La Fiscalía Anticorrupción solicitó este miércoles la suspensión temporal del cargo de alcalde para los jerarcas municipales involucrados en la Operación Diamante.
Así lo confirmó el Ministerio Público esta tarde, en una comunicación emitida mientras se desarrolla la audiencia de medidas cautelares en contra de las 13 personas investigadas y detenidas por los presuntos hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra pública cantonal, involucrados en esta investigación.
La Operación Diamante empezó, de la mano del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción, el lunes pasado cuando las autoridades detuvieron a los alcaldes de San José, Johnny Araya Monge; de Cartago, Mario Redondo Poveda; de Alajuela, Humberto Soto Herrera; de Osa, Alberto Cole De León; y de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro.
Además, y en el transcurso de la mañana del lunes, el Ministerio Público también arrestó al alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés.
La petición la realizó la Fiscalía ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y el órgano agregó que al único sospechoso contra el que solicitó prisión preventiva, es un gerente de la empresa MECO de apellidos Gutiérrez Vargas (y que también está siendo investigado por el Caso Cochinilla), acusándole de ser "el eje central del grupo investigado, el elemento corruptor", según la prueba con la que se cuenta hasta este momento.
Así, y en contra de los seis alcaldes y los cinco funcionarios municipales, la Fiscalía solicitó, además de la suspensión temporal del cargo, que se les imponga un impedimento de salida del país, la obligación de firmar cada mes y que se les prohíba acercarse a los testigos y a las municipalidades.
Según la Fiscalía, la medida se considera sumamente importante porque el puesto de Alcalde es un cargo de elección popular, que, en el caso particular, aparentemente, fue utilizado para el ejercicio de acciones delictivas. Al estar fuera de esas funciones públicas, y con otro tipo de medidas cautelares, se evitará la continuación delictiva.
Finalmente, y en contra del empresario de la empresa Explotec de apellido Cruz Porras, la Fiscalía también solicitó impedimento de salida del país, la obligación de firmar cada mes y que se les prohíba acercarse a los testigos.
La audiencia de medidas continuará desarrollándose durante la tarde este miércoles, pues la defensa solicitó un receso debido a que, como sobre los imputados no pesa solicitud de prisión, se pide que estos finalicen la audiencia en libertad.