Para cubrir las bases en lo que podría ser una "treta" del Poder Ejecutivo para dejar al regulador general por un nuevo periodo de seis años, el Plenario de la Asamblea Legislativa decidió votar en contra su reelección como jerarca de la Aresep, a pesar de que horas antes Roberto Jiménez Gómez envió una carta anunciando que desistía del proceso, con múltiples señalamientos en contra de los legisladores.
Luego del bloqueo político instaurado el jueves de la semana pasada, en el que el oficialismo no permitió a la oposición votar el expediente de reelección; y que la oposición no dejara al oficialismo que se conocieran el resto de temas de la agenda, este lunes los diputados aprobaron entrar a conocer el tema a pesar de que el plazo fatal para pronunciarse vencía el jueves.
Antes de que iniciara la discusión por el fondo, circuló una carta firmada por Jiménez Gómez en la que afirmaba que renunciaba a la reelección por la politización alrededor del proceso; y el deseo de las fuerzas políticas de elegir a un regulador general afín a las autoridades del Poder Ejecutivo que llevará las riendas del país a partir de mayo del 2022.
[L]a politización partidista del debate que este proceso que se ha experimentado en la Asamblea Legislativa me lleva a desistir de la aspiración de continuar sirviendo a los costarricenses desde este cargo. Me hubiera gustado tener la oportunidad de dar cuentas al Congreso sobre la gestión desarrollada y los resultados obtenidos en beneficio del país, así como de contestar las preguntas e inquietudes que al respecto pudieran surgir.
La renuncia, sin embargo, no tenía validez jurídica sino hasta este martes que el Consejo de Gobierno tendrá reunión, por lo que el Congreso decidió igual votar el expediente como tenía previsto, para evitar la eventual movida de Zapote de no aceptar la renuncia; que pase el jueves y el nombramiento quede en firme por silencio legislativo. Ya en 2016, Jiménez Gómez quedó en el cargo porque en el último día que tenían los anteriores diputados para objetar su nombramiento, la sesión no se pudo realizar por falta de quorum.
"La elección del Regulador General tiene un trasfondo ideológico ineludible relacionado con el modelo de prestación de los servicios públicos, de la regulación y, finalmente, del modelo de desarrollo, económico, social y ambiental que como sociedad queremos. Hay quienes quieren impulsar un modelo liberalizador y privatizador de los servicios públicos, sustentado en principios diferentes a los de equidad y solidaridad social del presente. Esas tendencias también están presentes en este proceso, lamentablemente oculto en ataques infundados al quehacer de la ARESEP y los logros de mi gestión", acusó Jiménez en su carta.
El contexto actual evitaría que en la Asamblea Legislativa se lleve a cabo un escrutinio mesurado y objetivo fundamentado en hechos concretos de los resultados de mi gestión al frente de la Autoridad Reguladora.
Su carta fue atacada por diputados de oposición que hicieron uso de la palabra: la presidenta Silvia Hernández afirmó que no era procedente la carta de renuncia porque era el Consejo de Gobierno quien hacía el nombramiento, y debía ser ese órgano quien retirara su nombre; además, reprochó los señalamientos de sesgo ideológico contenidos en la carta del regulador.
“Aquí lo que se busca es que una fracción no tenga que defender a un Regulador cuestionado”, afirmó la presidenta, en momentos en que no cuenta con los votos para ser reelecto.
Por su parte, el diputado Luis Fernando Chacón Monge recordó que Jiménez fue electo de manera automática cinco años tras y no de la forma como lo demanda la Constitución Política y ahora quería “hacer lo mismo el gobierno de Carlos Alvarado, pretendía que los diputados iban a tomar en receso y se iba a vencer el plazo”.
El dictamen de minoría de la Comisión de Nombramientos que recomendaba rechazar el nombramiento de Jiménez recibió 41 votos a favor y 1 en contra; lo que se traduce en tesis de principio que 41 congresistas objetaron la reelección y solo una (Laura Guido) lo apoyo. Guido aclaró luego que estaba en contra de la ratificación, pero que votaba en contra del informe de minoría porque no coincidía con el contenido del mismo.
Ley de Comercio al Aire Libre pasa el primer debate, con vicio de procedimiento
El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate el expediente 22.188 "Ley de comercio a aire libre", luego de premeditadamente cometer un vicio de procedimiento amparado en una tesis 4-3 de la Sala Constitucional, cuya una de las magistradas que la sostuvo ya no integra el Alto Tribunal.
El proyecto, previamente dictaminado en la Comisión de Asuntos Económicos, superó el trámite de las mociones de reiteración este lunes y de inmediato se presentó una moción de dispensa de trámites, para permitir entrar a conocer una nueva moción.
La dispensa recibió la votación unánime de los 41 diputados presentes, a pesar del reciente criterio de la Sala Constitucional de que es inconstitucional dispensar de trámites un proyecto ya dictaminado, pues el literal del artículo 177 del Reglamento de la Asamblea habla de dispensar los trámites previos de una iniciativa.
Sin embargo, por un "pacto verbal", los presentes acordaron no votar en contra de la moción; tampoco alertar que el trámite era inconstitucional, porque cuatro magistrados indicaron en aquella resolución que el vicio de procedimiento que conlleva dispensar un proyecto ya dictaminado, puede convalidarse si nadie se opone a la moción, y si nadie alerta que el trámite es ilegal.
Vale señalar que la resolución no habla de qué ocurrirá si el vicio de procedimiento se alega una vez la iniciativa es promulgada como Ley de la República; además, la magistrada Nancy Hernández que concurrió con su voto para abrir ese "portillo" ya no integra la Sala, pues asumió como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Previamente, los diputados aprobaron mociones para afinar la redacción del proyecto de ley, en materias como el plazo por el que se otorgará la autorización de comercio al aire libre, y que la autorización solo lo es para colocar mesas, sillas u otro mobiliario liviano de apoyo; todo lo cual deberá ser retirado diariamente al finalizar la actividad comercial.
El proyecto finalmente recibió 40 votos a favor y 0 en contra en primer debate.
