El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate, el proyecto de ley para que el Gobierno deje de pagarle a la Imprenta Nacional por publicar las leyes en el Diario Oficial La Gaceta.
La iniciativa, tramitada en el expediente 21.813 y denominada "Ley de Austeridad Financiera en la Publicación de Leyes" recibió 40 votos a favor y ninguno en contra.
Según consta en la propuesta de ley originalmente presentada, la Imprenta Nacional recibió entre 2017 y 2019 más de 1164 millones de colones por cobrar la publicación de 376 leyes (284.552.217 colones) y 2076 decretos ejecutivos (880.390.232 colones), por lo que la iniciativa pretende economizar dinero, al señalar que las publicaciones se realizan actualmente de manera digital, sin que represente un impacto económico significativo para la Imprenta Nacional.
El texto aprobado añade al artículo 11 de la Ley 5394 (Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional) que "las publicaciones de las leyes que se deban realizar en el diario oficial La Gaceta serán gratuitas, y los costos asociados a esta disposición no podrán trasladarse al usuario".
En 2017 la Asamblea Legislativa ya había aprobado una reforma a ese mismo artículo que establecía que "todas las publicaciones que la Asamblea Legislativa deba realizar en el diario oficial La Gaceta, en virtud del proceso de formación de las leyes o los acuerdos legislativos, serán gratuitas", sin embargo, hasta la fecha se había interpretado que la publicación final de las leyes, tras su firma por el Poder Ejecutivo, no estaba incluida dentro de esa excepción, pero con la nueva reforma sí quedaría incluida.
La entrada en vigencia de la reforma será a partir de enero del 2022, con el propósito de que el Ministerio de Hacienda haga los ajustes presupuestarios que correspondan.
Timidez en discurso y falta de acciones tras caso FARO y caso 'Diamante'
Lo que auguraba ser una semana perdida en el Congreso, parece que no será tal. Aunque la oposición estaba lista para acaparar el mayor tiempo posible buscando cabezas por la prueba de factores asociados que exigió más de 600 respuestas a menores de edad el pasado viernes, la renuncia de la ministra y viceministra de Educación; y los posteriores allanamientos por el caso Diamante parecieran haberle puesto cinta en la boca a más de un diputado.
En control político este lunes solo hablaron del tema del MEP los diputados Pablo Heriberto Abarca del PUSC, los independientes Erick Rodríguez, Jonathan Prendas y Nidia Céspedes. Por su parte, el oficialista Enrique Sánchez Carballo habló de los allanamientos por el caso 'Diamante', que salpica a cuatro alcaldes del Partido Liberación Nacional, uno de Alianza Demócrata Cristiana y uno del Partido Nueva Generación.
Diputados del PLN no hicieron referencia en Plenario al caso Diamante; ni Erick Rodríguez ni Shirley Díaz que están afiliados ahora a Nueva Generación lo hicieron tampoco. El PAC, por su parte, guardó silencio en Plenario sobre el caso de las pruebas FARO; aunque envió un comunicado de prensa afirmando haber pedido al Ejecutivo "una explicación sobre quiénes son las personas funcionarias responsables del diseño e implementación de la prueba FARO, en particular del cuestionario de Factores Asociados".
Jugadera con el Presupuesto 2022
Por quinta vez, una moción de orden pretendió abrir el Plenario a comisión para poder presentarle nuevas mociones de fondo al Presupuesto Nacional 2022, o bien reiterar mociones que fueron rechazadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Las cuatro anteriores fueron infructuosas, especialmente por la falta de diálogo y consenso político sobre cuál moción debería aprobarse para hacer los cambios al plan de gastos del Gobierno; y también porque el margen que tiene ese presupuesto para ser modificado hacia el alza, sin recortar por otro lado, se redujo a casi nada con los cambios hechos en comisión. Si se hicieran nuevos incrementos de gasto, se superaría el tope de crecimiento fijado por la regla fiscal, entrando en incumplimiento.
Con 22 votos a favor y 18 en contra, esta lunes la moción para abrir el Plenario a comisión sí fue aprobada; sin embargo, el PAC rápidamente pidió un receso a través su jefa de fracción, Laura Guido Pérez, que se prolongó por 10 minutos. Ese fue tiempo necesario para negociar y hacer movidas políticas que permitieran revertir lo aprobado, como efectivamente sucedió de seguido.
La moción de revisión para repetir la votación pasó con 27 votos a favor y 19 en contra; y la repetición de la votación para abrir el Plenario a comisión cerró con 20 votos a favor y 26 en contra, quedando definitivamente rechazada.
¿Pero cómo fue eso posible? Según un análisis de las tres votaciones hecho por Delfino.cr, esto fue lo que ocurrió:
- Ocho diputados ausentes en la primera votación llegaron al Plenario a votar en contra de la apertura del Plenario a comisión en la segunda votación: Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez, Ana Karine Niño, Zoila Volio, Roberto Thompson, María José Corrales, Ana Lucía Delgado y Jonathan Prendas.
- Dos diputadas que votaron a favor de abrir el Plenario a comisión, dieron sus votos para repetir la votación, y reiteraron su voto afirmativo a hacerle cambios al presupuesto: Floria Segreda y Marulin Azofeifa.
- Dos diputadas se retiraron después de la primera votación: Aracelly Salas, que objetaba la apertura del Plenario a comisión; y Franggi Nicolás, que la votó a favor.
- Un diputado que votó a favor de abrir el Plenario a comisión y votó en contra de repetir la votación, cambió su voto a en contra de que el Plenario se abriera a comisión: Erwen Masís.
Breves
— Con 40 votos a favor y 1 en contra (Carlos Ricardo Benavides) se aprobó dispensar de trámites el expediente 22.767 "Ley para mantener la periodicidad del pago de los salarios de las personas trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social de manera bisemanal".
— La Comisión de Nombramientos acordó modificar la metodología acordada para el proceso de nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, con el fin de hacerlo más corto para realizar los nombramientos con la mayor celeridad posible. El cambio, sin embargo, no se hizo con agrado: Jorge Luis Fonseca criticó que la Corte envía las solicitudes contra tiempo y esto obstaculiza el trabajo de la Comisión, al dificultar el plazo para las entrevistas y el análisis de los atestados; Pablo Heriberto Abarca dijo que los plazos son cortos para poder realizar un trabajo serio, Luis Fernando Chacón comentó que no se podrán ver a profundidad los atestados de los 12 postulantes; y la presidenta de la comisión, Floria Segreda acusó de irresponsable a la Corte por mandar los nombres a la carrera.
