La Oficina de Prensa del Poder Judicial confirmó este viernes que ayer, tras finalizar la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de las 25 personas vinculadas con el caso "Azteca", el Juzgado Penal de San José impuso las medidas que regirán para las personas investigadas por presuntamente participar en una red internacional dedicada al tráfico internacional de drogas y a la legitimación de capitales que operaba a través de las licitaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Así, y según indicó el Poder Judicial esta tarde, los funcionarios del AyA investigados así como el empleado bancario que figura entre los imputados, quedaron libres de prisión pero fueron separados de su cargo de manera preventiva, durante los próximos seis meses.
Se trata de un empleado del Banco Nacional de apellidos Villalobos Zúñiga y de 15 funcionarios del AyA apellidados Ulate Montoya, Corrales Casanova, Ramírez Marín, Arias Cordero, Acuña Rojas, Balcázar Ramírez, Mora Guevara, Araya Araya, Cordero Barrantes, Araya Ly, Calvo Chaves, Torres Hernández, Fonseca Hernández, Aguilar Jiménez y Vindas Romero que, además de la suspensión, tendrán que firmar una vez al mes ante las instancias judiciales.
A su vez y contra los imputados de apellidos Camelo Méndez, Montaño Mosquera, López Cobo, García Jr y Fernández Vargas, se ordenaron seis meses de prisión preventiva para cada uno.
Finalmente contra los imputados de apellido Segura Aguilar, Ávila Cortés y Espinoza Carazo se ordenó firmar una vez al mes y no tener contacto con los testigos de la causa.
Solo contra el imputado de apellidos Guillén Sánchez no se solicitaron medidas cautelares.
Inicialmente, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos había solicitado prisión preventiva por el plazo de un año en contra de tres funcionarios del AyA y del empleado del Banco Nacional; sin embargo el juzgado optó por la vía anteriormente señalada.
De acuerdo con la Fiscalía, la Operación Azteca investiga a un presunto grupo criminal asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país, que en apariencia se dedicaba a la posesión, al almacenamiento, al transporte y a la distribución internacional de drogas.
Se cree que la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado. Para ello, se presume que funcionarios de AyA facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago", señaló el ente fiscal.
