Costa Rica ha sido reconocido internacionalmente por ser un país defensor y garante de los derechos humanos, pero ¿realmente lo es? En los últimos meses han ocurrido distintas situaciones que quiero que analicemos con detenimiento, para así responder a esta interrogante.
Comencemos con las pruebas FARO, en noviembre pasado se dio a conocer públicamente una serie de preguntas de dichas pruebas, realizadas a niños y niñas de quinto año de primaria, donde por un periodo de aproximadamente 5 horas, tuvieron que responder sobre de qué material era el techo y el piso de su casa, o sobre los servicios con que cuenta en su hogar, por dar tan solo unos ejemplos. Esto además de causar indignación en la sociedad por vulnerar el derecho a la intimidad de los niños y niñas y sus familias, también causó que pasaran por un momento de estrés y frustración, a tal punto de que muchas personas denunciaron en redes sociales que los niños y niñas sufrieron incluso vómito y descompensación. Todo esto causó la renuncia de la Ministra de Educación y Viceministra Académica, que el PANI abriera una investigación y que incluso padres y madres de familia interpusieran recursos de amparo. Sobre este último, recientemente la Sala Constitucional dio con lugar 15 recursos de amparo y emitió a través de un comunicado de prensa una fuerte y contundente resolución, la cual en un extracto señala lo siguiente:
De forma unánime, en la sesión de este viernes 17 de diciembre, el Tribunal concluyó que hubo una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política. Las magistradas y los magistrados concluyeron que la aplicación de las pruebas para obtener datos personales se dio desde una posición de poder y en contra de una población vulnerable”.
Costa Rica ha suscrito diversos tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual vela por el interés superior de la niñez.
El Estado es el mayor responsable de garantizar los derechos humanos y si este utiliza tal y como lo señaló la Sala Constitucional, su posición de poder en contra de un sector vulnerable, ¿qué podemos esperar? ¿Quién entonces velará por nuestros derechos?
Pero esto no concluye aquí, hace unos días un medio de comunicación dio a conocer que Costa Rica votó a favor de declarar la vejez como enfermedad. Esta declaratoria fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE 11), que entrará en vigor en el año 2022 y aunque ya señalaron que decidieron excluir la vejez de la CIE 11, lo cierto es que, el voto de Costa Rica fue afirmativo, quedando mal no solo a nivel internacional, sino siendo esto un total retroceso en materia de derechos humanos, siendo además, contrario a lo que establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el país en el año 2016, y que la misma señala que:
Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades".
Como si fuera poco lo que ya he señalado y regresando a las pruebas FARO, pero esta vez de secundaria, también se dio a conocer por un medio de comunicación algunos textos de las pruebas y opciones de respuestas, donde catalogaban a las mujeres como “rencorosas, coléricas y emocionales”, a las costumbres de los blancos por “encima de la cultura negra”, e incluso, catalogaban a las personas indígenas con “poca determinación”. Lo anterior, refleja un acto sistemático de estereotipos y discriminación que lesionan la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Además, de nuevo refleja un acto contrario a los tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención Belem Do Pará".
Y, por último, la más reciente visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay. La cual visibilizó algo que el mismo Estado sabe, pero que ha guardado silencio por mucho tiempo y es la inacción del mismo sobre la garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El Relator señaló en su declaración final que:
Es muy preocupante que el Estado de Costa Rica no cumpla con su obligación de devolver las tierras indígenas pertenecientes a los ocho pueblos originarios del país. También recalcó la necesidad de reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas, así como su derecho a la autodeterminación, al autogobierno, a la tierra, al territorio y a los recursos. Además, urgió al establecimiento de un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos”.
Mucho de lo señalado por el Relator, está contemplado en la Ley Indígena N°6172, vigente desde hace 40 años, sin embargo, el Estado no ha hecho los esfuerzos necesarios por garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, dejándoles desprotegidos y a la deriva, a tal punto de que ya dos defensores de los pueblos indígenas (Sergio Rojas y Jhery Rivera) han sido asesinados y el Estado no ha sido capaz de hacerles justicia.
Después de la exposición de las recientes situaciones ocurridas, retomo la pregunta del inicio, ¿realmente Costa Rica es un país defensor y garante de los derechos humanos? No sé ustedes, pero para mí como Activista de Derechos Humanos que soy desde hace más de 10 años, puedo decir con toda certeza que no, no lo es. Y sin duda es necesario que con este ejercicio que hemos hecho con tan solo algunas de las tantas situaciones que han vivido algunos de los grupos históricamente vulnerabilizados, el Estado comience a dejar tanto discurso a un lado y empiece a tomar acciones concretas, ¡porque del dicho al hecho, hay mucho trecho!
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