para la legitimidad del sistema político democrático, donde la sociedad quiere, anhela consensos y respuestas por parte del Estado a las realidades.

Repito, que una ley como la del cannabis y cáñamo se aprobara no es de todos los días y, peor aún, que el Ejecutivo esté pensando vetarla, tampoco. Debe imperar una visión de Estado y de protección a la democracia representativa en el Ejecutivo. En otras palabras, Presidente y Ministros, firmen y conviertan el texto en ley.

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