El segundo vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la República, Marvin Rodríguez Cordero, envió este miércoles a la Asamblea Legislativa el nuevo proyecto de ley para cobrarle Impuesto sobre la Renta al salario escolar de los empleados públicos, luego que la iniciativa original del Ejecutivo para ese fin fuera rechazada ayer en la Comisión de Asuntos Jurídicos donde era estudiada.

El nuevo proyecto se tramita bajo el expediente 22.801 y está pendiente de ser convocada a las sesiones extraordinarias, y que la presidenta legislativa, Silvia Hernández Sánchez, le asigne comisión para el trámite, que podría ser distinta a la de Jurídicos donde se estudió el proyecto anterior.

Según anunció el Ejecutivo en un comunicado de prensa, el nuevo texto contempla los ajustes "de la mayoría de observaciones recibidas y aprobadas" por los congresistas de la Comisión de Jurídicos, a excepción de la exoneración total del Impuesto sobre la Renta al salario escolar. Sin embargo, para intentar buscar más apoyo a la iniciativa, Hacienda optó por mantener exonerados los salarios escolares iguales o inferiores a 1 millón de colones, mientras que lo que esté por encima de eso pagará el tributo según una escala.

"Quienes reciban un salario escolar menor de ese monto, seguirán sin pagar el impuesto. Esto se traduce en que más del 70 % de las personas trabajadoras que los reciben seguirán sin pagar el impuesto. Lo anterior, con el fin de hacer más viable la propuesta, pero manteniendo el rendimiento esperado dentro del ajuste fiscal que necesita el país para asegurar la estabilidad fiscal en el mediano plazo, y procurando el respeto de la igualdad en las cargas tributarias que nos obliga constitucionalmente", dijo Hacienda.

El Gobierno afirma que con esta redacción, más los otros contenidos no-tan-polémicos del anterior proyecto, se esperan recaudar 89 mil millones de colones (0.23% del PIB). Entre ello figura un aumento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas al exterior, la homologación a una tarifa general del 15% del impuesto a las rentas de capital para las tasas de los títulos valores de cooperativas que sean bursátiles y las de títulos valores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Adicionalmente y, de forma transitoria, se un aumento de 2,5 puntos porcentuales en las rentas de capital, las cuales pasarían a tributar de forma temporal al 17,5% por dos años.